Del fraude electrónico a la violencia sexual en línea: la radiografía del crimen digital en SLP

María Ruiz

Un mensaje de WhatsApp que promete una inversión segura. Un perfil falso que suplanta la identidad de otra persona. Fotografías íntimas difundidas sin consentimiento. Amenazas enviadas desde redes sociales o una extorsión perpetrada a través de una llamada telefónica. Aunque parecen delitos distintos, todos tienen un mismo escenario: el entorno digital.

En San Luis Potosí, la delincuencia ha trasladado parte de sus operaciones a internet, donde las plataformas digitales, las redes sociales y los sistemas informáticos se han convertido tanto en herramientas para cometer fraudes como en espacios donde se reproducen distintas formas de violencia.

Dos respuestas oficiales obtenidas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia ambas con el folio UT-SI-P-264-240469826000264-2026, permiten dimensionar este fenómeno durante el primer semestre de 2026.

La primera, emitida el 23 de julio por la Vicefiscalía de la Fiscalía General del Estado, concentra las carpetas de investigación iniciadas entre el 1 de enero y el 30 de junio por delitos cometidos mediante tecnologías de la información, internet, redes sociales y sistemas informáticos.

La segunda corresponde a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Emitida el 21 de julio, documenta exclusivamente las carpetas iniciadas por esa unidad, enfocadas principalmente en hechos relacionados con violencia de género en medios digitales.

Aunque ambos documentos responden a la misma solicitud de información, ofrecen perspectivas distintas, uno permite conocer la dimensión general de la delincuencia digital en el estado y el otro muestra cómo ese fenómeno afecta particularmente a las mujeres.

El fraude domina la delincuencia digital

Las estadísticas de la Vicefiscalía revelan que, pese a la creciente atención que han cobrado delitos como la violencia digital o la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el principal problema sigue siendo el fraude cometido mediante medios electrónicos.

Entre enero y el 30 junio de 2026 fueron iniciadas 401 carpetas de investigación por fraude electrónico, una cifra que coloca a este delito muy por encima del resto de las conductas denunciadas.

En segundo lugar, se ubicó la usurpación o robo de identidad, con 121 carpetas de investigación, seguida de la violación a la intimidad sexual, delito sancionado por la llamada Ley Olimpia, con 34 investigaciones.

Durante el mismo periodo también fueron abiertas 11 carpetas por extorsión realizada mediante medios electrónicos y 10 investigaciones por acoso, amenazas y otros delitos de naturaleza similar cometidos a través de plataformas digitales.

Los ataques dirigidos contra sistemas informáticos registraron una incidencia considerablemente menor. La Fiscalía reportó únicamente dos carpetas por acceso ilícito a sistemas o equipos de informática y dos denuncias por suplantación de identidad.

En contraste, no se iniciaron investigaciones por daño, alteración o sabotaje de sistemas informáticos, ni tampoco por delitos vinculados con el uso de inteligencia artificial.

El concentrado estadístico incorpora además 117 carpetas de investigación clasificadas como otros delitos digitales previstos en el Código Penal, las cuales complementan el total de investigaciones iniciadas durante el semestre.

Las cifras reflejan que la mayor parte de la actividad delictiva en internet continúa relacionada con afectaciones patrimoniales, especialmente aquellas que buscan obtener recursos económicos mediante engaños, plataformas falsas, robo de datos personales o suplantación de identidad.

Los delitos digitales ya no se concentran únicamente en la capital potosina. Las carpetas de investigación y datos proporcionados por la Vicefiscalia se distribuyen en distintos municipios de la entidad, entre ellos San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala y Salinas, lo que evidencia que el uso de herramientas digitales para cometer delitos se ha extendido prácticamente a todas las regiones del estado.

La expansión del acceso a internet, el crecimiento de las operaciones bancarias en línea y el uso cotidiano de redes sociales han ampliado también el universo de posibles víctimas.

Las cifras también hablan de quiénes son las víctimas

La información pública disponible permite identificar algunas tendencias sobre las personas afectadas, aunque el propio registro presenta importantes limitaciones.

De las carpetas en las que fue posible conocer el género de la víctima, 63 corresponden a mujeres, 38 a hombres y una a una persona moral, es decir, una empresa o institución.

Sin embargo, el documento advierte que 584 carpetas de investigación, principalmente relacionadas con fraude electrónico, usurpación de identidad y otros delitos informáticos, no contienen ese desglose o bien la información fue clasificada en diversos Acuerdos de Reserva, por lo que no es posible determinar el género de las víctimas en esos expedientes.

Esta ausencia de datos impide conocer con precisión el perfil de quienes resultaron afectados en la mayoría de las investigaciones.

En la misma información dispuesta por la Vicefiscalia, se muestra dificultades para identificar a quienes delinquen en internet, las cuales también quedan reflejadas en las estadísticas oficiales.

En 60 carpetas de investigación no existe información sobre el género del probable responsable, una condición frecuente cuando las investigaciones permanecen abiertas o aún no ha sido posible identificar plenamente a la persona involucrada.

