Por Victoriano Martínez
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) reportó en su primer informe trimestral al Congreso del Estado que durante el primer trimestre de este año recibió 42 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
De acuerdo con la Plataforma Estatal de Transparencia, el número de denuncias se incrementó a 59 para el 31 de mayo.
¿Es grave esa situación? Sí, pero no sólo porque atrás de cada denuncia hay a una persona que vio bloqueado su derecho de acceso a la información pública, sino porque en un contexto más amplio podría dar pie a interpretaciones engañosas que favorecen la simulación en la que la vocación de opacidad de los entes públicos actúa impunemente ante una CEGAIP tapadera.
Las 59 denuncias que van hasta el mes de mayo involucran a sólo 33 sujetos obligados de un universo de 253. ¿Significa eso que sólo el 13.04 por ciento de los entes públicos incumple con las obligaciones de transparencia que les marca la Ley? De ninguna manera.
Desde la perspectiva de los denunciados, lo que significa es que tuvieron la mala suerte de que hubo usuarios de la Plataforma Estatal de Transparencia que buscaron información que requerían y al no encontrarla presentaron la denuncia.
Desde la perspectiva del resto de sujetos obligados, los que no han sido denunciados, lo que representa es que mantienen a salvo de cuestionamiento la opacidad con la que incumplen, en distintas proporciones, con la obligación de difundir de oficio un catálogo de información pública.
¿Son los más denunciados los sujetos obligados que más incumplimientos tienen en la difusión de oficio de su información? No necesariamente. Si así fuera, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado no ocuparía el segundo lugar con más denuncias, empatada con los ayuntamientos de San Antonio y San Martín Chalchicuautla.
El promedio de incumplimiento de la SEGE en los primeros cinco meses del año es del 11.08 por ciento, en tanto que de San Antonio es del 49.13 por ciento y el de San Martín Chalchicuautla del 26.86 por ciento.
El sujeto obligado con más denuncias es el Ayuntamiento de Villa Juárez con cinco. El promedio de los incumplimientos mensuales que tiene de enero a mayo es del 29.14 por ciento, muy por debajo del caso de San Antonio.
Si se toma el caso del promedio de incumplimiento por parte de los titulares de los tres poderes, si éste condicionara las denuncias, tendría que haber más contra ellos que contra la SEGE, salvo el caso del Poder Judicial cuyo promedio fue del 10.84 por ciento, un 0.24 por ciento menos que el de la SEGE.
En el caso de la Secretaría Particular del Gobernador (titular del Ejecutivo) el promedio de incumplimiento fue del 22.12 por ciento. Mas del doble que el de la SEGE y no ha recibido una sola denuncia en su contra.
El Poder Legislativo registra un porcentaje de incumplimiento de sus obligaciones de transparencia que se ha multiplicado por más de tres al pasar de 9.73 por ciento en enero a 32.74 por ciento en mayo. Aún así, el promedio de los cinco meses se ubica en un 17.7 por ciento, y no hay denuncias en su contra.
Si a ese incumplimiento en la publicación de los formatos con la información se agrega el dato que la propia Plataforma Estatal de Transparencia reporta sobre la calidad de la información publicada, la opacidad por simulación es alarmante: la calificación promedio obtenida es de apenas el 56.17 por ciento.
La simulación no sólo está en la ausencia de información, sino en que, de la que se publica, cerca de la mitad (el 43.83 por ciento) no es confiable.
Las 59 denuncias por incumplimientos de las obligaciones de transparencia están muy lejos de mostrar la gravedad de la opacidad y sí, en cambio, más cerca de mostrar otra circunstancia alarmante: son un indicador de que la Plataforma Estatal de Transparencia cuenta con pocos usuarios y, quienes la consultan, desisten de sus búsquedas sin recurrir a las denuncias.
¿Y la CEGAIP? Auto desaparecida a un costo de 25 millones 60 mil 259 pesos presupuestados para este año. Ni supervisa ni obliga a los entes públicos a cumplir con sus obligaciones de transparencia como le ordena la Ley. Pero tampoco promueve entre la población el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino lo contrario, lo desincentiva.
