Desiree Madrid
El oficial mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, aclaró que el proceso anunciado para poner en venta artículos de la administración no se trata de una venta directa, sino de una desincorporación de bienes, la cual ya fue autorizada por el Congreso del Estado.
Se trata del mismo dictamen aprobado el 25 de junio, que avaló la baja de 31 mil 119 bienes muebles del patrimonio estatal, entre ellos 30 mil 571 muebles y equipos de oficina, y 548 vehículos y maquinaria.
Lara Enríquez explicó que se trata de bienes que ya son inservibles y que, en su mayoría, son considerados chatarra:
“Son desde sillas, escritorios, algunos vehículos, muebles, vitrinas, o sea, pero la mayoría es chatarra”.
Detalló que estos bienes ocupan espacio físico en distintos inmuebles, entre ellos oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) y las instalaciones de la Dirección de Patrimonio.
Sobre el mecanismo de disposición, el funcionario descartó que se trate de una venta simple, al peso, o de reciclaje, sino que se emite una convocatoria pública en la que “se dice qué bienes son y se convoca a la ciudadanía, quien se interese en adquirirlos y, lógicamente, el que nos pague mejor es el que se los lleva”.
En cuanto al monto que el Gobierno del Estado espera recuperar, Lara Enríquez reconoció no contar con la cifra exacta en el momento de la entrevista, pero no se trata de una cantidad significativa:
“No tengo el dato en este momento, pero no es una cantidad importante, la verdad no es…”.
Agregó que el motivo principal de la desincorporación es liberar el espacio que ocupan estos bienes almacenados, más que el ingreso que puedan generar.
Cuestionado directamente sobre si los ingresos esperados alcanzarían cifras de miles o millones de pesos, el oficial mayor descartó categóricamente la segunda opción: “No, millones, no, qué bueno fuera”, sino que se estima que el monto rondaría los 200 mil a 300 mil pesos mensuales.
