Adriana Ochoa
En los despachos oficiales donde el poder se ejerce, se gestan tormentas que tardan años en descargar. El caso de los taxímetros digitales en la Ciudad de México, destapado por la jefa de este país a propósito de la victoria jurídica del gobierno mexicano en el panel arbitral, apunta baterías, sin ella nombrarlo, al hoy líder oficialista en el Congreso de San Luis Potosí: Héctor Serrano Cortés.
“No escuché mi nombre. No me siento de ninguna forma involucrado en un tema así”, dio por toda respuesta el diputado local. Se lo preguntó una reportera cuando ya se retiraba de una casi domesticada rueda de medios. En efecto, Doña Claudia Sheinbaum, no lo mencionó, pero su nombre salpica todo el expediente, disponible al público en el web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en español, o ICSID, en inglés).
En 2016, cuando Serrano era secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, se decidió que el futuro pasaba por una aplicación llamada L1bre. La premisa era seductora: modernizar un gremio anquilosado, obsoleto ante un sistema Uber que ya había expandido sus operaciones por todo México.
El hoy jefe de la bancada del Partido Verde en San Luis Potosí aparece en el centro de la diana, como causal de irregularidades, pero también como argumento de defensa. No es una interpretación; es el peso de los hechos. En esos documentos, la defensa del Estado no tiene empacho en alegar anomalías de origen.
El laudo arbitral, emitido el 26 de marzo de 2026, ha puesto punto final a las pretensiones de una indemnización astronómica por 2,100 millones de dólares. Las empresas “dueñas” del sistema, Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, se dijeron víctimas de expropiación técnica e incumplimiento. El Tribunal concluyó que el Estado mexicano no incumplió obligaciones, pues la concesión nació muerta, viciada de gravedad.
Las irregularidades no fueron errores menores. No existió convocatoria pública ni transparencia. La Secretaría de Movilidad (Semovi) carecía de competencia legal para otorgar directamente esa concesión de taxímetros. El Comité Adjudicador actuó fuera de los supuestos legales, saltándose los plazos y requisitos esenciales de cualquier contratación pública.
Para entender la responsabilidad de Serrano, la Navaja de Occam –esa regla que dicta que la explicación más sencilla suele ser la correcta– ofrece tres escenarios posibles. El primero sugiere que Serrano fue un funcionario rutinario que solo firmó papeles. Esta hipótesis, sin embargo, no explica las reuniones privadas previas con los empresarios promotores, registradas en el expediente.
La segunda opción plantea una negligencia o presión política sin lucro personal. Serrano habría actuado por ineficiencia o por órdenes superiores del gobierno de Mancera. Pero para la defensa del gobierno mexicano, esta teoría se queda corta ante una celeridad inusual y la exclusión de cualquier licitación pública para beneficiar a un solo grupo.
La tercera explicación, que para la defensa mexicana une todos los puntos, es la del funcionario que pactó una concesión irregular. Esta hipótesis explica las reuniones a puerta cerrada en 2015, los mensajes internos y la adjudicación directa sin competencia. Es la respuesta con menos suposiciones.
El gobierno federal utilizó precisamente estos elementos. La estrategia legal de México consistió en exhibir la ilegalidad de sus propios funcionarios. Para salvar el presupuesto nacional, el Estado tuvo que retratar a Serrano como el arquitecto de un entuerto.
En el memorial de contestación del gobierno mexicano, datado el 23 de mayo de 2022, se aportan varios mensajes y expresiones entre los promotores del proyecto, quienes después se dividieron. En uno de estos mensajes, supuestamente antes “de la planchada final” con el secretario (de Movilidad), uno de ellos promete: “Si nos da ese contrato así le compro un ph en Manhattan”.
El sistema L1bre tenían que probar que todo operaba bien durante meses: que las tabletas funcionaran, que la app no se cayera, que pusieran seguros y fianzas. El beneficio obligado para las empresas sería de 12 pesos por viaje; más de 250 taxistas se ampararon. El juez federal determinó que el secretario de Movilidad no tenía facultades legales para concesionar el equipo auxiliar (las tabletas digitales) de los vehículos privados. Encima de eso, la app no avanzaba del medio hacer, no pasaba las pruebas.
El entonces titular de Movilidad emitió una “Declaratoria de Necesidad” que supuestamente validaba todo. Ese fue el pecado original. Los tribunales mexicanos ya la habían declarado ilegal e inconstitucional como recurso años antes. Carecía de sustento.
Incluso la documentación técnica resultó ser un castillo de naipes. En los archivos oficiales no existe una versión firmada del título de concesión de 2016; solo proyectos provisionales. Cuando el Órgano Interno de Control revisó el caso en 2017, detectó que nunca se entregó legalmente nada a la empresa.
El Tribunal del CIADI validó esta narrativa. Al existir vicios de origen tan estructurales, los inversionistas extranjeros no podían alegar “expectativas legítimas”. Nadie puede reclamar derechos sobre un acto que fue nulo desde que se estampó la primera firma. La cancelación, ya en el gobierno de Sheinbaum en la CDMX, no fue arbitraria, sino una corrección legal.
México se ahorró 2 mil millones de dólares. El laudo del 26 de marzo de 2026 es un triunfo para las finanzas públicas. A pregunta de un reportero en la mañanera, la presidenta volvió a referirse al caso sin nombrar al hoy diputado local en San Luis Potosí. Muy sonriente, ofreció que invitará a Andrés Lajous Loaeza, el secretario de Movilidad de la CDMX que sucedió a Serrano, “para que les cuente el enjambre”. Lajous es hoy titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
Que además del rigor de un expediente arbitral sobre Serrano pesan facturas de otra naturaleza con la 4T, es de dominio público. Con Mancera, optó por un proyecto distinto al de AMLO cuando el tabasqueño decidió reconvertir Morena en partido para postularse a presidente por tercera ocasión en 2018.
Extraño que haya resuelto contra Serrano Cortés un panel arbitral internacional de negocios antes que la Fiscalía de la CDMX sobre el centro de espionaje que el gobierno de Miguel Ángel Mancera operaba en la calle de Márquez Sterling número 15, en la colonia Doctores.
La Fiscalía de la CDMX anunció en septiembre de 2020 que la Coordinación General de Investigación Estratégica indagaría tales actividades, en agravio de ciudadanos, funcionarios y políticos, entre el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la actual jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum.
Las publicaciones en medios atribuyeron a Serrano Cortés la responsabilidad de ese centro de espionaje desde la primera mitad del gobierno de Mancera, cuando ocupaba la secretaría General. La indagatoria anunciada ha sido solo ruido.
ROLLOS SUELTOS
SORDERA OFICIAL. Hace año y medio, en gobierno estatal se hizo un estudio de la situación de Bomberos. Con todo y que ese estudio retrataba las carencias del cuerpo, que incluso motivaron protestas de los bomberos, Gobierno del Estado no hizo nada, fiel a su línea y estilo: si no controla el algo como si fuera su corral, y no le rinde pleitesía, no lo apoya. El incendio en una planta de polímeros de la ZI, con más de cien millones de pesos en pérdidas, deja claro lo mucho que San Luis requiere de un cuerpo de bomberos bien equipado y respaldado con seguridad médica y social.
NO DECORATIVOS. En Interapas, un dictamen del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa sobre la elección de integrantes ciudadanos de su Consejo obliga a cambiar a algunos elementos distinguidos, y eternos, cuya representatividad fue puesta a revisión, con las conclusiones esperadas: como “representar”, no representan a nadie, pero sí ocupan un lugar que por ley corresponde a otros perfiles y sectores.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
