María Ruiz
En muchas comunidades de San Luis Potosí, las mujeres que deciden dar a luz fuera de un hospital, acompañadas por una partera, lo hacen en silencio, casi en secreto. No por vergüenza, sino por miedo: miedo a ser cuestionadas, a enfrentar la desaprobación del personal de salud o a que la partera que las asistió termine en prisión.
Para Estela Hernández Martínez y Beatriz Ana Hernández, abogadas y defensoras de derechos humanos de la organización M’im T’sabal A.C., este miedo es una forma de violencia de género y una evidencia de que en el estado persiste un sistema que limita la autonomía corporal de las mujeres.
“El derecho a decidir cómo, dónde y con quién parir nos pertenece. No es un privilegio, es un derecho humano básico, pero se nos ha ido arrebatando poco a poco”, afirma Estela Hernández.
La defensora explica que, aunque las mujeres deberían ser informadas sobre todas sus opciones al momento de planear su parto, la realidad es que el sistema de salud rara vez les pregunta si quieren ser atendidas por una partera, si prefieren un parto en casa o si desean un entorno familiar para el nacimiento.
“Cuando una mujer llega a una clínica, el personal casi nunca plantea alternativas. El parto institucional se da por hecho, aunque eso implique enfrentar violencia obstétrica o de género. Es como si el cuerpo de las mujeres fuera un territorio que no les pertenece”, añade Beatriz Ana Hernández.
Una labor ancestral bajo amenaza
Las defensoras advierten que la partería, pese a su valor histórico y cultural, aún marginada e incluso criminalizada.
“Aquí en San Luis Potosí todavía estamos hablando de persecución. A las mujeres que dicen que fueron atendidas por una partera muchas veces las regañan; a las parteras les han dicho que, si atienden un parto, pueden ir a la cárcel. Eso es gravísimo, porque se les niega el derecho a trabajar dignamente y se vulnera un conocimiento ancestral que salva vidas”, señala Estela.
La actual Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, explican, está construida con un enfoque centrado en la medicina occidental, lo que deja fuera a la partería tradicional.
“No somos nombradas en la ley como debería ser, y por eso nuestros derechos no están protegidos. Esa omisión es también una forma de violencia”, dice Beatriz.
Pese al escenario adverso, las defensoras han observado un cambio. Calculan que al menos un 20% de las mujeres han comenzado a ejercer su derecho a decidir y optan por partos en casa.
“Es ir contra el sistema. Muchas han dicho: ‘Hasta aquí el machismo’. Han entendido que el parto es suyo y que ellas son las protagonistas”, subraya Estela.
Sin embargo, reconocen que todavía hay un sector mayoritario de mujeres que siente temor o desconfianza hacia sus propios cuerpos.
“Nos han enseñado que el hospital es la única opción y que no somos capaces de parir sin intervención médica. Eso también es un aprendizaje impuesto para controlar nuestras decisiones”, dice Beatriz.
Una propuesta en camino
M’im T’sabal A.C. trabaja en una propuesta de reforma a la Ley de Salud del Estado para incluir el reconocimiento explícito de la partería y garantizar que las mujeres puedan decidir libremente sobre el proceso de parto.
La idea es presentar un foro entre septiembre y octubre, donde participen organizaciones, parteras y mujeres para redactar el texto que se propondrá al Congreso del Estado.
“Si no visibilizamos a las parteras, las mujeres nunca sabrán que tienen otra opción para parir. Y si no modificamos la ley, esa opción seguirá siendo un acto de resistencia, no un derecho protegido”, concluye Estela Hernández.
Para las defensoras, recuperar la libertad de decidir cómo traer a un hijo e hija al mundo es también recuperar parte de la dignidad y del poder de las mujeres sobre sus cuerpos.
“Parir es un acto profundamente humano y político. Y mientras el sistema siga criminalizando a quienes lo hacen de forma diferente, estaremos hablando de violencia, no de salud”, sentencian.
