Por Victoriano Martínez
La presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la marcha de las madres buscadoras de este lunes pudo estar justificada como una acción de observación preventiva para que no se afectaran los derechos de las manifestantes, pero por sus antecedentes ellos mismos representaron la agresión.
Pudo ser cualquier funcionario de la CEDH con su chaleco distintivo el que personificara la agresión a las madres buscadoras porque la institución les ha fallado en el trabajo que debe realizar con un informe oficial sobre la crisis de desapariciones en el estado que resulta crucial para avanzar en los trabajos de búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
No obstante, el grupo de personas de la CEDH estuvo encabezado por Alejandro García Alvarado, tercer visitador de la CEDH y responsable de la elaboración del informe que lleva nueve años pendiente.
Si la presencia del responsable de la omisión en la elaboración del informe agregó un ingrediente más al agravio de la presencia de una CEDH insensible que las revictimiza, la reacción del organismo tras pegar el sábado cerca de 80 fichas con los rostros de personas desaparecidas en lo que va del año, fue una ofensa más: las retiraron.
“¿Les dio vergüenza o qué? Usted, que es el encargado de desaparecidos, debió al menos defender nuestro trabajo del sábado. ¿Qué hizo? Ordenó que los quitaran. Y pusieron a una mujer a hacerlo”, le reprochó Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, a García Alvarado.
La marcha para visibilizar la crisis de desaparecidos que va en aumento, ante la indolencia y desfachatez de una CEDH incapaz de percatarse de su negligencia e incapacidad que atenta contra las víctimas, visibilizó lo poco que se puede esperar del organismo que debe proteger los derechos humanos.
“¿Alguna vez vieron un pronunciamiento de la CEDH sobre feminicidios, homicidios, o sobre los casos más extremos? No. ¿Para qué los queremos?, ¿qué mensaje da la CEDH con esta actitud?”, preguntó Pérez Rodríguez, esta vez con Giovana Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH reelecta, como destinataria.
Ha sido tal el mal desempeño de la CEDH durante su existencia, pero se ha degradado aún más durante la gestión de Argüelles Moreno, que resulta fácil encontrar ejemplos en los que ha actuado en perjuicio de las víctimas, en tanto que es difícil poder encontrar una acción que haya reivindicado los derechos humanos de una de ellas.
Pero no sólo la CEDH le ha fallado a las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, sino también el Congreso del Estado, que en tres años no ha sido capaz de resolver una propuesta para crear una Fiscalía Especializada en Desapariciones, que a pesar de haberse comprometido a hacerlo e incumplir, en la marcha pretendieron empatizar con ellas.
La marcha de las madres buscadoras terminó frente a Palacio de Gobierno donde en la explanada, desplegaron lonas con los rostros de más de 300 personas desaparecidas en San Luis Potosí a lo largo de 14 años.
Un acto que visibilizó además un efecto nocivo que el cliché sexenal “maldita herencia” provoca: como el problema de las desapariciones proviene de la maldita herencia, ¿por qué tendrían que atenderlo?
Prácticamente las madres buscadoras tendrían que reclamar a los funcionarios del pasado hasta por las más de 80 desapariciones que van en este año porque ellos abrieron la puerta a ese delito.
Una actitud que bien puede explicar por qué se reeligió a Argüelles Morena en la CEDH, por qué el informe sobre desaparecidos sigue pendiente, por qué el responsable de ese informe es enviado a hacer acto de presencia en la marcha de las madres buscadoras… como para que quede claro que la CEDH no está con las víctimas, sino contra ellas, con la complacencia del gobierno estatal.
