Por Victoriano Martínez

Los integrantes de las comisiones de Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro; de Alumbrado y Obras Públicas; de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, y de Gobernación del Cabildo capitalino acumularán hoy dos incidentes más de violación sobre dos juicios de amparo derivados de determinaciones incluidas en los programas de desarrollo urbano.

Se trata de juicios promovidos por comuneros de San Juan de Guadalupe y ejidatarios del Ejido Guadalupe Victoria y su Anexo La Cruz, del municipio de Mexquitic de Carmona, quienes también promovieron incidentes de violación por la frustrada reunión de las mismas comisiones el pasado 29 de octubre.

Esos incidentes de violación resultan de la forma desaseada en que buscan aprobar los programas con una serie de irregularidades, entre las que destaca la violación a la vigente Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga de la Sierra de San Miguelito y la condición en la convocatoria a no incluirla hasta la definición de la declaratoria de Área Natural Protegida federal.

Una necesidad apremiante por aprobar los programas de desarrollo urbano, cual si fuera imperativo dejar de lado un análisis que atienda al interés general por privilegiar el cumplimiento del calendario que hace dos semanas les impusieron grupos empresariales: 28, 29 y 30 de diciembre, mesas de trabajo; 4 de enero, sesión de comisiones, y 6 de enero, sesión de Cabildo para la aprobación.

Con las mesas de trabajo no hubo problema, salvo que en ellas surgieron más dudas y observaciones sobre ajustes que se le deben hacer a los programas. La sesión de comisiones no se logró para el día programado (4 de enero) y como si alguna justificación fuera necesaria ante los empresarios, se les ofreció la destitución de la presidenta de la Comisión de Gobernación.

Alfredo Lujambio Cataño, alcalde interino, aprovechó que el artículo 92 del Reglamento Interno del municipio lo faculta para nombrar a la presidenta de esa comisión para designar a la priísta Verónica Campillo, sin siquiera tener la cortesía de avisar a Verónica Rodríguez que sería sustituida.

Para Rodríguez, Lujambio Cataño la destituyó “de la forma más ruin”, ya que se enteró por terceros sobre su remoción y sin que el alcalde interino le requiriera información sobre la comisión que derivara en esa destitución.

Lujambio Cataño, quien como regidor encabezaba el proceso de aprobación de los programas, ahora como presidente interino –mientras repartía roscas de reyes y juguetes en colonias populares– se deshizo de quien consideraron que obstruía la posibilidad de cumplirle a los empresarios, en tanto que su suplente, David Humberto Hernández Blanco, convocaba a las comisiones.

Un retraso de cuatro días en el calendario empresarial impuesto, que parecen empeñados en enmendar y cumplir con la aprobación de los programas antes de la definición del candidato del PAN a la gubernatura, en una urgencia que pareciera confirmar la versión de que de esa determinación depende el apoyo empresarial a Xavier Nava Palacios como candidato a gobernador.

Ya sólo falta que Lujambio Cataño aproveche el artículo 34 del Reglamento municipal para convocar de urgencia al Cabildo en cuanto termine la sesión conjunta de comisiones –si no se frustra– y aprueben los dictámenes. Lo puede hacer conforme a lo que establece ese artículo.

Las sesiones extraordinarias se deben convocar “cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, salvo que el Presidente Municipal considere urgente se celebre la Sesión, caso en el cual por conducto del Secretario del Ayuntamiento podrá convocar de inmediato y por cualquier medio, debiendo cerciorarse que todos lo miembros del H. Ayuntamiento hayan sido convocados”.

Si la sesión conjunta de las comisiones ya da pie para nuevos incidentes de violación en los juicios de amparo aún no resueltos, la del pleno del Cabildo –sea inmediata o para mañana sábado– involucraría a todos sus integrantes en la desobediencia a la determinación de jueces federales.

No sería la primera vez que el Cabildo enfrente un incidente de violación a una suspensión de amparo. El caso más reciente fue el de la aprobación del cambio de uso de suelo para un predio de 6.8 hectáreas en el área natural protegida “Paseo de la Presa San José”, al final de la administración que encabezó Ricardo Gallardo Juárez.

La Juez Octavo de Distrito ordenó dejar sin efecto aquel cambio de uso de suelo, y en sesión de Cabildo del 21 de diciembre de 2018 se dio marcha atrás a esa determinación. Los encargados de hacerlo fueron los actuales regidores que, con todas las diferencias que puedan existir entre los casos, hoy se arriesgan a que una de sus decisiones corra esa misma suerte.