Por Victoriano Martínez
¿Habrá entre los 27 diputados alguno que reaccione, saque la casta, y haga lo conducente para que el alcalde Enrique Galindo Ceballos no los ningunee y se burle de ellos, al primero solicitarles la aprobación de unas tarifas en la Ley de Ingresos del Municipio y ahora modificarlas mediante un acuerdo administrativo, como si ellos no contaran?
Con el Acuerdo Administrativo por el que se autoriza el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado el viernes 18 de febrero en el Periódico Oficial para anular disposiciones particulares de la Ley de Ingresos que le aprobó el Congreso del Estado, el alcalde recurre a una maniobra de dudosa legalidad para anular la determinación del Poder Legislativo.
Un acuerdo administrativo que responde a los reclamos del sector inmobiliario y que está acompañado por un, hasta hoy oculto, acuerdo con la Alianza Empresarial, con una denominación muy acorde a la complicidad pactada para violar la Ley de Ingresos: Acuerdo de Responsabilidad Compartida 2.0.
No se trata de descalificar la intención de beneficiar a “toda la economía de San Luis Potosí, pues estimula una inversión calculada en 6 mil millones de pesos por parte de la iniciativa privada, para la construcción de 10 mil viviendas este año, lo que generaría 50 mil empleos directos e indirectos en la ciudad”, según pregonó en su comunicado sobre el acuerdo el Ayuntamiento.
De lo que se trata es de señalar que el reconocimiento implícito en el acuerdo sobre los errores cometidos en la iniciativa de Ley de Ingresos cuenta con cauces legales para ser atendidos sin que se dañe la autoridad del Poder Legislativo, de por sí sobajado por el Ejecutivo ante la actitud sumisa de quienes lo integran.
“Esta Ley establece sistemas basados en la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de la carga fiscal, resultando así, que configura una tarifa progresiva que permite el perfeccionamiento de algunos impuestos”, fue uno de los argumentos con los que Galindo Ceballos convenció a los diputados para que aprobaran las tarifas que aparecen en la Ley de Ingresos.
Una exposición de motivos de la iniciativa que envió a los diputados en la que, al aprobársela hasta con los errores matemáticos de su novedosa progresividad, no cabe duda de que los convenció de que aprobaron una Ley de Ingresos que definió un esquema de impuestos proporcionales a la capacidad contributiva.
Ahora con el acuerdo administrativo, tras los reclamos especialmente de los empresarios inmobiliarios, Galindo Ceballos contra argumenta lo que le pudieron hacer ver los diputados “con el firme propósito de disminuir la carga onerosa que les representa el pago de contribuciones”, con palabras de propio alcalde en los considerandos de la publicación en el Periódico Oficial.
“La presente administración tiene la intención de brindar las condiciones y facilidades de pago para incentivar la participación en el pago de contribuciones, a fin de contar con los recursos suficientes para aplicarlos a la infraestructura urbana”, dice Galindo Ceballos en el acuerdo del viernes, ya sin considerar que la Ley de Ingresos que propuso atendía a la capacidad contributiva de la población.
Argumentos que los diputados debieron hacer valer al analizar la iniciativa que les envió Galindo Ceballos antes de aprobarla tal cual, pero que al no hacerlo exhiben su nula capacidad para representar los intereses de la población.
Argumentos con los que Galindo Ceballos, verdugo con su voracidad recaudatoria en diciembre, hoy se jacta como benefactor del sector inmobiliario capaz de promover una inversión de 6 mil millones de pesos, la construcción de 10 mil viviendas y la generación de 50 mil empleos.
Argumentos con los que responde a reclamos empresariales, con quienes firma acuerdos de espaldas a la ciudadanía —el Acuerdo de Responsabilidad Compartida 2.0 no ha sido publicado— en los que bien pudieron anularse otras determinaciones de la Ley de Ingresos (ver el punto seis del comunicado, que podría anular diversas tarifas establecidas en la ley).
Argumentos con los que debió redactar una exposición de motivos para una iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos con la que debió corregir su actitud voraz para exprimir al contribuyente, y no como considerandos para un acuerdo administrativo con el que, en los hechos, modifica tarifas decretadas por el Congreso del Estado que él mismo propuso.
Así sean muy sumisos los diputados, su investidura merece un mínimo de respeto pero, sobre todo, la institución que representa el Poder Legislativo.
