Iraís Valenciano
La semana pasada, la captura de un empresario en el Club de Golf la Loma corrió como reguero de pólvora y generó comentarios y dudas, no tanto por el motivo, sino por la relación con el gobierno estatal y otras autoridades, así como por la variedad de servicios que les brinda.
El detenido fue identificado como el representante de dos empresas beneficiadas con contratos gubernamentales: Innovaseg del Centro MX, S.A. de C.V. y Stacknet de México S.A. de C.V.
Incluso, Francisco Javier N., quien el pasado 31 de julio fue aprehendido durante un cateo por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aparece en la solicitud presentada el 20 de junio de 2020 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para pedir el registro de la marca “Innovaseg”.
Según su sitio web, Innovaseg ofrece servicios de videointeligencia, vigilancia urbana, reconocimiento de rostros y placas vehiculares, así como centros de monitoreo y streaming para vehículos oficiales, privados y personal que requiera ser monitoreado en tiempo real.
El 16 de agosto de 2024, el oficial mayor, Noé Lara Enríquez y Francisco Javier N., representante de Innovaseg del Centro, firmaron un contrato por casi un millón de pesos, derivado de un procedimiento de invitación restringida para la renovación de la “Licencia Kaspersky Endpoint Security for Bussines – Advanced” y de la “Licencia Fortigate 200E License 8*5”, solicitadas por la Secretaría General de Gobierno, para el Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Francisco Javier N. también se encargó de la firma de otro contrato, el 19 de enero de 2023. El entonces secretario de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez expidió un escrito para justificar que no hubiera licitación pública, y mediante adjudicación directa, se contrató a Innovaseg para un “servicio profesional integral para el cobro, prestación de servicios de gobierno y monitoreo remoto de kioskos de Gobierno del Estado de San Luis Potosí”, por lo cual se pagaron 11 millones 663 mil 998 pesos.
¿Qué debía hacer la empresa a cambio de ese jugoso monto? Recoger, resguardar y trasladar lo recaudado en los 27 cajeros de Finanzas; garantizar el óptimo funcionamiento del hardware y software de los cajeros; monitorear la conectividad; suministrar hojas y tonner a los cajeros; así como contar con un empleado de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, en cada cajero, para brindar asesoría a los usuarios, eso sí, cada una de esas personas debía estar “debidamente uniformada con los logos de la Secretaría de Finanzas del Estado”.
Una investigación del periodista de Astrolabio, Abelardo Medellín, reveló que además de los contratos ya mencionados, Innovaseg aparece en más de 30 reportes públicos de transparencia y ha sido proveedora no solo de Gobierno del Estado, también del Congreso, del Centro de Conciliación Laboral, de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno y del Ayuntamiento de Ciudad Fernández.
Tan solo por 8 contratos, la empresa recibió más de 12 millones 730 mil pesos de parte de las diferentes instancias gubernamentales, y no todos tienen que ver con temas de videovigilancia. Por ejemplo: el 17 de diciembre de 2021, acordó proveer a Comunicación Social de Gobierno del Estado, 4 micrófonos inalámbricos y una mezcladora de de audio que, según el contrato firmado por Francisco Javier N., costaron en total 154 mil 740 pesos.
Stacknet de México S.A. de C.V., la otra empresa a la que Francisco Javier N. representa, no cuenta con un sitio web ni registro de marca ante el IMPI, pero su versatilidad es notoria en los informes de la Plataforma Estatal de Transparencia, pues lo mismo cobró un millón 445 mil 012 pesos al Ayuntamiento de Ciudad Fernández por “Fortalecimiento del sistema de videovigilancia”, que 43 mil 152 pesos por una desbrozadora solicitada por la Secretaría General de Gobierno.
También Stacknet le vendió al Ejecutivo Estatal un generador de luz, por un monto de casi 40 mil pesos, y la Secretaría de Desarrollo Económico le pagó casi 120 mil pesos por un servicio de videovigilancia.
Sobre la situación legal de Francisco Javier N, será el Ministerio Público de la Federación el que tome una decisión. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la captura se debió a “una denuncia presentada por una persona cercana al detenido, quien señaló que por conflictos familiares la había desapoderado de varias empresas, y que Francisco “R”, tenía armas en su domicilio”.
¿Por qué la persona que denunció prefirió recurrir a la Federación y no a las autoridades estatales? Es una interrogante aún sin respuesta. Lo único que sí se conoce son los más de 25 millones de pesos que las dos empresas representadas por el ahora detenido han recibido en los últimos años, sobre todo de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, encabezado por Rodolfo Loredo, del Partido Verde.
Y como ocurre en el Centro de Convenciones, donde un mismo proveedor realiza trabajos de jardinería, servicios de catering y hasta coloca altares y villas navideñas en el Centro Histórico, las empresas de Francisco Javier N. resultaron multifacéticas, pues no solo le saben a la vigilancia y el monitoreo, también cuidan cajeros de Finanzas y venden licencias de software, micrófonos y hasta podadoras.
De los temas privados, que se encarguen las instancias correspondientes. Del manejo de los recursos públicos, que las autoridades rindan mejores cuentas, transparenten cómo eligen a sus proveedores y expliquen con exactitud qué servicios brindan.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