En los casos donde sí existe ese dato, la Fiscalía reporta 30 hombres y 12 mujeres como probables responsables.

Además, 14 carpetas de investigación contienen información total o parcialmente reservada, con fundamento en diversos acuerdos emitidos por la Fiscalía General del Estado, entre ellos los identificados como V/AR/23/2026 y V/AR/10/2026.

La clasificación impide conocer parte de la información relacionada con víctimas y probables responsables mientras las investigaciones continúan en desarrollo.

Hasta aquí, el panorama general muestra que la delincuencia digital en San Luis Potosí tiene como principal rostro el fraude electrónico y el robo de identidad. Sin embargo, cuando las estadísticas se observan desde la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, emerge otra realidad: la violencia ejercida desde una pantalla tiene un marcado componente de género y afecta, principalmente, a mujeres.

Cuando la violencia digital tiene rostro de mujer

Si el registro general de la Vicefiscalia permite observar que los delitos patrimoniales dominan el escenario digital, las estadísticas de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales muestran otra dimensión del problema: la violencia que se ejerce contra las mujeres a través de teléfonos celulares, redes sociales y plataformas digitales.

El documento precisa que los datos corresponden únicamente a las carpetas de investigación iniciadas directamente por esa unidad y no representan la totalidad de las denuncias recibidas por la Fiscalía General del Estado.

La aclaración es relevante porque la institución cuenta con delegaciones regionales y Agencias del Ministerio Público en distintos municipios que también reciben denuncias e inician investigaciones. Esos expedientes no forman parte de la estadística presentada por la Fiscalía Especializada.

La dependencia explica, además, que una misma carpeta puede involucrar a más de una persona imputada, por lo que el número de probables responsables puede ser mayor al número de investigaciones iniciadas.

Bajo ese criterio, las cifras muestran que la violencia digital mantiene un patrón definido: las mujeres aparecen como las principales víctimas en delitos relacionados con la difusión de contenido íntimo, el acoso sexual y otras conductas cometidas mediante herramientas digitales.

Dentro de los delitos analizados por la Fiscalía Especializada, la difusión ilícita de imágenes, conocida como una de las conductas sancionadas por la Ley Olimpia, concentra la mayor cantidad de investigaciones.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 107 carpetas de investigación por este delito, todas iniciadas en el municipio de San Luis Potosí.

El comportamiento mensual fue el siguiente: Enero cerró con 17 carpetas de investigación. En esos expedientes fueron identificadas 15 mujeres y dos hombres como víctimas. Respecto a los probables responsables, la Fiscalía registró dos mujeres, 13 hombres y tres personas cuyo género no fue determinado.

En febrero nuevamente se contabilizaron 17 investigaciones. Las víctimas fueron 17 mujeres y un hombre, mientras que los probables responsables correspondieron a una mujer, 12 hombres y seis personas sin identificación de género.

Durante marzo la cifra aumentó a 20 carpetas. De ellas, 19 víctimas fueron mujeres y un hombre. En cuanto a los probables responsables, fueron identificados una mujer, 16 hombres y tres personas cuyo género permanece sin determinar.

En abril se iniciaron 15 investigaciones, con 13 mujeres y dos hombres como víctimas. Los probables responsables fueron cinco mujeres, 11 hombres y tres personas sin dato de género.

El punto más alto del semestre se presentó en mayo, con 24 carpetas de investigación. En ese mes fueron registradas 22 mujeres y dos hombres como víctimas. Los probables responsables correspondieron a tres mujeres, 17 hombres y cinco personas cuyo género no pudo establecerse.

Finalmente, en junio fueron abiertas 14 carpetas, con 13 mujeres y un hombre como víctimas. Los probables responsables identificados fueron dos mujeres y 12 hombres.

Los datos muestran una constante, en cada mes del periodo analizado, las mujeres representaron la mayoría de las víctimas de este delito.

Acoso sexual digital: una violencia que permanece constante

El acoso sexual cometido mediante plataformas digitales también aparece como una conducta recurrente en las investigaciones de la Fiscalía Especializada.

Durante enero se iniciaron cuatro carpetas de investigación en San Luis Potosí. Las cuatro víctimas fueron mujeres y los cuatro probables responsables fueron hombres.

En febrero se registraron tres investigaciones. Nuevamente las víctimas fueron mujeres; en cuanto a los imputados, la Fiscalía reportó dos hombres y una persona cuyo género no fue determinado.

La incidencia aumentó durante marzo, con cinco carpetas. En esos casos fueron identificadas cuatro mujeres y un hombre como víctimas. Los probables responsables fueron cuatro hombres y una persona sin identificar.

En abril se contabilizaron tres investigaciones, todas con mujeres como víctimas. Los probables responsables fueron dos hombres y una persona sin dato de género.

Durante mayo se alcanzó una de las cifras más altas del semestre, con siete carpetas de investigación. Todas las víctimas fueron mujeres y los probables responsables correspondieron a cinco hombres y dos personas cuyo género no fue determinado.

