Por Victoriano Martínez
El Congreso del aprobó reformas a la Constitución Política del Estado para convertir la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General del Estado, además de que nombró a la comisión que habrá de seleccionar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Como parte complementaria de la normatividad que requiere el SEA, también se aprobó el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí.
A la sesión única del sexto periodo extraordinario, el diputado Manuel Barrera Guillén, presidente de la Directiva, no se presentó. Unas horas antes, el Frente Ciudadano Anticorrupción publicó un desplegado en el que exigió su separación del cargo por considerar que “su permanencia en el cargo representa un recordatorio permanente de la enorme corrupción que existe en el Poder Legislativo”.
Aunque en la reforma que se aprobó a la Constitución se eliminó el pase automático del actual procurador a fiscal, se mantuvo la posibilidad de que el gobernador Juan Manuel Carreras pueda proponer en la terna para elegirlo a Federico Garza Herrera, a pesar de que la diputada Lucila Nava reservó el artículo cuatro transitorio para eliminar esa posibilidad.
Tras la aprobación en lo general, se presentaron cinco reservas de artículos por parte de las diputadas Nava y Xitlálic Sánchez Servín. Ninguna de las propuestas de modificaciones fue aprobada.
A la sesión acudieron algunos dirigentes de los organismos integrados en el Frente Ciudadano Anticorrupción, así como de comerciantes ambulantes y otras organizaciones sociales, quienes expresaron su inconformidad por el nombramiento de la comisión de selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Los señalamientos tenían que ver con la insuficiente difusión de la convocatoria para elegir a los integrantes de la comisión, lo que impidió una mayor participación que abriera más posibilidades de escoger perfiles adecuados para la labor que deberán desarrollar.
Tras dos rondas de votación, los legisladores seleccionaron como integrantes de la comisión de selección a Lorena Villarreal Zárate, Jaime Cantú Sánchez y Ramón Rodríguez Pecina, propuestos por 16 organizaciones y el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Estado.
Los otros dos integrantes de la comisión, Arturo Saldierna Gómez y Nidia Carolina Rangel Valdivia, fueron propuestos por Carlos González López, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Durante la séptima sesión extraordinaria de la actual Legislatura también se aprobaron dos nuevas leyes: la de Protección de Datos Personales y la de Atención a Víctimas.
Aunque estaba prevista la elección de magistrado supernumerario del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa faltante para el periodo del 19 de julio de 2017 al 18 de julio de 2027, la terna se regresó al Ejecutivo porque ninguno de los propuestos alcanzó la mayoría calificada.
