María Ruiz
En San Luis Potosí, el desplazamiento forzado por desaparición no existe en los registros oficiales. No hay una categoría estadística —ni estatal ni nacional— que vincule formalmente la desaparición con el desplazamiento.
Esta omisión ha sido denunciada por organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México en su informe más reciente, publicado en febrero, pero la ausencia de cifras no equivale a ausencia de casos.
Al menos tres familias huyeron de sus municipios en el estado —Cárdenas, Ciudad Valles— tras la desaparición de un ser querido. Lo hicieron por miedo, por amenazas, por hostigamiento. Lo hicieron sin protección institucional, denuncia formal ni ficha de búsqueda. Lo hicieron porque quedarse era arriesgarse a desaparecer también.
El documento oficial CEEAV_UT_141_2025, obtenido vía transparencia, confirma lo que las estadísticas estatales no reconocen: entre 2020 y 2025, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) atendió a tres núcleos familiares desplazados por desaparición.
Tres en cinco años. Tres en un universo de 173 víctimas indirectas registradas en ese mismo periodo. Aunque la CEEAV admite haber brindado atención, no cuenta con un registro público ni con una categoría formal que documente el desplazamiento forzado como tal. La atención existe, pero no se nombra; y lo que no se nombra, no se transforma.
Entre 2020 y 2025, la CEEAV reportó atención a víctimas indirectas de desaparición en los siguientes términos:
- Total de víctimas indirectas atendidas: 173
- Desaparición forzada: 24 casos (13.8%)
- Desaparición por particulares: 149 casos (86.2%)
- Familias desplazadas: 3 casos (1.7% del total)
La disparidad es evidente. Mientras la desaparición por particulares representa la mayoría abrumadora de los casos, el desplazamiento apenas figura como una categoría marginal.
En 2023, por ejemplo, se atendieron 45 víctimas indirectas (6 por desaparición forzada y 39 por particulares), pero solo una familia desplazada. En 2021, hubo 40 víctimas indirectas, pero ningún caso de desplazamiento registrado.
El desplazamiento como daño no reconocido
El documento revela que las familias desplazadas no fueron canalizadas para presentar denuncias ni activar mecanismos de búsqueda. La CEEAV se deslinda al señalar que esa competencia corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Estatal de Búsqueda.
Esta fragmentación institucional genera un vacío: las víctimas desplazadas quedan fuera de los sistemas de justicia, de búsqueda y de reparación.
No hay protocolos específicos para el desplazamiento por desaparición ni medidas de protección. No existen garantías de retorno y tampoco reconocimiento legal del daño.
¿Reparación del daño o contención paliativa?
La CEEAV detalla una lista extensa de apoyos brindados a víctimas indirectas, que incluyen: alojamiento temporal, alimentos, traslados, sistencia médica especializada (psiquiatría), gastos funerarios, medicamentos, impresión de volantes, lonas, fichas de búsqueda, apoyos educativos, peritajes, exhumación de restos óseos y estudios de laboratorio, acompañamiento jurídico.
En 2024, se implementaron siete prácticas restaurativas con víctimas del delito de desaparición que beneficiaron a 41 personas. Estos círculos buscan reconstruir el proyecto de vida de las víctimas desde una perspectiva no jurisdiccional.
Sin embargo, el desplazamiento no aparece como eje de reparación. No hay mención de reubicación segura, ni de restitución territorial ni de atención psicosocial especializada para el trauma del exilio.
La reparación, en este contexto, parece más bien una contención paliativa: reactiva, fragmentaria, sin articulación interinstitucional.
El desplazamiento forzado por desaparición no es solo una consecuencia: es un síntoma. Un indicador de que el Estado no protege, no investiga ni busca.
Cuando las familias huyen, lo hacen porque saben que no habrá justicia, porque los perpetradores siguen libres y las instituciones no responden.
El exilio es una forma de autodefensa ante la ausencia del Estado. Y mientras no se reconozca como tal, seguirá siendo un daño invisible.
