Desiree Madrid
Colectivos de protección animal denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) los casos de maltrato animal registrados en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), y acusaron por igual a los organizadores de negligencia y de no aplicar las leyes estatales y federales que prohíben la explotación de animales.
Señalaron que, pese a haber llegado a acuerdos verbales con el patronato, los animales continúan expuestos a condiciones de explotación.
El pasado martes 12 de agosto los activistas realizaron un recorrido en las instalaciones de la feria y documentaron diversos puntos donde se registraba maltrato. Encontraron ocho carruseles de ponis, bueyes y vacas usados para fotografías, además de un pitón exhibido con el mismo fin.
También observaron que en algunos juegos se ofrecían conejos, patos y peces como premios.
Un informe técnico veterinario advierte que los ponis son obligados a permanecer inmóviles por horas, sin espacio para mover el cuello, sin agua ni descanso, lo que les provoca estrés, daños a la salud y constituye explotación.
Según los activistas, el sábado de esa misma semana la situación empeoró, pues los animales trabajaron durante 12 horas seguidas, desde la una de la tarde hasta la una de la mañana.
Los colectivos sostienen que el Patronato de la Fenapo vendió espacios a líderes que, a su vez, los revendieron, lo que impide tener control sobre quién está a cargo de los animales.
Indicaron que, aunque hubo varias reuniones en las que se prometieron cambios, el sábado no se aplicó ninguna mejora, motivo por el cual rompieron el diálogo y organizaron una protesta el domingo.
Posteriormente, en otra reunión, el Patronato accedió a una revisión médica de equinos y otros animales. Sin embargo, los activistas señalaron que solo se presentaron 20 de los 32 que esperaban ver, y sospechan que únicamente mostraron a los ejemplares en mejores condiciones.
Afirmaron que algunos animales estaban en proceso de desparasitación y otros en espera de vacunas, lo que representa un riesgo sanitario tanto para la ganadería como para el público, en especial niños y niñas.
Ante la falta de acciones, los colectivos presentaron una denuncia ante la FGE y adelantaron que harán lo mismo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en el municipio de la capital, con la intención de llevar a juicio a quienes resulten responsables, incluyendo a organizadores, autoridades que otorgan permisos y a quienes ejercen directamente el maltrato.
Aunque la feria concluye el 31 de agosto, su objetivo es que las carpetas de investigación permanezcan abiertas y se dé seguimiento posterior.
Los activistas también lamentaron que los directivos del Patronato desconocieran la existencia de la Ley de Protección a los Animales del Estado, cuando lo único que piden es que se cumpla.
Criticaron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por minimizar la causa, y a diferencia de décadas pasadas, hoy existen leyes que respaldan su lucha.
Negaron que su movimiento tenga intereses políticos; se mantienen apartidistas para poder trabajar con cualquier partido que muestre un compromiso real con el bienestar animal.
Finalmente, Margarita López, de Amigos de Corazón de México, y Carla García, de Huella Amiga, se identificaron como portavoces del colectivo y reiteraron su compromiso con la defensa de los animales.
