Por Victoriano Martínez
A la media noche del pasado miércoles, el Congreso del Estado debió recibir las Cuentas Públicas 2022 de los 114 entes fiscalizables con tanta discreción que lo único que destacó el diputado René Oyarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Vigilancia, prácticamente fue que no importa que las entreguen de última hora, porque lo importante será revisarlas.
Una revisión que corre a cargo de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuyo Programa Anual de Auditorías 2023 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 1 de febrero.
A las 114 cuentas recibidas por la LXIII Legislatura se les aplicarán 168 auditorías, de las cuales 121 serán financieras y de cumplimiento; 10 de cumplimiento, y 37 de desempeño y cumplimiento.
Se trata de las Cuentas Públicas del primer ejercicio fiscal completo de las autoridades que iniciaron su gestión en 2021, es decir, ya no comparten responsabilidad para el trabajo de solventaciones y aclaraciones en el curso de la revisión con integrantes de una administración distinta.
Una diferencia con la revisión que se realizó a las Cuentas Públicas 2021, para las cuales las aclaraciones correspondientes a los primeros nueve meses de ese año ya no podían darse por los servidores públicos que se encontraban a cargo, porque los archivos correspondientes ya se encontraban en manos de sus sucesores.
Independientemente de que las observaciones a aclarar constituyan una irregularidad o no, la atención por parte de personajes que pueden ser de partidos antagónicos pone a prueba la institucionalidad con la que las desahogan, que podría verse afectada por revanchismos que obstruyan o dificulten el proceso.
¿En cuántos casos un exfuncionario pudo tener dificultades para responder solicitudes de aclaración por parte de la ASE simplemente porque sus sucesores le obstaculizaron el acceso a la documentación que requería para hacerlo?
La continuidad en la administración pública, libre de revanchismos partidarios, tendría que arrojar como respuesta que ninguno. Finalmente se trabaja con documentos públicos –más si se trata de aplicación de recursos– y lo que debe prevalecer en el ámbito gubernamental es la transparencia.
Los hechos cuentan una historia diferente. Un caso significativo aparece en la auditoría financiera y de cumplimiento número AEFPO-02-PERF-2021 al fondo de recursos fiscales del Poder Ejecutivo en la que, en doce procedimientos, el ex titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado expone su imposibilidad de atender la petición de aclaración por no contar con los documentos.
“El secretario de Educación de Gobierno del Estado durante el periodo de enero a septiembre de 2021, presentó escrito libre del 10 de octubre de 2022, donde manifiesta que no ha tenido respuesta a sus peticiones de acceso a la información, realizadas a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado el 31 de agosto y el 12 de septiembre de 2022”, es la explicación que se repite 12 veces.
Un exfuncionario ser víctima de la opacidad que bien pudo ser que él mismo haya practicado cuando ocupó la titularidad de la dependencia, pero con la ciudadanía como la afectada. La Unidad Jurídica justifica la falta de respuesta por el ejercicio fiscal señalado, con lo que exhibe una interpretación restrictiva muy lejos de atender al principio de máxima publicidad.
En el caso, la falta de acceso a la información pública llevó a la imposibilidad de atender aclaraciones a un exfuncionario que dieron origen a seis pliegos de observaciones que acumularon un monto por 36 millones 609 mil 123 pesos, a tres solicitudes de aclaración por 31 millones 504 mil 246 pesos, y, sin monto involucrado, una aclaración, una recomendación y un procedimiento solventado.
“El problema no es entregar el informe, porque la forma en que se entregó es lo que vamos a revisar”, dijo Oyarvide Ibarra.
Los programas anuales de auditorías de la ASE dan cuenta de un cada vez menor número de revisiones: en el 2021 se programaron 225 auditorías (página 38) a las cuentas del año anterior; en el 2022 (página 3), 178, y este año (página 10) 168 auditorías.
Es cierto, no importa si presentan sus cuentas públicas en el último momento y hasta que sesione un Cabildo para aprobar su cuenta apenas unas horas antes de que venza el plazo, lo importante es que la revisión sea efectiva, pero… ¿revisar cada vez menos aporta a esa efectividad?
