Desiree Madrid
Tres instructores de la Academia de la Guardia Civil Estatal fueron separados de sus funciones el pasado martes mediante un procedimiento que, según la representación legal de los afectados, se realizó sin notificación formal, sin documentos oficiales y sin explicación administrativa clara.
La defensa de los elementos, quien solicitó mantener su identidad como anónima, sostuvon en entevista que la medida fue aplicada de forma “arbitraria e irregular”, por lo que ya se prepara una ruta legal para impugnar la decisión ante tribunales.
De acuerdo con la versión proporcionada por la representación de los instructores, el episodio comenzó alrededor de las 12:42 del martes, cuando un hombre que dijo ser trabajador de Oficialía Mayor llegó a las instalaciones de la academia para llamar a tres integrantes del personal.
Según la narración, el individuo no mostró identificación ni documento que acreditara su cargo, pero aun así reunió a los instructores en un aula para informarles que ya estaban dados de baja y que debían presentarse en el C5 con una funcionaria para recibir más detalles.
Uno de ellos se comunicó con su representación legal para reportar lo ocurrido, pues —según relató la fuente— no existía oficio alguno que respaldara la supuesta baja laboral ni se había realizado una notificación oficial.
“Nos vinieron a notificar, pero no nos dan oficio, no se identificaron, no sabemos nada”, relató el elemento al solicitar asesoría jurídica tras el aviso informal.
Ante esa situación, la abogada pidió a los instructores permanecer en su lugar de trabajo hasta que su superior inmediata pudiera aclarar la situación. Sin embargo, según la versión expuesta en la entrevista, la directora de la academia no se presentó ese día.
Los tres instructores —dos hombres con aproximadamente 28 y 20 años de servicio, respectivamente, y una instructora con ocho años de trayectoria— terminaron su jornada laboral con normalidad, sin recibir documento alguno que confirmara la supuesta baja.
Al día siguiente, los tres se presentaron nuevamente a laborar a las 8:00 de la mañana, como lo hacían habitualmente. La defensa sostiene que incluso el personal de acceso de la academia permitió su entrada porque no existía ninguna instrucción oficial o documento que indicara que debían impedirles el acceso. Horas más tarde, alrededor de las 10:00 de la mañana, la directora de la institución acudió a las instalaciones y les reiteró que ya no formaban parte del personal.
De acuerdo con la representación legal, durante ese encuentro se les indicó que no debían permanecer en el lugar y se les advirtió que incluso podrían enfrentar problemas por portar el uniforme institucional. Los instructores respondieron que contaban con contratos vigentes que —según la información presentada por la defensa— se extendería hasta mediados de año.
Mientras esto ocurría en la academia, la representación legal intentó verificar la supuesta baja ante distintas áreas administrativas. Primero se comunicó con personal del C5 y posteriormente con recursos humanos, pero —según la versión expuesta— en ambos casos le informaron que no tenían conocimiento de despidos o movimientos administrativos relacionados con los tres instructores.
La abogada también acudió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para solicitar una reunión con el titular de la dependencia y exponer la situación. Aunque inicialmente se le indicó que sería atendida al mediodía, finalmente no pudo concretarse el encuentro. Ante ello, decidió presentar un oficio formal para dejar constancia de la denuncia sobre lo que considera despidos injustificados.
Posteriormente, intentó entregar copia del documento a la dirección de la academia para que la institución tuviera conocimiento del procedimiento legal en curso. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, el personal jurídico de la institución se negó inicialmente a recibir el documento porque no estaba dirigido específicamente a la directora, lo que obligó a realizar una nueva versión del oficio para poder entregarlo.
La representación legal sostiene que, ante la ausencia de notificaciones formales y la vigencia de los contratos laborales, se promoverá un amparo para impugnar la separación de los instructores y exigir que la autoridad explique las razones administrativas de la medida.
Además, señaló que responsabiliza a las autoridades estatales de seguridad de cualquier situación que pudiera afectar a ella o a los elementos involucrados mientras el caso continúa su curso legal.
Hasta el momento, las autoridades de la academia y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) no han informado públicamente sobre los motivos de la presunta baja de los tres instructores ni sobre la existencia de un procedimiento administrativo relacionado con su separación del cargo. Mientras tanto, la defensa insiste en que el caso deberá aclararse mediante las vías legales correspondientes.
