Desiree Madrid
El combate a la extracción ilegal de agua en San Luis Potosí depende en buena parte de la participación ciudadana. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), siete de cada diez inspecciones o sanciones realizadas por la dependencia se originan a partir de denuncias presentadas por la población, lo que ha permitido detectar perforaciones clandestinas y aprovechamientos no autorizados.
El director estatal de la Conagua, Darío Fernando González Castillo, explicó que esta colaboración ha sido clave para focalizar las inspecciones, sobre todo porque la delegación en el estado sólo cuenta con dos inspectores oficiales.
La institución ha tenido que habilitar personal de otras áreas para reforzar las verificaciones, apoyándose en los reportes que llegan a través del portal de denuncias del Gobierno Federal.
Uno de los casos recientes ocurrió en la localidad de Wadley, en el Altiplano, donde una denuncia permitió ubicar y detener la instalación de una máquina para perforar un pozo sin autorización. La maquinaria fue retirada y se impidió el inicio de la obra, lo que evitó un daño mayor al acuífero.
Las zonas con más reportes de extracción ilegal son el Altiplano, la zona metropolitana y municipios como Villa Hidalgo, Arista, Guadalcázar y Ciudad del Maíz.
Según la Conagua, los infractores no pertenecen a un solo perfil: hay desde particulares que extraen agua para uso personal hasta empresarios que intentan aprovecharla con fines comerciales.
El incremento de denuncias refleja una mayor conciencia social sobre la escasez del agua y los efectos que la extracción ilegal tiene en las comunidades.
La Conagua afirmó que su enfoque no es criminalizar a los usuarios, sino actuar contra quienes lucran o abusan del recurso. Además, las reformas que se discuten a la Ley de Aguas Nacionales prevén sanciones más severas: las multas podrían llegar hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y se busca tipificar delitos hídricos como la manipulación de medidores o la transferencia ilegal de agua.
La dependencia reconoció que, pese a los avances, el reto sigue siendo enorme. Mientras la infraestructura y el personal se mantienen limitados, la denuncia ciudadana se ha convertido en la principal herramienta para vigilar un recurso que cada vez es más escaso y disputado.
