Fernanda Durán
Hay palabras que pesan más que otras. No por su complejidad, sino por lo que revelan.“Aliados estratégicos”, por ejemplo, no es una expresión menor cuando aparece en la página oficial del Instituto Nacional Electoral; menos aún cuando acompaña una fotografía del vocal ejecutivo en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, sentado en un restaurante junto a actores políticos activos, entre ellos un ex diputado federal de Movimiento Ciudadano y sobrino de Dante Delgado, Pablo Gil Delgado y Ricardo Gallardo Juárez, diputado federal del Partido Verde y padre del actual gobernador.
La publicación duró poco. Fue eliminada. Pero no lo suficiente como para que pasara desapercibida.
El propio Aispuro aclaró después que él no utilizó ese término y que el encuentro había sido casual, un saludo entre conocidos. Y es posible que así haya sido. Después de todo, el árbitro electoral no puede darse el lujo de pelearse con los jugadores, su función implica dialogar, escuchar y mantener canales abiertos.
Sin embargo, lo que vino después es lo que resulta más revelador.
Desde entonces, la página oficial del INE en San Luis Potosí ha seguido documentando, con puntualidad casi diaria, la agenda de despedida del funcionario. Visitas a juntas distritales, entrevistas en medios, reconocimientos institucionales. Hasta ahí, nada fuera de lo común.
No pasó mucho tiempo para que la narrativa institucional se ajustara. Después de la polémica que generó la primera publicación, las siguientes fotografías evitaron términos incómodos y optaron por una redacción más prudente. Ya no hubo aliados estratégicos, sino abogados, entrevistas y encuentros de balance. Un cambio que parece responder menos a la naturaleza de las reuniones y más a la necesidad de contener el costo público de la primera imagen.
Pero también comenzaron a aparecer reuniones en restaurantes y encuentros con personajes que, aunque presentados como “reconocidos abogados”, tienen trayectorias políticas claras.
Entre ellos, Octavio Pedroza Gaitán, ex candidato a gobernador en 2021 por la coalición PAN-PRI-PRD, ex alcalde de la capital, senador y una de las figuras más visibles del panismo potosino en las últimas dos décadas; a su lado, su hermano Daniel Pedroza, quien fue secretario de Finanzas en el sexenio anterior, así como el ex magistrado electoral Alejandro Lafuente Torres y juristas como Gustavo Barrera y Jorge Chessal Palau, ambos con amplia influencia en el ámbito constitucional y electoral.
Llama la atención, además, que todos estos encuentros han ocurrido en espacios privados. No han sido actos públicos, no se ha convocado a medios de comunicación ni se ha informado previamente sobre su realización. La única constancia de estas reuniones ha sido su aparición posterior en la página oficial del propio Instituto, convertida en el canal que documenta lo que, hasta ahora, ha ocurrido fuera del escrutinio público.
Incluso esta vez ya no hubo “aliados estratégicos”. La lección parecía aprendida. La forma cambió. El fondo, no tanto. Y es aquí donde el tema deja de ser solo una cuestión de percepción para entrar en el terreno de las propias reglas del Instituto.
En 2020, el propio Instituto Nacional Electoral publicó su Código de Ética y su Código de Conducta, documentos que no solo establecen obligaciones legales, sino también estándares de comportamiento para preservar la credibilidad del árbitro electoral. En ellos se señala que el personal debe actuar con prudencia en relación con actores políticos, evitar cualquier acto que pueda interpretarse como apoyo a partidos o tendencias, y ejercer especial cuidado en el uso de los medios institucionales.
No se trata de una prohibición al diálogo. Al contrario, el mismo Código reconoce que el árbitro debe mantener comunicación con partidos, gobiernos y sociedad. Pero también advierte que ese contacto debe privilegiar las vías institucionales, dejar constancia de su carácter oficial y, sobre todo, evitar el uso de plataformas institucionales para fines que puedan percibirse como personales o ajenos a la función electoral.
La razón es simple: la imparcialidad no es solo una obligación jurídica, es también una construcción pública. El propio Código de Ética lo establece con claridad al señalar que el personal electoral debe conservar en todo momento una actuación neutral, no solo en los hechos, sino también en la forma en que esa actuación se proyecta ante la ciudadanía.
Bajo esa lógica, el debate ya no es si el vocal ejecutivo puede reunirse con actores políticos. Puede hacerlo. El punto es otro: si la cuenta oficial del árbitro electoral es el espacio adecuado para documentar esos encuentros como parte de su narrativa institucional, particularmente cuando se trata de reuniones fuera de instalaciones oficiales y en contextos sociales.
Lo que se observa hoy es una especie de álbum de despedida, construido desde la cuenta institucional del organismo, donde se registran encuentros personales, sociales o políticos con distintos actores del escenario público. Primero con perfiles cercanos al Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Ahora con figuras identificadas con el panismo.
Pluralidad, dirán algunos. Equilibrio, quizá. Vistas en conjunto, las imágenes parecen más cercanas a una crónica personal que a una comunicación institucional. Una suerte de recuento de despedida que, irónicamente, podría servir como material para ese libro de memorias que el propio Aispuro ha dicho que planea escribir tras su retiro. Un registro minucioso de sus encuentros, sus despedidas y sus últimos diálogos en la escena política potosina.
Pero también deja una pregunta inevitable: ¿en qué momento la cuenta oficial del árbitro dejó de ser solo institucional para convertirse en la bitácora personal de su despedida?
Porque el árbitro no solo debe ser imparcial. También debe parecerlo, y en tiempos donde la confianza en las instituciones electorales se construye con pinzas, cada imagen, cada publicación y cada palabra cuentan. Además, debe cuidar que su despedida no se confunda con su legado institucional.
Quizá por eso la primera publicación se eliminó. Quizá por eso las siguientes fueron más cuidadosas en su redacción. Sin embargo, el registro permanece y con él, la percepción.
Al final, más que los “aliados estratégicos”, lo que queda es la imagen de un funcionario que se despide dejando constancia pública —desde la plataforma institucional— de sus relaciones, sus encuentros y su paso por el escenario político local.
Una despedida documentada. Casi íntima. Pero publicada en nombre del árbitro electoral.
Y ya estando:
DESAPARICIÓN DE LA CEGAIP: En una o dos semanas podría emitirse el dictamen que formalice la absorción de la CEGAIP por el Poder Ejecutivo, en el marco de una reforma promovida desde el gobierno estatal y que el Congreso ha mantenido en proceso durante meses sin resolución definitiva.
AUTODESTAPE MORENISTA: el anuncio del fin de semana del diputado Emilio Rosas evidenció posturas diferenciadas dentro de su propia bancada. Mientras el legislador Cuauhtli Badillo, quien también ha levantado la mano como posible aspirante a la alcaldía, y Carlos Arreola se ausentaron del acto, la diputada Gabriela López acudió sin asumir un papel protagónico en la presentación. Tanto Badillo como Arreola han optado por mantenerse al margen, al insistir públicamente en la necesidad de respetar los tiempos electorales y que quienes aspiren van ganando el espacio con trabajo territorial.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
