Fernanda Durán
La posible desincorporación del municipio de Soledad de Graciano Sánchez del organismo operador Interapas podría definirse a principios de marzo, en un contexto marcado por despidos de personal, falta de coordinación interna y decisiones administrativas cuestionadas, advirtió el diputado Luis Fernando Gámez Macías.
En entrevista, el legislador reconoció que el proceso para que Soledad asuma plenamente la operación del servicio de agua debió concretarse desde finales de 2025; sin embargo, el tema se ha retrasado.
Detalló que el procedimiento implica un pronunciamiento formal del Ayuntamiento, su envío al Congreso del Estado, la revisión en la Comisión del Agua y la modificación del decreto de creación del Interapas, además de un periodo de acuerdos entre las partes para la distribución de recursos materiales, humanos y financieros.
No obstante, adelantó que, tras reuniones con autoridades municipales, la definición podría resolverse a principios de marzo, mientras el municipio de Villa de Pozos también avanza en ese mismo camino.
Gámez Macías subrayó que la intención de la desincorporación es que el municipio se haga cargo directamente de la prestación del servicio de agua, ante fallas persistentes en la operación del organismo.
Señaló que existen zonas con más de cinco o seis años sin suministro, pese a que los recibos continúan llegando a los usuarios, lo que calificó como una situación contradictoria que hace necesario un cambio de fondo.
En este contexto, el diputado advirtió que la falta de definición en el perfil directivo del Interapas y una serie de decisiones administrativas han profundizado la crisis interna del organismo.
Afirmó que, pese a que se había anunciado la llegada de un perfil técnico y financiero para atender los problemas estructurales, hasta el momento no se ha presentado públicamente Arturo Jaime Núñez, quien encabeza actualmente el organismo.
“Se nos dijo que venía una persona financiera para resolver los problemas de fondo del Interapas y lo único que está haciendo es despidiendo al personal”, expresó el legislador.
De acuerdo con lo expuesto, tan solo en su oficina legislativa se han recibido al menos 20 casos de trabajadores despedidos, lo que da cuenta de un proceso de reestructuración sin claridad ni comunicación institucional.
A esta situación se suma la denuncia de que una de las primeras acciones del nuevo directivo financiero fue intentar incrementarse el salario.
“Lo primero que llegó a ser su primera acción de trabajo fue llegar a aumentarse el sueldo”.
Precisó que el ajuste pretendido habría sido de hasta un 10 por ciento, sobre un ingreso mensual aproximado de 80 mil pesos.
La falta de coordinación interna también fue señalada como un problema grave.
“No hay coordinación”, sostuvo el diputado, al advertir que este escenario podría acelerar decisiones unilaterales por parte de Soledad de Graciano Sánchez y otros municipios, ante la falta de resultados y de una conducción clara en el organismo operador.