Para junio, la Fiscalía reportó cuatro carpetas, nuevamente con mujeres como víctimas. Los probables responsables identificados fueron tres hombres y una persona sin identificar.

El comportamiento de este delito mantiene una tendencia similar a la difusión ilícita de imágenes, la mayoría de quienes denuncian son mujeres y, cuando existe información sobre los responsables, predominan los hombres.

Las amenazas cometidas mediante medios digitales tuvieron una menor incidencia durante el semestre, aunque también aparecen dentro de las investigaciones relacionadas con violencia digital.

Según lo dispuesto por esta Fiscalía Especializada, enero se inició una carpeta de investigación cuya ubicación fue clasificada como información reservada mediante el Acuerdo AR/FDM/11/2026. En ese expediente aparece una mujer como víctima y como probables responsables fueron registrados una mujer y un hombre.

Durante febrero se abrió otra investigación bajo el mismo acuerdo de reserva. La víctima fue una mujer y el probable responsable identificado fue un hombre.

No se reportaron carpetas durante marzo.

En abril fueron iniciadas tres investigaciones, todas en San Luis Potosí. Las víctimas fueron mujeres y los probables responsables correspondieron a una mujer y dos hombres.

Durante mayo y junio no se registraron carpetas por este delito.

Por otro lado, las investigaciones relacionadas con delitos contra la identidad también tuvieron presencia durante todo el semestre.

En enero fueron iniciadas dos carpetas de investigación. Las víctimas fueron mujeres y los probables responsables correspondieron a un hombre y una persona sin identificar.

En febrero nuevamente se registraron dos investigaciones, con dos mujeres víctimas, un hombre señalado como probable responsable y una persona sin dato de género.

Durante marzo la cifra aumentó a cinco carpetas. Todas las víctimas fueron mujeres. Los probables responsables fueron tres hombres y dos personas cuyo género no fue determinado.

En abril se iniciaron seis investigaciones, todas con mujeres como víctimas. Los probables responsables fueron tres hombres y tres personas sin identificación de género.

Durante mayo fueron abiertas cinco carpetas. Cuatro víctimas fueron mujeres y una persona fue registrada con otro género. Los probables responsables identificados fueron seis hombres.

Finalmente, en junio se reportó una carpeta cuya ubicación permanece bajo reserva mediante el Acuerdo AR/FDM/11/2026. La víctima fue una mujer y el probable responsable un hombre.

Abuso sexual equiparado: investigaciones que también alcanzan el entorno digital

Dentro de las carpetas iniciadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales también aparecen investigaciones por abuso sexual equiparado cometido mediante herramientas digitales.

La incidencia fue menor en comparación con la difusión ilícita de imágenes o el acoso sexual, pero los expedientes muestran nuevamente la presencia mayoritaria de mujeres como víctimas.

Durante enero y abril no se iniciaron carpetas de investigación por este delito.

En febrero se abrió una investigación cuya ubicación fue clasificada como información reservada mediante el Acuerdo AR/FDM/11/2026. En ese expediente la víctima fue una mujer y el probable responsable aparece sin identificación de género.

En marzo nuevamente se inició una carpeta bajo reserva. La víctima fue una mujer y el probable responsable señalado fue un hombre.

El mayor número de investigaciones ocurrió en mayo, cuando fueron abiertas cuatro carpetas en el municipio de San Luis Potosí. Todas las víctimas fueron mujeres. Como probables responsables fueron identificados tres hombres y una persona cuyo género no fue determinado.

Finalmente, durante junio se inició una carpeta más, también clasificada bajo el Acuerdo AR/FDM/11/2026, con una mujer como víctima y una persona sin identificación de género como probable responsable.

Lo que las estadísticas no muestran

Los datos oficiales permiten observar tendencias, identificar los delitos con mayor presencia y conocer algunos patrones sobre víctimas y probables responsables. Sin embargo, también evidencian los límites de la información pública cuando las investigaciones permanecen abiertas o su difusión puede afectar el desarrollo de las indagatorias.

En la respuesta emitida por la Vicefiscalía, una parte de los registros aparece clasificada como información reservada mediante acuerdos oficiales de la Fiscalía General del Estado, entre ellos V/AR/23/2026 y V/AR/10/2026.

En total, 14 carpetas de investigación contienen información total o parcialmente reservada relacionada con víctimas o probables responsables.

En ese sentido, la Fiscalía reconoce que 584 carpetas de investigación, principalmente relacionadas con fraude electrónico, usurpación de identidad y otros delitos digitales, no cuentan con ese desglose dentro de la matriz pública o la información fue omitida por motivos de clasificación.

Una situación similar ocurre con quienes presuntamente cometen estos delitos.

En 60 carpetas de investigación el género del probable responsable aparece como “sin dato”, lo que refleja una de las principales dificultades de perseguir delitos cometidos en internet: identificar a quien se encuentra detrás de un perfil falso, un número telefónico desechable o una cuenta anónima.