Por Victoriano Martínez
El colmo de la opacidad se da cuando una autoridad se esfuerza, incluso de manera abierta, por manipular hechos e información con tal de simular ser transparente. Un mal que afecta prácticamente a todo servidor público, al grado de ser capaces de recurrir a juicios de amparo o desmentir respuestas oficiales a solicitudes de información.
Un afán por proyectar una eficiencia y apego a la legalidad que difícilmente pueden demostrar con evidencia pero que al final deja expuesto el poco respeto que le tienen a las leyes que protestaron cumplir, que encubren a través de apologistas por encargo… que hasta ellos mismos se la creen.
Algunos ejemplos:
El 14 de marzo de 2024, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obres Públicas, Leticia Vargas Tinajero, presentó un juicio de amparo en contra la resolución de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que le ordenaba entregar información sobre los costos, contratos y empresas involucradas en las obras de remodelación de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).
Aunque en un principio el Juzgado Segundo de Distrito le otorgó la suspensión definitiva, al revisar el fondo de la solicitud de juicio de amparo concluyó que la SEDUVOP no cuenta con legitimación para promover un amparo como ese, por lo que el 29 de mayo de 2024 resolvió sobreseer el caso. La SEDUVOP perdió el juicio, pero ganó tiempo para atrasar la entrega de la información.
En el caso de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) ha incumplido requisitos legales de transparencia que vuelven cuestionables determinaciones en casos como la declaratoria de Área Natural Protegida de un Parque en Villa Hidalgo y en la supuesta manifestación de impacto ambiental para la renovación del parque Tangamanga Splash.
Los malabares de su titular, Sonia Mendoza Díaz, han exhibido incluso el desconocimiento de los procesos y hasta de los contenidos de los documentos fundamentales generados.
Caso extremo cuando Mendoza Díaz pretendió hacer pasar una reunión con la delegada de SEMARNAT como preparatoria de la presunta reforestación de la Sierra de San Miguelito con un millón de árboles, cuando ese tema nunca lo trataron.
Tan les estorba la transparencia, que hasta la respuesta que ellos mismos dan a una solicitud de información como la correspondiente al folio 240474426000098 por parte del Ayuntamiento, que exhibe situaciones irregulares en la recepción de la concesión de Aguas del Poniente, ahora pretenden desmentir con dudosas e incompletas aclaraciones.
Ahora resulta que los 15 millones 220 mil 527.97 pesos de cartera vencida en Aguas del Poniente bajaron a 8 millones 128 mil 755.49 pesos, sin mayor explicación, y sueltan un dato que igualmente requiere de mayores explicaciones: 120 residencias de la zona antes concesionada cuentan están conectadas a la red sin un contrato formal.
El fallo de la subasta presuntamente sobre 13 de los 16 inmuebles, aún sigue sin publicarse en la Gaceta Municipal ni en el Periódico Oficial, como establece la convocatoria, pero para Fernando Chávez Méndez, el proceso se hizo con total transparencia y hasta presumió la existencia de una Comisión de Vigilancia que lo supervisa.
Se la pasó mencionar que a la Comisión que presume no se le permitió el acceso a la subasta el martes y su presidente, regidor Gustavo Mercado Garay, busca hacer comparecer a funcionarios del comité de subastas para saber “a quién se le adjudicaron los inmuebles, quiénes participaron y cuáles fueron las posturas legales”.
Presumir públicamente una transparencia que no se da ni al interior del Cabildo no puede más que representar el afán de proyectar una imagen que no tienen la mínima voluntad de ser, sin importarles que sus declaraciones y contradicciones los exhiben.
Lamentables esfuerzos por ajustar sus obligaciones de transparencia a sus afanes propagandísticos en los que una casi extinta CEGAIP siempre ha dado muestras de tolerar y hasta en algunos casos de alentar.
