Texto y fotografías de María Ruiz
Durante la conferencia “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, Brittany Alexis Huesca Cuautle, responsable de Activismo y Movilización, y Alfonso Ochoa Manzo, responsable de Educación en Derechos Humanos, ambos integrantes de Amnistía Internacional México, expusieron cómo la crisis de desapariciones en el país tiene un impacto profundamente atravesado por el género, la desigualdad social y la violencia estructural.
En México, buscar a una persona desaparecida se ha convertido, para miles de mujeres, en una tarea que rebasa el dolor familiar y se transforma en una lucha política, comunitaria y de derechos humanos. Madres, hermanas, esposas e hijas cargan con una responsabilidad que el Estado no ha podido —o no ha querido— asumir plenamente: encontrar a quienes faltan.
Durante la conferencia, realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y moderada por el doctor César Eder Alanís de la Vega, los ponentes advirtieron que México es uno de los países más peligrosos para quienes defienden derechos humanos.
Activistas ambientales, periodistas y defensoras son asesinadas de manera constante. En el caso de las mujeres buscadoras, señalaron, el riesgo se multiplica: no solo enfrentan amenazas derivadas de su labor, sino también violencias específicas por ser mujeres.
“Las defensoras de derechos humanos están colocadas en una posición de enorme vulnerabilidad”, expusieron.
A la violencia ejercida por grupos criminales se suma la ejercida desde las propias instituciones, mediante omisiones, estigmatización y revictimización.
Brittany Alexis Huesca Cuautle y Alfonso Ochoa Manzo señalaron que la búsqueda de personas desaparecidas recae desproporcionadamente sobre las mujeres debido a factores culturales y políticos profundamente arraigados.
Son ellas quienes históricamente han asumido las tareas de cuidado dentro de las familias y quienes, frente a la desaparición de un ser querido abandonan empleos, proyectos personales y estabilidad económica para emprender una búsqueda que debería garantizar el Estado. Sin embargo, esa labor ocurre en condiciones de abandono institucional.
Las buscadoras enfrentan obstáculos diferenciados por razón de género: funcionarios que minimizan las denuncias, comentarios sexistas, insinuaciones, violencia psicológica y mecanismos burocráticos que retrasan las investigaciones. Expresiones como “seguro se fue con el novio”, “hay que esperar 72 horas” o “en algo andaba” continúan reproduciéndose en agencias ministeriales y fiscalías, denunciaron los especialistas.
Estas narrativas, además de revictimizar, perpetúan la idea de que las personas desaparecidas son responsables de su propia desaparición.
“Es un discurso profundamente estigmatizante”, señalaron. “Nadie merece desaparecer”.
Intersecciones de la violencia
Durante la exposición, los representantes de Amnistía Internacional insistieron en la necesidad de entender la desaparición desde una perspectiva interseccional.
El origen étnico, la clase social, la situación migratoria o vivir con discapacidad profundizan las barreras para acceder a la justicia. Se documentó, por ejemplo, el caso de una mujer indígena de Guerrero que tuvo que aprender español para poder denunciar la desaparición de su familiar, ante la ausencia de traductores por parte de las autoridades.
También advirtieron sobre la situación de las personas migrantes desaparecidas en México y las múltiples barreras que enfrentan sus familias para acceder a mecanismos de búsqueda y justicia. La condición migratoria, señalaron, coloca a muchas mujeres en escenarios de mayor precariedad y vulnerabilidad frente a las instituciones mexicanas.
A ello se suma el contexto territorial: muchas buscadoras habitan zonas periféricas o regiones atravesadas por la violencia criminal, donde denunciar implica exponerse a amenazas, desplazamiento forzado e incluso asesinato.
El cuerpo también busca
Uno de los aspectos más duros expuestos por Brittany Alexis Huesca Cuautle y Alfonso Ochoa Manzo fue el impacto físico y emocional de la búsqueda.
Las mujeres desarrollan enfermedades derivadas del estrés crónico y la violencia constante: diabetes, hipertensión, afectaciones visuales, trastornos del sueño y de alimentación, ansiedad permanente y daños psicológicos severos. Algunas han sufrido desprendimiento de retina debido al llanto constante.
Los ponentes subrayaron que incluso la atención psicológica institucional resulta insuficiente porque muchos especialistas intentan abordar la desaparición desde la lógica tradicional del duelo.
“Pero no se puede elaborar un duelo cuando no sabes si la persona está viva o muerta”, explicaron.
La incertidumbre permanente genera un estado de alerta continua que termina deteriorando la salud física y mental. En muchos casos, las mujeres mueren antes de encontrar a sus familiares.
Frente a la ausencia institucional, las colectivas de búsqueda se han convertido en espacios de protección, acompañamiento y resistencia.
Las buscadoras comparten recursos, realizan jornadas de búsqueda, brindan contención emocional y crean redes de cuidado que el Estado no garantiza. Incluso cuando una integrante encuentra a su familiar, muchas permanecen en las colectivas para seguir acompañando a las demás.
“Se quedan porque saben que nadie más las cuida”, señalaron durante la conferencia.
La exposición destacó que estas organizaciones han asumido funciones que corresponderían a las autoridades: investigar, buscar, documentar y sostener emocionalmente a las familias.
Violencia institucional y criminalización
Otro de los puntos centrales abordados por los ponentes fue la denuncia de la violencia institucional sistemática.
Las buscadoras enfrentan desconfianza hacia las autoridades debido a la corrupción y a los vínculos documentados entre funcionarios y grupos criminales. En algunos casos, denunciaron, las propias instituciones terminan exponiéndolas a mayores riesgos.
Además, muchas mujeres son criminalizadas por protestar. Marchas, manifestaciones y acciones de exigencia suelen ser respondidas con acusaciones de “vandalismo” o alteración del orden público. Algunas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a violencia psicológica e incluso tortura.
“La autoridad sigue reproduciendo violencia estructural”, advirtieron.
Reconocer la crisis
Como parte del informe presentado por Amnistía Internacional, Brittany Alexis Huesca Cuautle y Alfonso Ochoa Manzo compartieron una serie de recomendaciones dirigidas al Estado mexicano. Entre ellas, destacan el reconocimiento oficial de la crisis de desapariciones; el reconocimiento de las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos; la incorporación de una perspectiva de género e interseccional en las políticas públicas; y la eliminación de barreras discriminatorias para acceder a apoyos estatales.
También exigieron fortalecer las comisiones de búsqueda y fiscalías con recursos humanos y materiales suficientes, así como crear programas integrales para atender a las infancias afectadas por las desapariciones.
Finalmente, insistieron en que ninguna política pública puede construirse sin escuchar a las propias familias.
“No se puede hablar de ellas sin ellas”, concluyeron.
