Por Victoriano Martínez
Cuando hace un mes se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), entre los programas y proyectos de inversión que aparecieron en el RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes se encontraba uno denominado Eje 140 en San Luis Potosí, aunque sin monto asignado para el 2021.
En aquel documento, ese proyecto aparece con descrito como “Construcción de 10.9 km de una carretera 4 carriles de largo itinerario (dos por sentido), incluyendo 5 pasos superiores vehiculares, 1 paso superior ferroviario (PSV/FFCC), 1 paso inferior vehicular y 1 glorieta a nivel”.
Se señala un costo total de la obra de mil 516 millones 469 mil 050 pesos, de los cuales en el “calendario de inversión registrado en cartera” se reportan 765 millones 421 mil 838 pesos aplicados en “años anteriores”, en tanto que se estima un flujo para 2021 de 751 millones 047 mil 212 pesos.
Cuando en la mañanera del pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de reactivación económica con 39 proyectos de infraestructura, el Eje 140 en San Luis Potosí volvió a aparecer, esta vez con un monto asignado: 766 millones de pesos en una primera etapa, y un monto global de mil 415 millones de pesos.
La variación de poco más de cien millones de pesos y que ninguna de las cifras entre ambos momentos bien puede tratarse de una cuestión de ajustes de programación.
Justo en el punto de programación, llama la atención que en el PPEF se reportan 765 millones 421 mil 838 pesos en el apartado “años anteriores” del “calendario de inversión registrado en cartera”. Esos años corresponden a los previos al 2021, es decir, eso necesariamente incida que de 2020 para atrás ya se habría aplicado a la Vía Alterna más de la mitad de lo que va a costar.
Si se considera que desde 2017 el gobernador Juan Manuel Carreras López comenzó a hablar de esa Vía Alterna, lo registrado en el calendario de inversión requeriría de una explicación sobre su aplicación, sobre todo porque se elaboró una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para al proyecto y se desarrollaron otra serie de trabajos previos.
El inicio de la Vía Alterna anunciado para fines de este mes no sólo comenzaría con pendientes señalados el martes pasado aquí por María Luisa Albores González, titular de SEMARNAT, sino que además con un manto de opacidad sobre los recursos aplicados en todos sus preparativos.
Por cierto, esa MIA la presentó Carreras López a la SEMARNAT menos de un mes después de que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo ayudara a proteger la Sierra de San Miguelito, el 24 de mayo de 2019.
Una MIA por la que un mes después, integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción, un grupo de diputados federales, investigadores del Colegio de San Luis y ciudadanos en general solicitaron por escrito a Carreras López que la retirara para suspender el trámite hasta en tanto se define el polígono del Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito.
Aquel escrito es una de muchas pruebas que demuestran la falta de compromiso de Carreras López a favor de la protección ecológica de la ciudad: nunca lo respondió. La manifestación de impacto ambiental fue impugnada por varios de los firmantes ante la SEMARNAT, que la admitió y se encuentra en proceso de resolución.
Tal vez esa resolución que se encuentra en proceso sea uno de los varios pendientes a los que se refirió Albores González cuando advirtió en su visita del pasado martes que hay varios permisos y autorizaciones pendientes antes de que se inicie la construcción de la Vía Alterna.
El de la Vía Alterna como proyecto representa además un indicio sobre la opacidad en la que se planean grandes obras. En el RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes del PPEF aparece una obra denominada Distribuidor Vial Benito Juárez, San Luis Potosí, sin monto asignado para 2021, pero con un gasto registrado en “años anteriores” por 82 millones 283 mil 459 pesos.
No se trata de los dos nuevos brazos, pues la obra se describe textualmente como “construcción de un Paso Superior Vehicular (PSV) y un Paso Deprimido Vehicular, para solucionar 3 movimientos en una longitud total de 3,500, ubicados sobre y por debajo del mismo distribuidor vial Benito Juárez”.
Para 2021 se indicó un flujo estimado de 107 millones 124 mil 757 pesos, aunque el espacio de “monto asignado” aparece en ceros.
Apenas acabamos de salir de los inconvenientes de la construcción de los dos nuevos brazos del Distribuidor Juárez y parece que sobre el laberíntico complejo vial ya se planean más recovecos.
¿De verdad se piensa en la movilidad y las alternativas que más convienen a la población o la prioridad es favorecer negocios que, en el caso de la vía alterna, sería punta de lanza para un negocio mayor a costa de la depredación ecológica, al combinarlo con la apertura a la urbanización de parte de la Sierra de San Miguelito, prevista en los programas de Desarrollo Urbano ya en poder del Cabildo de la capital?
