Por Victoriano Martínez
“Apoyar, en la medida de sus respectivas capacidades presupuestarias, a las asociaciones civiles y patronatos encargados de administrar los recursos de los Heroicos Cuerpos de Bomberos”, será la nueva obligación que tendrán los ayuntamientos en caso de que se apruebe la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre (página 3).
Además, el “apoyo a la operación del H. Cuerpo de Bomberos” se habrá de incorporar –en caso de que se apruebe la iniciativa– como la décima prioridad para la aplicación de los recursos estatales que reciban los ayuntamientos.
Vamos, de que se abrió la esperanza que por ley exista la posibilidad –y sólo la posibilidad– de que desde los ayuntamientos se les entreguen recursos a los bomberos, se abrió, aunque como posibilidad todavía depende de que se apruebe la iniciativa.
Y es que no es la primera vez que desde el Congreso del Estado se abre esa posibilidad, por lo que –si prevalece la misma tendencia– es posible que en unos meses simplemente se hable de una iniciativa más congelada y un poco de tiempo después caiga en el olvido.
Así ocurrió con el punto de acuerdo que el 28 de noviembre de 2019 (página 689) presentó la diputada Vianey Montes Colunga para “exhortar al Titular del Poder Ejecutivo en el Estado, a que, conforme a sus posibilidades y atribuciones jurídicas, otorgue un incremento adecuado al subsidio anual que se da en favor de los H. Cuerpos de Bomberos en el Estado para el año 2020”.
La esperanza se reabrió con la iniciativa del diputado José Antonio Zapata Meraz )página 42) presentada el 24 de junio de 2021, aunque con escasas posibilidades de ser aprobada en los últimos tres meses que le quedaban a la LXII Legislatura.
Zapata Meraz propuso modificar la Ley del Sistema de Protección Civil para “establecer que los bomberos reciban el presupuesto suficiente para realizar su labor; y, además, que puedan cobrar de forma directa los servicios de capacitación y verificación que presten”. Un alcance mayor al punto de acuerdo de 2019, una iniciativa más esperanzadora… y hasta ahí.
Para el 18 de mayo de 2023, el diputado Edmundo Azael Torrescano Medina volvió a abrir la esperanza. Propuso reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado (página 13),a la Ley Orgánica del Municipio Libre, a la Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios F y a la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado.
“El Ejecutivo del Estado, y la persona que presida el Municipio; destinarán los recursos suficientes en los presupuestos de egresos para que las autoridades de Protección Civil y los Cuerpos de Bomberos adopten las medidas necesarias y coadyuven con los habitantes del Estado para protegerles y hacer frente a los riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos”, sería la obligación que se habría de incorporar en un artículo 88 bis de la Constitución estatal.
Con un candado adicional: “El presupuesto nunca será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior”. La esperanza no era sólo contar con más recursos, era que, por fin, con un reconocimiento constitucional, se acabarían las penurias de los bomberos… en caso de que se hubiera aprobado la iniciativa.
Más aún. La diputada Emma Idalia Saldaña propuso seis días después, el 24 de mayo de 2023, expedir la Ley del Sistema de Bomberos para crear, reconocer, regular, garantizar y promover el fortalecimiento del Sistema Estatal de Bomberos, y asegurar una partida presupuestal para los cuerpos de bomberos, así como los derechos y la profesionalización de sus elementos.
Panorama más esperanzador no podía haber, salvo que se trataba de un eslabón más de una cadena de desplantes cada vez más esperanzadores ante la situación crítica de los bomberos a cargo de ¡diputados!
Hoy vuelven a la carga con una iniciativa más modesta que las dos más recientes a cargo del diputado Luis Emilio Rosas Montiel y la adhesión de 12 más con candados que condicionan la esperanza –en caso de aprobarse la iniciativa– a que se les apoye “en la medida de sus respectivas capacidades presupuestarias” y a que lo atiendan como décima prioridad.
Las nueve prioridades que hoy establece el artículo 119 son Agua potable, alcantarillado y saneamento; Electrificación y alumbrado público; Unidades de atención médica; Espacios educativos; Caminos rurales; Tiendas de abasto popular; Obras de apoyo a la producción agropecuaria; Regularización de la tenencia de la tierra y reservas territoriales para vivienda, y Generación de nuevos empleos.
¿Cuántas tiendas de abasto popular gestionadas o administradas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, por ejemplo, conoce? Es la sexta prioridad en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Los bomberos –en caso de que se apruebe la iniciativa– se incorporarían como décima. Así la esperanza de que les lleguen los apoyos que requieren.
Por cierto, ¿por qué dejaron fuera de la propuesta establecer obligaciones de apoyo a los ocho Cuerpos de Bomberos que hay en el Estado por parte del Poder Ejecutivo Estatal ante el hecho de que todos atienden a varios municipios?
Pretender establecer apoyos a los bomberos con alternativas de evasión para no hacerlos efectivo y sin involucrar a todas las instancias posibles configura más un desplante oportunista con proyección de imagen que una auténtica preocupación por resolver la incertidumbre presupuestal de los cuerpos de bomberos.
