Veracruz, México (01 de abril de 2016).- Para Javier Fernández, padre de la joven que fue violada en enero del año pasado en Boca del Río, la justicia parece algo inalcanzable. Aunque el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo ha reiterado que en el caso no hay retraso y que habrá justicia, el padre de la víctima reviró que llevan más de 10 meses sin respuesta, luego de que fue hasta mayo cuando presentó la denuncia.
La pregunta es ¿cuándo va a haber justicia? ¿Cuándo? Y cuando definimos justicia ¿A qué se refiere? Es justicia para él (fiscal), a lo mejor tenemos una definición diferente. Yo no estoy de acuerdo con esa declaración, volvemos otra vez a la gravedad del delito a como lo marca la propia ley, lo que he leído, las jurisprudencias, el señalamiento directo que se hace desde el 16 de mayo pudo haber sido suficiente para que los detuvieran (a los agresores), aseguró ayer en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.
El miércoles, tras una reunión sostenida con familiares de la joven presunta víctima de los Porkys, un grupo de hijos de funcionarios, y empresarios de la entidad, tanto el fiscal como el gobernador del estado se comprometieron a que de la agresión contra Daphne no habrá impunidad.
Sin embargo, Javier Fernández refirió que aunque cuatro de los hombres han sido identificados como los agresores, e incluso hay varias pruebas de ello, no entiende qué es lo que le hace falta a la autoridad para castigar a los responsables quienes han sido identificados como Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta.
Piden castigo para ‘Los Porkys’.
A través de un petición difundida en redes sociales, la asociación civil Causa en Común que encabeza María Elena Morera solicitó que los cuatro jóvenes que atacaron sexualmente a Daphne sean detenidos y consignados por los delitos que se les señalan. A la petición también se sumó el padre de la joven agredida.
En la misiva de la activista difundida en www.change.org, se señala que los padres de los muchachos señalados como probables agresores, los encubrieron con ayuda de la autoridad, pese a contar con evidencias de su conducta delictiva, la cual a la fecha, a más de un año sigue gozando de impunidad.
En este caso, como en muchos otros, se evidencian graves violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del Estado y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado y, por supuesto, al Código Penal estatal. Es inadmisible que la autoridad no haya procedido conforme lo marca la Ley, acusó Morera.
Fuente: Prodigy Msn.
