Ciudad de México (23 de octubre de 2015).- Los habitantes del Río Sonora, que interpusieron ya siete amparos en contra de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, y autoridades como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en agosto de 2014, obtuvieron dos victorias legales en los últimos días.
Luis Miguel Cano, abogado del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), anunció que el Juez Primero de Distrito de Sonora ordenó a la Conagua a realizar estudios sobre la potabilidad del agua para consumo humano. Dichos estudios se realizarán extrayendo el líquido de los pozos que se alimentan del Río Bacanuchi y Sonora.
El segundo avance obtenido por los pobladores del Río Sonora es la llegada del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinará si Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, se puede considerar autoridad y por lo tanto, violatoria de los derechos humanos de los habitantes de los siete municipios afectados por el derrame.
El caso está a consideración de la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán en la Segunda Sala de la Suprema Corte por interés y trascedencia.
“El precedente que pueda fijar la Suprema Corte potencialmente podría impactar todo asunto que se cuestione si ciertas empresas son responsables de violaciones a los derechos humanos”, explicó el abogado.
En febrero de este año pobladores interpusieron cinco juicios de amparo en contra de distintas dependencias del Gobierno federal y de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, debido a múltiples irregularidades cometidas por la empresa y las autoridades a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos, informó hoy el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
Luis Miguel Cano, abogado de la organización, indicó que los juicios de amparo datan desde el 13 de febrero de este año, hasta el 14 de julio y fueron interpuestos por los comités de la Cuenca Río Sonora integrados por habitantes de los siete municipios afectados por el derrame.
Un grupo de personas dedicadas a actividades agropecuarias interpuso un amparo en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por no haberse realizado hasta el día de hoy, el Proyecto de Reactivación Agropecuaria que la dependencia comprometió a raíz del derrame.
De acuerdo con el argumento del amparo, a las personas afectadas no se les respetó su derecho humano a la reparación.
“La Sagarpa prometió un proyecto de reactivación agropecuaria: seis meses después se solicitó información y la respuesta fue ‘no hemos hecho nada. Llegamos, prometimos, pero no hay un proyecto’. Prometieron una Unidad de Vigilancia Epidemiológica, plantas potabilizadoras y de todo eso, no hay nada”, dijo el abogado.
Pobladores que viven al sur de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, aledañas a la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi se apararon en contra de la Semarnat y la minera, por la ausencia de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos y la operación de la mina violando con ello la ley, sin que la autoridad hiciera algo al respecto.
La población afectada por el derrame se amparó también en contra de Semarnat, Conagua, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por la apertura de pozos en la región, realizada bajo estándares de medición poco favorables, que violan el derecho al agua salubre y de calidad.
“Es muy fácil llegar y decir ‘no pasa nada, el agua está limpia, vuelvan a sus vidas,aquí hay mediciones y todo está conforme a la normatividad’. Lo que no se nos dice es que la normatividad del país que mide la calidad del agua deja mucho que desear, en arsénico por ejemplo, la norma mexicana en nueve veces más permisiva que la de la OMS [Organización Mundial de la Salud”, informó el abogado de PODER.
El amparo interpuesto el 29 de junio por las personas que habitan aledañas a la cuenca de los ríos afectados, es contra la Semarnat, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, por la ausencia de un Programa de Remediación Integral.
“La reanudación de las actividades mineras de Buenavista del Cobre atenta contra las obligaciones de protección, garantía y prevención de las violaciones del derecho a un medio ambiente sano de las personas que viven al sur se las instalaciones mineras”, argumenta el planteamiento jurídico.
La población se amparó en contra de la Semarnat y el Ejecutivo Federal, porque no se aseguró una consulta efectiva de los habitantes, cada vez que se emitió alguna autorización a la minera en materia ambiental.
Hace dos meses los pobladores interpusieron dos amparos más en contra de autoridades.
Fuente: Sin embargo.
