Alejandro Rubín de Celis
El conflicto entre regidores panistas y los del grupo de Xavier Nava Palacios no puede desligarse de dos temas centrales de la actual coyuntura electoral: la urbanización de una parte de la Sierra de San Miguelito y la definición de quién será el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado.
En esta ocasión no son los medios críticos los que cuestionan el intento de apresurar la aprobación de los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PMDUCP); tampoco son columnistas libres e independientes que ven por la sociedad los que ponen en duda la actitud de regidores navistas ─en referencia al alcalde con licencia y no al líder civilista─ que acusan a algunos de sus pares de entorpecer la autorización de los programas; son algunos ediles y la dirigencia municipal del PAN en la capital potosina los que directamente cuestionan la honestidad y los intereses que mueven al grupo del precandidato externo a la gubernatura del estado, Xavier Nava, en el Cabildo.
Las acusaciones versan en que un grupo obedece a intereses políticos ─el directamente vinculado al diputado federal panista, Xavier Azuara, quien ya se ha pronunciado extraoficialmente a favor de Octavio Pedroza Gaitán como el abanderado de Acción Nacional a la gubernatura─ y que supuestamente obstruye la aprobación de los programas. Aunque no se menciona a todos en notas periodísticas, en ese grupo están los regidores Verónica Rodríguez, Karina Benavidez y Christian Azuara, así como el síndico Víctor Saldaña.
Y al que su vez ellos señalan, compuesto por la regidora Nadia Viera; la síndica municipal, Alicia Nayeli Vázquez; y el alcalde interino, Alfredo Lujambio ─los tres afines a Nava─ y por otros seis regidores de distintos partidos, que presuntamente responden a intereses económicos propios y a los de un selecto grupo de desarrolladores inmobiliarios que, de acuerdo con una fuente muy cercana al sector empresarial y al comité estatal del PAN ─que pidió no ser identificada─, está dispuesto a apoyar la candidatura de Xavier Nava si el Cabildo aprueba los programas territoriales y en consecuencia el cambio de uso de suelo en 5 mil 700 hectáreas, que incluyen los proyectos Las Cañadas, Gran Peñón y San José de Buena Vista, en la Sierra de San Miguelito.
Las declaraciones del presidente del Comité Municipal del PAN, Edgardo Jasso Puente, ─no de periodistas ni de medios “malintencionados”─ ponen en duda la integridad de los regidores afines a Nava Palacios y dejan entrever los intereses que existen por sacar adelante los mega proyectos de los fraccionadores. Así es como el dirigente describe cómo es que el río suena:
“Sabemos que se necesita un plan de desarrollo, pero lo que la ciudad no requiere son regidores que se han rasgado las vestiduras, criticando a sus antecesores cuando parece que también se quieren ir con los bolsillos llenos y proyectos mal hechos a conveniencia. Es inaceptable que estén más interesados realmente en atender con urgencia compromisos personales (…) estamos completamente en contra de intereses que puedan comprometer la sustentabilidad de San Luis Potosí. Sí quiero decirles que nuestro compromiso es y seguirá siendo a favor de la ciudadanía, de las y los potosinos por un desarrollo territorial viable y sustentable, por un San Luis Potosí equitativo accesible y asequible para la gente y que no sea un botín para unos cuantos” (video competo del pronunciamiento de Jasso Puente, al terminar este texto).
Y la declaración de la regidora Verónica Rodríguez no se queda atrás: “me sorprende que la encargada de velar por la legalidad en el municipio esté más preocupada por atender encargos de interés económico que desempeñar su verdadera labor (…) garantizar un plan estratégico para el crecimiento ordenado de la ciudad y no del bolsillo de unos cuantos”.
La síndica municipal, Alicia Nayeli Vázquez, sostiene que no hay impedimento legal o de alguna otra naturaleza para aprobar los programas en comisiones y luego en Cabildo, lo que no dice es que hay dos amparos vigentes, el estatus de la Sierra de San Miguelito como Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga ─vigente desde 2003─, y el compromiso hecho por la actual administración municipal de esperar a que la federación haga la declaratoria de la nueva Área Natural Protegida (ANP) en esa serranía.
Que hay intereses personales de carácter político y económico de parte del grupo que dice defender un análisis más profundo de los programas, desde luego que los hay y son para ellos los principales, no el ordenamiento territorial, ni la sustentabilidad del municipio, ni el derecho humano a un medio ambiente sano. Se trata de los regidores y el síndico que son afines a Xavier Azuara quien en la práctica ya está apoyando a Octavio Pedroza para que sea el candidato, y que al mismo tiempo ambos ─Azuara y Pedroza─ intervengan para lograr candidaturas en su favor, o, de llegar el ex senador a la gubernatura, les garantice puestos para seguir viviendo del presupuesto.
A final de cuentas los intereses que están en juego y que realmente importan a todos estos actores son de orden político y económico a favor de un grupo de privilegiados ─unos de la clase política y otros del poder económico local─; los intereses de la sociedad potosina, esos… bien gracias, ¿y usted?
