Angélica Campillo
El diputado del partido Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos presentó ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa con Proyecto de Decreto que insta a reformar el párrafo segundo del artículo 135 del Código Penal de la entidad potosina, con el fin de elevar las penas a quien cometa feminicidio. Asimismo, la legisladora del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Valdés Martínez propuso la creación de una Comisión Especial de Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
En la exposición de motivos, el legislador señaló que en la entidad potosina, las muertes relacionadas con el género están alcanzando magnitudes alarmantes, sin embargo la responsabilidad del estado de actuar con la debida diligencia en la promoción y protección de los derechos de las mujeres es insuficiente, en relación los asesinatos registrados.
Recordó que durante el 2018, 93 potosinas fueron víctimas de homicidio. Mientras que de esos crímenes, 26 fueron considerados como feminicidios, ubicando a San Luis Potosí en el décimo lugar entre los estados con mayor tasa de este delito.
Explicó que San Luis Potosí también se ubicó entre las primeras diez entidades con más casos de abuso sexual y de violación, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Indicó que, de acuerdo a los datos oficiales que la Fiscalía General del Estado (FGE) otorga a la Federación, el delito de feminicidio registró en 2015 un total de 7 casos; en 2016 fueron 8; para el 2017 sumaron 18 casos y en el 2018 se registraron 26 feminicidios.
De igual forma mencionó que en lo que va de 2019 se han suscitado los siguientes hechos:
- Enero 10. Santo Domingo. Una mujer fue encontrada muerta a la entrada a su vivienda con golpes y lesiones por arma blanca.
- Enero 28. Cd. Valles. Diana Ivette apareció asesinada en un despoblado, tenía dos tiros en el rostro.
- Febrero 17. Santa María del Río. Una mujer fue asesinada a puñaladas en su domicilio.
- Marzo 17. Tras una semana de desaparecida, la estudiante Paola fue encontrada decapitada en el camino a Peñasco.
- Marzo 25. Una jovencita de apenas 16 años fue brutalmente asesinada a golpes, en Soledad.
Apuntó que la tendencia va en aumento, y de continuar así, el 2019 rebasará por mucho el número de feminicidios suscitados en años anteriores.
Externó que resulta evidente reformar el Código Penal Local y homologarlo con el Código Penal Federal en materia de sanciones por la comisión de este delito:
ARTÍCULO 135.Comete el delito de feminicidio, quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
- Exista, o haya existido una relación de parentesco; afecto; docente; o laboral, o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación, o superioridad, entre la víctima y el agresor;
- Exista en la víctima signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- Se halla infligido a la víctima, lesiones, o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; o actos de necrofilia; o que generen sufrimiento;
- Existen antecedentes de violencia, sexual, física, psicológica, patrimonial, económica, o de cualquier indicio de amenaza, producidas en el ámbito, familiar; laboral; o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.
- Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o violencia sexual, relacionados con el hecho delictuoso, del sujeto activo en contra de la víctima;
- La victima haya sido incomunicada, o privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto de cualquier forma, depositado, o arrojado en un lugar público.
Se reforma el párrafo segundo del artículo 135 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue: “Este delito se sancionará con una pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y sanción pecuniaria de dos mil a cinco mil días del valor de la unidad de medida y actualización”. Cabe destacar que en la actualidad las penas contra quien cometa feminicidio van de veinte a cincuenta años de prisión.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Por su parte, la legisladora Alejandra Valdés Martínez, apuntó que la propuesta de la mencionada Comisión tiene como objetivo cooperar con los trabajos y acciones que el gobierno desarrolla para erradicar la violencia contra las mujeres.
En su exposición de motivos, la diputada manifestó que en la actualidad seis municipios de la entidad cuentan con esta declaratoria desde hace más de un año, que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.
Coincidió con el diputado Eugenio Govea en el aumento de feminicidios en los últimos tres años en San Luis Potosí, aún y cuando en el 2011 en la entidad se tipificó éste como delito. Agregó que con lo anterior, resulta fundamental que el Congreso del Estado instituya un mecanismo de seguimiento frente a este fenómeno, que el
Gobierno del estado no ha podido controlar.
IMES ve con buenos ojos las iniciativas
Entrevistada al respecto, la titular del Instituto de las Mujeres del Estado, Erika Velázquez Gutiérrez dijo que los esfuerzos que se hacen desde el Congreso del Estado por erradicar la violencia de género y en este caso la violencia feminicida, se ve con buenos ojos, pero este delito en específico tiene otras cuestiones que trabajar, “me parece que puede inhibir a las personas agresoras a cometer este tipo de delitos terribles, pero lo cierto es que tenemos que seguir trabajando con los agentes del Ministerio Público”.
