María Ruiz
La defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, Catalina Torres Cuevas, denunció la falta de continuidad de las políticas públicas municipales dirigidas a este sector de la población, luego de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí dejara sin vigencia la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, creada en enero de 2024 para dar seguimiento a los resultados de una consulta pública e impulsar acciones institucionales en favor de esta población.
La instancia fue establecida mediante un acuerdo administrativo publicado el 2 de enero de 2024 en la Gaceta Municipal, bajo la adscripción directa de la Secretaría General del Ayuntamiento. Sin embargo, sus artículos transitorios establecieron que su vigencia concluiría el 30 de septiembre de ese mismo año, sin que posteriormente se emitiera un nuevo acuerdo que garantizara su permanencia. De acuerdo con la información expuesta, actualmente no cuenta con personal, presupuesto ni instalaciones para desarrollar sus funciones.
La falta de continuidad de esta unidad contrasta con los compromisos que el propio Ayuntamiento estableció en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, donde la inclusión de las personas con discapacidad se plantea como una responsabilidad transversal de la administración, que debe involucrar distintas áreas y no limitarse a la entrega de apoyos asistenciales.
El documento reconoce que en el municipio existen 37 mil 413 personas que presentan al menos alguna discapacidad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, con un total de 60 mil 806 modalidades de discapacidad registradas. También identifica barreras que limitan su desarrollo en igualdad de condiciones, entre ellas la falta de infraestructura accesible, los obstáculos urbanos, la discriminación laboral y la necesidad de mayor sensibilización pública.
Para elaborar el Plan se realizó una consulta específica a personas con discapacidad, mediante la cual se recopilaron 789 opiniones y propuestas a través de foros generales, presenciales, virtuales y especializados. Las demandas se concentraron principalmente en los ejes de Movilidad Inteligente, con 25 por ciento; Ciudad Familiarmente Sostenible, con 21 por ciento, y Libertad Basada en la Seguridad, con 18 por ciento.
Entre los compromisos municipales se encuentran la instalación de guías podotáctiles, el incremento de semáforos sonoros, la construcción y rehabilitación de rampas, la habilitación de cajones de estacionamiento exclusivos y la supervisión para mantener las banquetas libres de obstáculos. También contempla fortalecer los programas de inclusión laboral, garantizar la accesibilidad en centros educativos, bibliotecas y parques municipales, así como proporcionar ayudas técnicas, entre ellas sillas de ruedas, bastones y aparatos auditivos.
El plan también establece la capacitación de policías y servidores públicos para garantizar un trato digno, la elaboración de protocolos de Protección Civil específicos para personas con discapacidad, la incorporación de este sector en las Juntas de Participación Ciudadana y el Consejo de Desarrollo Social Municipal, además de la capacitación de personal en Lengua de Señas Mexicana. Asimismo, plantea transversalizar la perspectiva de discapacidad en todas las áreas de la administración y dotar de certeza jurídica a la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad.
Sin embargo, Torres Cuevas cuestionó que la atención municipal permanezca concentrada en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pues consideró que esta dependencia tiene una función asistencial, pero no puede sustituir la responsabilidad del Ayuntamiento de diseñar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
“Se me ha dicho que el DIF es el que tiene que ser el garante de las personas con discapacidad, pero eso no es, ni debe ser así”. sostuvo.
La defensora explicó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece un modelo basado en los derechos humanos, la autonomía y la igualdad de oportunidades, por lo que la responsabilidad de las autoridades no debe reducirse a proporcionar apoyos individuales, sino garantizar las condiciones para que este sector pueda estudiar, trabajar, desplazarse y participar en la vida pública.
Como ejemplo de las limitaciones en materia de inclusión laboral, señaló que la agencia de empleo del DIF habría conseguido colocar a apenas 10 personas con discapacidad durante una administración municipal completa de tres años.
La activista atribuyó estos resultados a la falta de políticas públicas construidas desde los estándares de la Convención y a la ausencia de protocolos que incorporen las necesidades de las personas con discapacidad en las distintas áreas municipales. Cuestionó, además, que la accesibilidad se reduzca principalmente a la instalación de rampas, sin atender otras condiciones que permitan el ejercicio de sus derechos.
“El problema está en que seguimos atorados en las políticas asistencialistas”, manifestó.
En ese sentido, recordó que cuando la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad se encontraba en funcionamiento, el entonces secretario general del Ayuntamiento, Jorge Daniel Delgadillo, le explicó que el propósito de esa instancia no era entregar ayudas técnicas, sino impulsar políticas públicas desde la administración municipal.
Torres Cuevas señaló que una de las responsabilidades que deberían asumir las distintas dependencias municipales es incorporar la perspectiva de discapacidad en los instrumentos normativos y protocolos que regulan sus actividades.
“Entonces, que me digan dónde están los protocolos, por ejemplo, de Protección Civil. No existen para personas con discapacidad, es decir, no hay uno para unos y otro para otros… tiene que estar incluido dentro del reglamento de construcción, dentro del reglamento de comercio… en todos los reglamentos tienen que estar incluidas las personas con discapacidad, pero eso no lo va a poder hacer el DIF porque no son sus funciones”, afirmó.
La defensora agregó que esta visión también repercute en las personas que brindan cuidados y acompañamiento a quienes viven con discapacidad, pues sus necesidades tampoco quedan resueltas mediante la entrega de apoyos individuales.
Torres Cuevas advirtió que mantener esta perspectiva reproduce relaciones de dependencia y coloca a las personas con discapacidad en una posición de desigualdad, en lugar de reconocerlas como sujetos de derechos y con capacidad de decidir sobre sus propias vidas.
“Están todavía estancados en ser pobres, dignos de lástima y muy por debajo de los otros, que somos quienes les apoyamos desde arriba. No están siendo tratados como personas en igualdad de condiciones”, señaló.
La defensora consideró que la falta de seguimiento a los compromisos institucionales representa un incumplimiento de las obligaciones de las autoridades frente a las personas con discapacidad.
Al referirse a la ausencia de mecanismos que garanticen que los acuerdos derivados de las consultas se traduzcan en acciones concretas, sostuvo: “Para mí eso se llama desacato”.
Explicó que, conforme a la naturaleza de la asistencia social, el DIF tiene atribuciones para proporcionar apoyos a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, pero no para sustituir las responsabilidades estructurales de las áreas municipales encargadas de elaborar reglamentos, diseñar programas, garantizar la accesibilidad y generar condiciones de igualdad.
“El DIF carece tanto de las facultades legales como de la naturaleza institucional idónea para cumplir con estas funciones estructurales, relegando a las personas con discapacidad y a quienes las cuidan a una posición de desigualdad perpetua, muy por debajo de los estándares que demanda una sociedad verdaderamente justa y democrática”, concluyó.
