Fernanda Durán
El diputado del PAN, Marcelino Rivera Hernández, obtuvo un amparo de la justicia federal que suspende provisionalmente el procedimiento de inhabilitación promovido por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) en su contra, derivado de presuntas irregularidades en la cuenta pública del Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla durante su gestión 2012-2015.
El coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, confirmó que el recurso ya fue admitido y que la suspensión fue publicada en estrados.
“El amparo se le dio entrada y en este momento el juez federal nos dio la suspensión. Así es. Entonces está suspendido todo”, explicó en entrevista.
Guajardo subrayó que esta resolución detiene cualquier intento del IFSE por forzar la salida de Rivera de la legislatura.
“En este momento y en ningún momento el Congreso puede inhabilitar a Marcelino Rivera. Por eso les digo al auditor que se ponga a estudiar bien la ley, porque el Congreso no tiene facultades para llevar a cabo un procedimiento de inhabilitación. Entonces anda medio perdido el muchacho”, afirmó.
El líder panista insistió en que la sanción promovida por el órgano fiscalizador carece de sustento jurídico.
“El auditor ha insistido en este procedimiento, pero como lo he dicho en anteriores entrevistas, tiene que darle una revisada bien a cómo son los procedimientos de responsabilidades administrativas, pero totalmente sin brújula. No sé si tenga una obsesión por el diputado Marcelino Rivera, pero lo que sí les puedo decir es que, así como se logró el triunfo en la materia jurisdiccional hace un año, se va a lograr en esta etapa también”, declaró.
De acuerdo con la correspondencia remitida al Congreso, el caso se mantiene activo desde agosto: el 19 de ese mes y el 5 de septiembre Rivera entregó informes y pruebas relacionadas con el procedimiento administrativo de responsabilidades iniciado por la Auditoría Superior del Estado.
Posteriormente, el 11 de septiembre, el IFSE notificó la resolución del recurso de revocación vinculado al expediente ASE-AEL-PAR-30/2013, que dio origen al fincamiento de responsabilidades y a la imposición de sanciones.
Guajardo recalcó que, pese a la insistencia del IFSE, el Congreso carece de facultades para ejecutar la inhabilitación.
“Insiste con la misma temática, pero nosotros no tenemos facultad para inhabilitar a Marcelino, ni a ningún funcionario. No está dentro de nuestros términos. Nosotros insistiremos en la defensa jurídica”, sostuvo.
El caso de Rivera ha marcado a la actual legislatura desde su inicio en septiembre de 2024, cuando el Congreso llamó a su suplente para tomar protesta en su lugar, hasta que tribunales federales confirmaron que debía respetarse su derecho político-electoral.
