Carlos Rubio
En Astrolabio no nos tomamos a la ligera la denuncia que el representante de Distribuidora VEM presentó en contra del director general de este medio ante la Fiscalía General del Estado. Sabemos que es un intento por intimidar y aprovecharse de un sometido aparato de justicia, que suele trabajar a favor de intereses externos, muy alejados de procesos objetivos e imparciales.
No es poca cosa presentar una denuncia en contra del representante de un medio de comunicación, mucho menos cuando está sustentada en dichos y suposiciones de un particular (Fabián Espinosa Díaz de León), que con la revelación del verdadero proyecto que planeaba llevar a cabo, vio frustrada su oportunidad de hacer negocio con un bien de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, su alma mater de la cual no dudó en intentar sacar un provecho a costa de toda moral.
Su denuncia, más que asustar, deja clara la clara la vía por la cual él, sus socios, amigos y/o cómplices, planeaban pasar por encima de lo que el Consejo Directivo Universitario aprobó en noviembre de 2023: un contrato leonino, con tantos cabos sueltos como necesitaran para que el proyecto final pudiera quedar abierto a la interpretación de la empresa arrendataria. Claro está que esto no pudo haber sido posible sin el respaldo de alguien en la propia Universidad que dejara pasar de largo cualquier tipo de especificación que protegiera a la institución de este tipo de situaciones.
Al calce, el contrato también fue firmado por Martín Joel González de Anda, ex abogado general de la UASLP.
En aquella sesión, el rector Alejandro Zermeño Guerra informó al Consejo Directivo Universitario: “Se está pensando en que puedan quedar ahí unas instalaciones deportivas que con el tiempo pasarían a ser cien por ciento de la Universidad, y así poder tener en un futuro un nuevo campus deportivo”.
Posteriormente, las condiciones fueron puestas sobre la mesa tal cual los siguientes puntos:
- El contrato de renta se celebrará por 20 años.
- El primer año será de gracia (no se cobrará renta).
- Al año de la firma del convenio, se pagarán $ 3’450.000.00 [tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100).
- A partir del tercer año, el pago será indexado, de acuerdo con la inflación anual.
- Se darán 25 cajones de estacionamiento, exclusivos para la comunidad universitaria.
- 30 horas diarias, en los diferentes espacios deportivos, con precios preferenciales para la comunidad universitaria acreditada.
- La infraestructura de las construcciones deportivas, comerciales, administrativas y servicios: se entregarán a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sin costo alguno, al terminar el contrato de arrendamiento.
En efecto, en las condiciones dadas no dice que en ese terreno se construirá un centro deportivo. Tampoco dice si el proyecto debe ser más comercial o más deportivo. Ni si debe ser 80 por ciento deportivo y 20 por ciento comercial. No se dijo en esa sesión y tampoco lo dice el contrato.
Estos son los cabos sueltos que, con dolo, tanto la empresa como la propia UASLP, dejaron abiertos para que en el patrimonio de la Universidad se edificara cualquier tipo de proyecto.
Bien se pudo haber construido un motel con estacionamiento y una cancha de futbol al lado y, aun así, los supuestos beneficios para la institución se habrían cumplido: 25 cajones de estacionamiento y 30 horas diarias de deporte con precios preferenciales para la comunidad universitaria.
Vamos, hasta otro estadio para el Atlético San Luis se pudo haber llevado a cabo en ese terreno, mientras tuviera estacionamiento y se dejara entrar a los universitarios a “precios preferenciales”.
Es por ello que el contrato contiene tres anexos, incluido un cronograma de trabajo, pero ninguno de ellos es un plano que especifique cómo será el proyecto final que se llevará a cabo.
Pregunto: usted, estimado lector, ¿mandaría a construir su casa sin haber visto un plano de cómo va a quedar? No. Nadie en su sano juicio lo haría, pero casualmente, la máxima casa de estudios de San Luis Potosí, lo hizo.
Una infinidad de interpretaciones de las cuales queda claro que la empresa Distribuidora VEM, y socios, estaban enterados y planeaban sacar provecho para llevar a cabo el centro comercial “Distrito Santa Fe”.
No es casualidad que, en su denuncia, Fabián Espinosa haga hincapié en cuatro ocasiones, en que el contrato que se firmó con la UASLP es para “desarrollar un proyecto con espacios deportivos, comerciales y de servicios de recreación”.
Un énfasis que más que necesario, termina siendo una confesión del tramposo provecho que buscaban sacar de un contrato ventajoso, con letras chiquitas que no estaban escritas, pero que sí estaban pensadas para que, a través de la redacción, se pudiera convencer a cualquier autoridad judicial de que la construcción de una plaza comercial estaba permitida y avalada por la comunidad universitaria.
Ninguna denuncia contra un medio de comunicación tapará ni maquillará la realidad de lo que se buscó hacer con el patrimonio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tampoco limpiará la moral de los implicados. No es más que un recurso desesperado ante la exhibición de oscuras intenciones.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente director editorial de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
