Derechos laborales, terreno árido para las comunidades trans

Mariana de Pablos

Parte de la lucha de las chicas trans consiste en ser respetadas en todos los espacios en los que se desenvuelvan, así como garantizar que todas las opciones educativas, laborales y profesionales a las que aspiren sean accesibles para ellas. Sin embargo, en la actualidad, esto no podría estar más alejado de la realidad. En el caso de las opciones laborales, suelen ser muy precarias, mal pagadas y estar sujetas a condiciones de discriminación. Por lo que el trabajo sexual resulta preferible para algunas personas a la hora de conseguir ingresos esenciales.

“Las personas trans estamos muy carentes de derechos, de poder ser. Yo siempre lo digo: México es un país libre donde se castiga a las personas que viven en libertad”.

Cuando Bárbara Irazamy Portillo salió de su casa a los 15 años, luego del rechazo que recibió de parte de sus familiares al expresar su deseo de cambiar de identidad. No sabía a donde ir ni qué hacer. Su cuerpo, como el de muchas otras mujeres trans era una buena herramienta por dónde empezar, convirtiéndose así el trabajo sexual en su única herramienta de supervivencia.

El colectivo trans –que abarca a todas las personas que transitan de un género a otro– es uno de los que se enfrenta a más dificultades a la hora de buscar acceder a un trabajo. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2021, se encontró que para la población de 15 a 64 años cuya identidad u orientación no normativa aumenta la probabilidad de la negativa a un empleo, oscilando entre el cinco y el 19 porciento, siendo las mujeres trans las más afectadas con una probabilidad de 18.8 porciento.

“A las personas que hemos rechazado esa condición asignada se nos excluye”, se duele Irazamy. Ello a pesar de que el marco jurídico mexicano contempla que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución, entre los cuales destaca el derecho a no sufrir a ningún tipo de discriminación y a desempeñarse en la profesión, comercio o trabajo que sea de la elección de cada quien. Sin embargo, lo escrito en el papel sigue sin permear las realidades sociales de las personas trans.

Es así que uno de los colectivos más marginados, vulnerables y estigmatizados del mundo, que se enfrenta de forma cotidiana a violaciones de sus derechos humanos, es el de las personas trans. La falta de oportunidades laborales y las precarias condiciones de vida a las que se enfrentan muchas de ellas ante el poco o nulo apoyo familiar y oportunidades laborales justas y dignas, empujan a un buen porcentaje al trabajo sexual.

Te sales y ¿a dónde vas?

La experiencia de Irazamy como mujer trans, activista y defensora de los derechos de la comunidad LGBT le ha permitido llegar a la conclusión de que el rechazo social y familiar es el que lleva a muchas de ellas por el camino de la prostitución, “pues necesitamos comer, sobrevivir”. Se trata de un problema estructural que adquiere la forma de exclusión, rechazo y discriminación, que desemboca en que el trabajo sexual. Lejos de ser una alternativa para muchas mujeres, pasa a convertirse en el único camino transitable para salir adelante:

“Hay muchas que quisieran salir de ahí, claro, pero no hay herramientas, y sales, pero ¿a dónde? No existen oportunidades”.

Las estimaciones sobre el número de personas que se dedican al trabajo sexual en México no son precisas; sin embargo, la Segunda Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación señala que -tan solo en la Ciudad de México- el 54 porciento de quienes ejercen este trabajo son mujeres trans, el 40 porciento son mujeres cisgénero, el cinco porciento son hombres cisgénero y uno porciento son hombres trans.

Según Irazamy, 8 de cada 10 personas trans han ejercido por lo menos alguna vez en su vida el trabajo sexual, explica que: “para algunas es la única manera de sobrevivencia; otras a lo mejor utilizamos el cuerpo como herramienta para poder lograr algunas cosas como ganar lo suficiente para estudiar o salir del país; y para otras ya es una forma de vida”.

Esta misma encuesta realizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) en 2021, también indica que el principal motivo para ejercer el trabajo sexual es económico. El 55 porciento lo hace por falta de oportunidades laborales; 12 porciento por decisión propia y al 2.3 porciento los obligan a prostituirse.

Se trata de una vida muchas veces solitaria porque se vive en el anonimato y sujeta a diversas violencias. Quienes ejercen el trabajo sexual se ven obligadas a vivir excluidas de la ley; además, la protección frente a los abusos y las violaciones de Derechos Humanos es prácticamente nula, convirtiéndose así en personas muy vulnerables a la violencia.

Una investigación publicada por la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) reveló que más de mil 200 trabajadoras sexuales de 15 países de América Latina y el Caribe denunciaron haber sufrido algún tipo de abuso a sus Derechos Humanos desde 2016. Entre los más reportados hay discriminación, acoso, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, violaciones sexuales y extorsión.

