Por Victoriano Martínez

La manifestación fue convocada para protestar en contra de los excesos policíacos. En su desarrollo, algunos participantes se excedieron en los actos vandálicos. La policía llegó tarde para controlar la situación. En su tardía búsqueda de responsables de los destrozos, los uniformados recurrieron a su tradicional táctica de no buscar quién la hizo sino quien la pague: el abuso policíaco.

Lejos de abrir una posibilidad de atención a las demandas de cese sobre los abusos policíacos –que si bien se convocó por el asesinato de Giovanni López en Ixtlahuacán, Jalisco, son igualmente comunes en el Estado– la mucha paciencia y la prudencia presumidas por las autoridades locales desembocaron en la confirmación de esa actitud policial.

“Nosotros tuvimos mucha paciencia, desde que estuvieron en la Fiscalía, estuvieron aquí (en la Plaza de Armas) y cuando entraron (al Congreso del Estado) fue cuando tuvimos que llamar a la policía, no lo podíamos hacer antes porque lo que queríamos era evitar un enfrentamiento”, dijo Alejandro Leal Tovías, secretario de Gobierno.

Lo secundó el secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, al asegurar que actuaron con “prudencia” y que su llegada al Congreso del Estado fue oportuna, aunque sólo lograron detener al menos a cinco manifestantes en su interior.

Desde el momento en que el grupo de manifestantes que vandalizó el Congreso del Estado logró abrir la puerta del edificio legislativo al momento de la llegada de los policías al lugar, pasaron poco más de 17 minutos y medio.

En más de un cuarto de hora, el grupo que ingresó al Congreso del Estado pudo haber realizado muchos más daños de los que resultaron si realmente hubiese sido numeroso. La mayoría de los manifestantes se mantuvieron a la expectativa y hubo algunos que trataron de disuadir a quienes provocaron los destrozos.

Tal es el caso de Claudia Elizabeth Hernández Herrera, integrante del grupo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, a quien detuvieron mientras trataba de disuadir los actos violentos. Fueron pocos los detenidos al interior del Congreso del Estado y los destrozos cesaron. De inmediato, Guardianes de la Sierra responsabilizó, a través de Facebook, a Gobierno del Estado por su integridad.

La llegada de los policías y su tardía urgencia por colocar vallas de contención arrasó con todo a su paso. “A golpes nos quieren dar indicaciones”, protestó el representante de Metropoli San Luis, tras quejarse por recibir golpes por parte de los policías.

Luego de re colocar las vallas metálicas y establecer un cerco de policías, los uniformados se abalanzaron contra los manifestantes y curiosos que observaban los hechos desde la plancha de la Plaza de Armas, cual si quisieran cubrir una cuota de detenidos.

De manera arbitraria, seleccionaron a varias personas –entre ellas mujeres y menores de edad– para detenerlas y subirlas al camión donde ya tenían a los detenidos anteriores. Una mujer de la tercera edad entró en crisis cuando se llevaron a su nieto: “¡Devuélvanme a mi nieto!”, gritaba con desesperación.

De nada sirvió que Michel Hernández, de Cambio Por San Luis, requiriera a los policías una explicación sobre las detenciones abiertamente arbitrarias y les advirtiera que cometían un delito al realizarlas de esa forma. Cuando pareció que completaron el cupo requerido en el vehículo, arrancaron y a quien trataba de impedirlo lo desplazaban o encapsulaban.

Se informó de diez detenciones logradas sin mucha paciencia y con poca prudencia, con lo que a la manifestación en contra de los abusos policiacos –por muy que tuvo participantes que se excedieron en actos vandálicos– le aportaron más razones de ser, porque lejos de prevenir los excesos incurrieron en ellos.

Fue casi como si ante el reclamo por sus abusos policiales respondieran de manera corporativa ¡así somos… ¿y qué?!