Por Victoriano Martínez
La pandemia de COVID-19 no ha dejado de ser una amenaza, por mucho que el semáforo epidemiológico siga en verde y se hayan relajado las medidas sanitarias a tal grado que las aglomeraciones de temporada se dan como si el coronavirus hubiera desaparecido.
Cuando a mediados de marzo del año pasado comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el Estado apenas se habían acumulado siete casos positivos de COVID-19 confirmados y se advertía sobre los riesgos de que –por ser un virus altamente contagioso– afectara a gran parte de la población.
La historia de la suspensión de actividades no esenciales, el cierre de oficinas públicas y el confinamiento con el “quédate en casa”, toda la población la vivió.
Un extendido programa de vacunación que ya va por la tercera dosis, la fluctuación de casos que bien puede reducirse de 38 a 16 de un día para otro o crecer de 11 a 91, y un número estable de muertos provocados por el virus que no ha llegado a 5 diarios en las últimas dos semanas, son –20 meses después– hechos que contribuyen a perderle el miedo al COVID-19.
Comparado, el panorama de riesgo no es muy diferente al de hace 20 meses y aun podría considerarse de mayor peligro: este lunes se reportaban 122 nuevos casos y se advierte de la llegada de un virus más contagioso que afecta, incluso, a personas vacunadas. Los mismos dos elementos pero con proporciones mayores que los que entonces abrieron paso a la Jornada de Sana Distancia.
Ómicron es considerada la variante de COVID-19 que provocará la cuarta ola de contagios. Cuatro embates del virus que parecieran dar confianza a gran parte de la población en que, de alguna manera, saldrá librada.
Tan impredecible resulta la presencia del virus, que la población es blanco de otro mal que podría representar una agravante para los riesgos que pudiera representar ómicron: los mensajes contradictorios de la autoridad que es responsable de garantizar la seguridad en salud.
Por un lado, el director de los Servicios de Salud en el Estado, Daniel Acosta Díaz de León, llama a no relajar las medidas sanitarias y advierte que se analizan dos casos de personas extranjeras que podrían marcar la llegada de la variante ómicron a San Luis Potosí. Es decir, la cuarta ola llama a la puerta.
Por el otro, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona promociona en su página de Facebook, con contenidos patrocinados, una cartelera de conciertos de música grupera para hacer una gira de posadas navideñas que llama a la aglomeración con el ofrecimiento de “juguetes, dulces y cobertores” para las familias asistentes.
Entre el riesgo advertido por uno y la invitación a olvidar que no ha terminado la contingencia del otro, las cifras dejadas por el COVID-19 en los últimos 15 días –por muy impredecibles que resultan– muestran una clara tendencia creciente que, en otro momento, alertarían sobre la llegada de una nueva ola de contagios.
Hace un año se culpó a los festejos decembrinos de una de esas olas crecientes de contagios, y eso que entonces las medidas sanitarias todavía eran tomadas más en serio que ahora. Se calificó a la población como irresponsable por no moderarse en las reuniones y se evitó señalar a los políticos en precampañas en esa misma época.
Si entonces la responsable fue la población, hoy todo indica que aquellos políticos que ya alcanzaron los cargos se sienten igualmente libres de toda culpa, con inmunidad sanitaria e impunidad para evadir su obligación como servidores públicos, porque –se justifican– finalmente la gente es la responsable de decidir si asiste o no a los eventos bajo su propio riesgo.
Posadas gruperas y una gran villa navideña como escenarios para conglomeraciones como espacio propicio para la aparición de la variante ómicron de un contagioso Grinch.
