Critican taxistas recurso contra “Ley Anti Uber” que promovieron diputados

Leticia Vaca

Acción de inconstitucionalidad que presentaron algunos diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas aprobadas a la Ley de Transporte de San Luis Potosí “Anti Uber”, generó el descontento de taxistas. 

La acción de inconstitucionalidad fue presentada el pasado viernes 6 de diciembre, y, según explicó la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, tiene que ver con la manera en que fueron aprobadas dichas reformas, “que nada tienen que ver con beneficiar a ningún prestador de servicio de transporte”. 

Las modificaciones que aprobaron los legisladores a finales de noviembre contemplan, entre otras cosas, que los operadores de Uber brinden el servicio en unidades con un valor superior a los 300 mil pesos y que sólo el dueño del vehículo lo opere. 

Benavente Rodríguez, con respecto a una reunión que sostuvo con representantes de gremios de taxistas, aclaró que mostraron inconformidad que tienen que ver con la asignación de concesiones, tema que no tiene que ver con la acción promovida ante la SCJN.

“El tema es que yo lo que pretendo es que no se esté reformando vulnerando la Constitución. En qué estado viviríamos en donde, por hacerlo a la rápida o no buscar proponer temas que no se contravengan con la Constitución, se sale a charolear modificaciones que no son correctas y sólo alientan a un descontento social”, cuestionó. 

Cabe recordar que desde la aprobación, la legisladora denunció que los dictámenes no se publicaron 48 horas antes de ser votados, y que, además, se agregó un adendum ilegal. 

Al respecto, Crispin Segura, líder de uno de las agrupaciones de taxistas inconformes, puntualizó que Uber continúa sin cumplir con las normas y ahora “quieren echar para abajo lo ya aprobado, a nosotros lo que más nos convendría es que Uber ni siquiera esté (…) son plataformas oportunistas que nada aportan”.

Advirtió que ellos buscarán asesoría jurídica para proceder en consecuencia a lo que determine la SCJN, sin embargo Beatriz Benavente adelantó que la resolución podría demorar hasta nueve meses. 

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