Denuncia de violación de derechos humanos en detención de huicholes

Eduardo Delgado

El reciente decomiso de peyote y la detención de cinco huicholes, entre ellos una mujer y su hijo de seis meses de edad, fue ilegal, se realizó de forma arbitraria y con abuso de autoridad de parte de elementos de la policía estatal, denunció Juan Felipe Cisneros Sánchez, miembro del Observatorio Indígena Mesoamericano en San Luis Potosí.

Los huicholes, expuso, fueron retenidos en la comunidad Yoliat, cercana a la cabecera municipal de Salinas de Hidalgo, donde fueron arrestados por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, cuyo titular es Guzmar Ángel González Castillo.

Mediante un escrito, Felipe Cisneros condenó que el grupo de huicholes arrestados hace unos días fueron víctimas de “violaciones a sus derechos humanos”, al ser retenidos en su peregrinación al sitio sagrado Wirikuta, epicentro de su identidad cultural y de su espiritualidad, localizado en el altiplano potosino.

“Imagínate que vas a visitar las tierras sagradas del cristianismo y que estás en Belén, lugar donde nació Jesús de Nazaret. Te encuentras gozando de su inspiración y su gracia, cuando de repente se presentan unos centuriones modernos, armados, montados no en caballos, sino en patrullas y equipados como antimotines”, ilustró.

Además, “te insultan con improperios, quitándote tus ofrendas, agua bendita, dinero, prendas que armaste para honrar a Dios, te arrestan sin que Judas te haya dado un beso, te quitan el transporte y además te acusan de traficante, así como de irresponsable por llevar a niños y a una madre joven en tu andar. ¿Qué locura? ¿no crees?”.

Algo similar, expuso, les sucedió a los peregrinos wirrárikas, originarios de Zitakua, Nayarit, en el Sitio Sagrado de Tatei Matinieri, que significa “Donde están nuestras Madres”, ubicado en el pueblo Yoliat.

Ahí, condenó, “fueron literalmente asaltados por agentes de la policía, que vociferantes arremetieron contra los peregrinos exigiéndoles un permiso para transportar peyote”, el cual les fue mostrado, en oficio expedido por sus autoridades tradicionales.

Documento con el que acreditaron su identidad y en el que se explica a las autoridades correspondientes que van en peregrinación y a la recolecta de Peyote, el cual utilizan durante todo el año, sobre todo para el Hikuri Neixa o Fiesta del Peyote en el mes de junio.

El peyote, explicó, es fundamental para mantener viva la cultura de identidad wirrárika, además de que ancestralmente han transitado por Wirikuta, la que consideran como su territorio sagrado.

“Ruta reconocida como parte de su peregrinar en la Constitución del Estado de San Luis Potosí, en su artículo nueve, en el que se reconoce la presencia regular de los wirrárika o huicholes en territorio potosino”, precisó.

Asimismo, abundó, el reconocimiento histórico y constitucional también está establecido en el Pacto de Hauxa Manaka, firmado en 2008 por los entonces gobernadores de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Por el que se protege su ruta histórica y cultural hasta llegar al santuario de Wirikuta, que tiene un enorme significado dado a que es ahí donde nació el Sol, lugar donde “cazan al venado” que se simboliza en la recolecta del peyote, de vital importancia para el ejercicio de su espiritualidad.

Por tanto, no se les deben aplicar acciones penales sin considerar el contexto cultural y sus derechos humanos y colectivos, contrarias al derecho ancestral reconocido en Tratados Internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Graciela Torres Chico, Ezequiel Bonifacio Flores Carrillo, Alfredo Chon Hernánez, Rosa Chico de la Cruz y Raúl Torres Chico, enunció, fueron víctimas de “este calvario”, que inició cuando agentes estatales, “los detuvieron arbitrariamente”.

Después, la Fiscalía General de la República (FGR) les quitó todo lo que traían en su vehículo, lo que incluía seis costales de Jícuri sagrado o peyote. Mientras tanto, otra institución retiene a Elia Díaz Camilo y su hijo de seis meses.

Tampoco, abundó, faltó el linchamiento y la criminalización de los peregrinos en el boletín informativo emitido por seguridad pública, reproducido en los medios, que “raudos” exhibieron a los wirrárikas como “traficantes de peyote”, como resultado del racismo, desigualdad y discriminación.

Atropello, recordó Felipe Cisneros, que no se veía desde el 28 de febrero de 2010, cuando dos grupos de peregrinos wirraritari pertenecientes a Santa Catarina, Cuexcomatitlán, Jalisco, fueron agredidos por policías de San Luis Potosí y la municipal de Catorce, cuando llegaron a la mitad de la noche a interrumpirlos en plena ceremonia de Jícuri en Wirikuta, en el ejido Las Margaritas.

Gracias a la intervención de ejidatarios locales y de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se resolvió el problema, al acudir al lugar de los hechos y documentados los agravios por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Como resultado se autorizó la entrega de una res para ofrecer en sacrificio, se inició una investigación sobre los responsables del agravio, la cual derivó en una disculpa de las autoridades del Ayuntamiento de Catorce, primero mediante un boletín de prensa y días después en un acto celebrado en la comunidad de Santa Catarina.

En aquel entonces, los peregrinos retomaron su camino con todo el Jícuri que habían recolectado, escoltados por elementos de Seguridad Pública hasta el límite con el estado de Zacatecas.

“El propio gobernador tuvo que intervenir para resolver este problema”, recordó.

Dos meses antes, refirió, el pueblo Wirrárika se enteró de las concesiones mineras otorgadas en Wirikuta a First Majestic Silver, compañía que a la fecha pretende operar en el territorio sagrado, lo que motivó la respuesta del pueblo Wirrárika para proteger la ruta sagrada de Wirikuta, “que a la fecha persiste pese al acoso de las trasnacionales mineras”.

“La cuestión ahora es: la Secretaría de Seguridad Pública y su policía, ¿asumen que se equivocaron con estos peregrinos y que hubo abuso? ¿no saben que la ruta sagrada se tiene que resguardar y proteger?”.

“Los medios de comunicación que se prestaron a alimentar el prejuicio y la criminalización de los peregrinos ¿conocen el tema? ¿cuándo devolverán a la joven madre y a su hijo a su comunidad y al seno familiar?”, cuestionó.

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