“Muchas se han muerto ahí, las han matado. Las chicas que trabajan en las carreteras se suben a los camiones y quién sabe si regresarán o no. Todas las violencias a las que puedes ser vulnerable van desde sexuales, físicas, económicas y también psicológicas”, comentó.

El 64 porciento de las trabajadoras sexuales que laboran en la calle viven violencia y discriminación. En el caso de las mujeres trans, el porcentaje sube a 76.9, siendo los clientes quienes más las agreden: “Desde burlas hasta golpes. ¿Cómo vas a pasar y aventarles botellas o vidrios? Somos personas”, expresa con indignación Irazamy.

La postura de los estados ante esta realidad permanece omisa. Irazamy explica que la comunidad trans de San Luis Potosí es una de las más grandes del país. Además, se tiene registros de su actividad laboral sexual desde la década de los sesentas; sin embargo, “en lugar de cuidarlas, porque ‘ha habido asesinatos, violaciones a los derechos graves’, decide no hacer nada”.

“Mientras no se haga caso a estas violencias; mientras no estemos en las platillas laborales que deseemos; mientras no tengamos un lugar en los gobiernos; y mientras no se empiece a legislar sobre nuestros derechos como personas trans y como trabajadoras sexuales va a seguir normalizándose toda esta discriminación que conlleva el riesgo de perder nuestra propia vida”, añade.

Una cuestión de derechos

“Mucho tiempo me pase buscando las respuestas a mi rechazo, decía ‘no soy una persona mala, solo soy una persona trans’”. La mayoría de las violaciones a los Derechos Humanos que sufren las personas trans no son denunciados, pues sus reclamos suelen ser ignorados y las denunciantes expuestas a diversos maltratos.

En que concierne al trabajo sexual, si bien en la mayoría de los países no está tipificada la venta y compra de sexo como un delito, en la práctica, la falta de leyes que protejan a las trabajadoras sexuales de la estigmatización, la discriminación y la violencia las deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Enfrentándose así a una doble estigmatización: por ser mujeres transexuales y por ejercer la prostitución.

Además de los abusos a los que están constantemente expuestas, la calidad de vida de las personas que ejercen esta actividad -especialmente si son trans- suele ser precaria e incierta. El estigma social, aunado a la falta de certeza legal, explica Irazamy, suele dificultar el acceso a la salud, a la educación, a tener seguridad social y a acceder a viviendas dignas.

De ahí la exigencia a que los estados reconozcan el trabajo sexual como un trabajo formal. Son varios los colectivos trans quienes señalan que una ley que lo reconozca les permitiría salir del silencio en el que viven la mayoría de ellas, brindándoles así una serie de garantías con las que hoy no cuentan y que les permitirían, al menos, reducir los daños y abusos a los que actualmente están expuestas. Además, sería el primer paso para transitar hacia un cambio cultural.

Si bien los derechos de todas las personas trabajadoras sexuales deben, sin lugar a dudas, ser garantizados, el trabajo sexual no debe ser considerado un sinónimo de la realidad trans, no solo porque existen muchas mujeres trans que se dedican a otras actividades y profesiones, sino porque a lo que se aspira aquí es a que “quienes quieran ejercer el trabajo lo hagan con todas las de la ley: sabiendo que cuentan con derechos que deben ser respetados, pero no como la única oportunidad que hay para sobrevivir”.

“Es importante contar con otras oportunidades para que quienes no quieran ejercer el trabajo sexual no tengan que hacerlo”. Se habla entonces de la responsabilidad de los estados de desarrollar medidas para que, quienes decidan dedicarse a esta actividad lo hagan libres de violencia y con apego a sus derechos. Pero, sobre todo, a que se dediquen esfuerzos para ofrecer tras oportunidades para quienes no quieran hacerlo. Trabajar en eliminar el estigma, los estereotipos y el rechazo a las personas trans, para que no se vean obligadas a transitar por la prostitución como la única vía para la sobrevivencia.

Sin embargo, señala Irazamy, esto aún no puede considerarse una realidad, pues “no hay ni una sola dependencia que trabaje el tema. Hacen como que no existe. A lo mejor ahora ya hablamos de personas transgénero pero nunca hablamos de las personas trabajadoras sexuales”. La realidad y las necesidades de este grupo poblacional minoritario, como expresa Irazamy “permanece en la congeladora”.

“Hay una deuda histórica con el reconocimiento de las personas trans porque, oye, siempre hemos vivido y existido y nunca se nos ha dado el lugar como personas”.

Aún así, Irazamy no pierde la esperanza. Desde la asociación Inclusión e Igualdad que coordina, trabaja por la construcción de vidas dignas para todas las personas trans. A través de iniciativas, propuestas y llamados a la acción a los gobiernos y a la ciudadanía, busca que “poco a poco cerremos esta brecha de desigualdad y que las oportunidades sean las mismas para todas las personas”.

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