Recordó que el jueves 4 de abril hubo sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, en donde se dio a conocer un diagnóstico de los tipos de violencias en contra de las mujeres y de las modalidades que hay en la actualidad en la entidad potosina, mismo que realizó el Colegio de San Luis (Colsan) en 20 municipios en los que se ha presentado la violencia feminicida.
Comentó que entre los resultados que se presentaron se detectó que algunos Ministerios Públicos, al momento de aplicar el artículo 135 tenían la idea de que debía cumplirse con todos los incisos del artículo, para tipificarlo como feminicidio, cuando no es así, “basta con que se presente antes del homicidio alguna violencia sexual, o que se tenga algún parentesco con la víctima, es decir, no se tienen que dar todas las causales”.
La funcionaria estatal explicó que este diagnóstico permite ver muchas áreas de oportunidad, no sólo en la Fiscalía sino en algunas otras dependencias, para determinar hacia dónde se deben de reedireccionar las políticas públicas, así como la implementación de campañas de prevención tendientes a evitar la violencia feminicida.
Afirmó que a través de las unidades y módulos que se encuentran en las diferentes regiones del estado, insistirán en realizar campañas de prevención de violencia, ya que hay mujeres que son víctimas de algún delito y lo normalizan, al grado de decir que no fue tan grave o no va a volver a pasar cuando está demostrado que el círculo siempre va de menos a más.
Recordó que en el año 2018 hubo un repunte de feminicidios en casi todos los estados de la República, lo cual consideró que se relaciona con el hecho de que las mujeres estén dando pasos hacia la igualdad, lo que se traduce en agresiones por parte de quienes ejercen violencias machistas, “el exhibir los cuerpos es una especie de castigo”.
Externó que, por ello, se tiene que trabajar con la sociedad civil y con los medios de comunicación para que no se sigan reforzando estereotipos en los que se vea una supuesta superioridad de los hombres para con las mujeres, “desde edades muy tempranas estar trabajando con niños, niñas y tratar de concientizar a la sociedad en general de que se tiene que tener una sociedad más igualitaria”.
El diputado solo quiere colocarse en el ojo público: Urenda Navarro
Por separado, la investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Urenda Navarro Sánchez aseguró que la experiencia nacional e internacional señala que el aumentar las penas para castigar el feminicidio no ha servido para desmotivar a los criminales en la comisión de este tipo de delitos, por lo que el acento debería de ponerse en otro lado.
“Me parece más bien que ante el escenario político, el diputado ve un área de oportunidad para colocarse en el ojo público, pero que en realidad es muy desafortunada. Lo que debería estarse haciendo en dado caso, es un llamamiento a las autoridades, porque lo que incentiva a la delincuencia es que el mensaje institucional es de impunidad, es decir, que lo que debiera de estarse haciendo son investigaciones adecuadas, garantizando la administración de justicia en el Poder Judicial, señalando a los imputados, obteniendo una sanción y una reparación del daño a las víctimas”, aseveró.
La investigadora recalcó que el aumento de las penas no va a erradicar ni desmovilizar, ni va a hacer que un feminicida se cuestione si asesina o no asesina, “creo que por eso habría que estar poniendo el acento en otro lado”.
Resaltó que las autoridades que cuentan con facultades o atribuciones para el combate a la violencia contra las mujeres, han sido incapaces, para empezar, de poder garantizar dentro de sus estructuras institucionales, contar con personal suficiente para brindarles atención, lo que habla del poco interés que se tiene en las instituciones sobre el tema.
Destacó que otro problema de estas instituciones es que no trabajan de manera coordinada, y en consecuencia no se articulan para poder actuar de forma eficaz, lo que termina redundando en que muchas de las víctimas sean, o revictimizadas, o que sus familiares no puedan acceder a la justicia ni a la reparación del daño.
Señaló que el problema es muy complejo y no solamente obedece al tema de la impunidad, que implica garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia contra las mujeres, sino que también comprende cuestionar de forma autocrítica el funcionamiento institucional, si su actuación es la adecuada, si se requiere de construir marcos de coordinación, si se requiere intervenir de forma sustantiva para poder atenderlo, además de acciones de creación de políticas públicas que busquen garantizar los derechos humanos de las mujeres, si no la condición estructural de pobreza de las mismas que se traducen en una situación de desigualdad y en consecuencia de vulnerabilidad frente a la violencia.
Finalmente subrayó el número de sentencias condenatorias que ha habido en San Luis Potosí por el delito de feminicidio en los últimos años: en el 2012 fueron 3; en el 2013 fueron 2; en el 2014 fueron 4; en el 2015 fueron 3; en el 2016 fueron 4; y en el 2017 fueron 5, situación que, dijo, habla de impunidad.
