Fernanda Durán
A menos de un mes de la jornada electoral extraordinaria para elegir a jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado y en pleno proceso de campañas, han comenzado a acumularse los reclamos ciudadanos y jurídicos contra la redistribución territorial aprobada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), particularmente por la exclusión de la especialidad laboral en boletas correspondientes a la capital potosina y su zona metropolitana.
Mediante un posicionamiento público, el abogado Luis González Lozano, titular de la asociación civil Cambio de Ruta, denunció que esta decisión “priva del derecho fundamental a elegir a quienes serán los jueces laborales que impartirán justicia en nuestra entidad”, mientras que el acuerdo del Ceepac es una medida que prioriza la logística operativa sobre los derechos político-electorales de la ciudadanía.
En su carta, González Lozano expone que el acuerdo CG/2025/ABR/65 del Ceepac, confirmado el pasado 6 de mayo por el Tribunal Electoral del Estado, impide a los habitantes del subdistrito 01B (San Luis Potosí y Villa de Pozos) y del 01C (Soledad, Cerro de San Pedro, Zaragoza, Armadillo de los Infante) votar por jueces de la materia laboral, ya que la especialidad fue concentrada únicamente en el subdistrito 01A (Ahualulco, Mexquitic y Villa de Arriaga).
“Todos los jueces laborales ejercerán jurisdicción en todo el territorio estatal, lanincluida la capital y municipios conurbados, por lo que resulta absurdo que justamente los habitantes de estas zonas no podamos elegirlo”, expresó.
También señaló que esta situación afecta directamente a trabajadores, empleadores y operadores jurídicos del sistema laboral, cuya interacción principal con la justicia se da precisamente en la zona metropolitana de San Luis Potosí.
El pasado martes 6 de mayo, el Tribunal Electoral del Estado resolvió cinco recursos de revisión (TESLP/RR/08/2025 al 12/2025) promovidos por personas aspirantes contra el acuerdo de división territorial y asignación de materias. Los agravios planteaban que la medida violaba principios de equidad, jurisdicción y representación democrática.
Sin embargo, el Tribunal consideró que la distribución fue legal y proporcional, al estar sustentada en criterios operativos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y en la facultad del Ceepac para emitir lineamientos transitorios; sostuvo que todos los candidatos de una especialidad compiten en igualdad de condiciones al aparecer únicamente en el distrito asignado a su materia.
Pese a ello, han surgido nuevas expresiones de inconformidad con el argumento de que la supuesta equidad es meramente formal y no corresponde con la realidad de los derechos ciudadanos ni con la lógica funcional del sistema judicial.
La afectación también ha sido evidenciada por personas candidatas que, ante la imposibilidad de aparecer en las boletas de la capital, han solicitado apoyo en redes sociales a la población del interior del estado.
Una de ellas expresó: “Sé que muchos esperaban participar directamente, dar su voto y sumarse a este proyecto (…) La única forma en que pueden seguir ayudándonos es compartiendo este mensaje, difundiendo nuestra propuesta entre sus amigos, familiares y conocidos que vivan en los municipios donde sí se podrán votar”.
Esta situación ha generado descontento incluso entre simpatizantes, al percibirse como una exclusión de facto que debilita el principio democrático de participación amplia en temas que impactan directamente en la vida laboral de miles de ciudadanos.
Asimismo, González Lozano urgió a cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones laborales a pronunciarse sobre lo que consideró “un atropello a los derechos fundamentales de los potosinos”.
En su opinión, esta medida se enmarca en “el carácter perverso y mediocre de la reforma judicial impulsada por la 4T”, por lo que solicita revertir la decisión para permitir el voto a todo el estado en materia laboral.
La demanda no es aislada. Abogadas y abogados consultados en privado también han señalado que el diseño electoral genera una barrera de participación para quienes construyeron su trayectoria en municipios que ahora no están incluidos en sus boletas.
El modelo electoral adoptado por el Ceepac buscó reducir la saturación de las boletas al dividir el estado en 15 distritos, con la asignación de las especialidades por bloques.
Aunque esto permitió limitar la extensión del voto a entre 12 y 15 candidaturas por boleta, también ha traído consecuencias colaterales: exclusión geográfica, obstáculos para hacer campaña efectiva y menor visibilidad para algunos perfiles.
