María Ruiz
Entre 2016 y 2024, al menos cuatro familias en San Luis Potosí fueron desplazadas de sus lugares de origen como consecuencia directa del feminicidio de una mujer, lo que evidencia una de las dimensiones más persistentes y poco visibilizadas de la violencia de género: el desplazamiento forzado de víctimas indirectas.
De acuerdo con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), estas reubicaciones ocurrieron desde municipios como San Luis Potosí y Tamuín hacia entidades como Querétaro, Guanajuato y Monterrey. La información fue proporcionada en respuesta a la solicitud de acceso registrada bajo el folio 240467324000043, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Durante el mismo periodo, el estado documentó la existencia de víctimas indirectas por muertes violentas de mujeres, incluidas las relacionadas con feminicidio. En 2016 y 2017 se reportaron dos víctimas indirectas (una por año); en 2018, la cifra se elevó a ocho personas; en 2019 fueron 21; en 2020 se registraron 11; en 2021 se alcanzó el número más alto, con 39 víctimas indirectas. Para 2022 se contabilizaron 26 casos, en 2023 fueron 16, y finalmente, en 2024 se registraron ocho personas más en esta condición.
En cuanto a las medidas de protección otorgadas, los datos también muestran una evolución notable. Entre 2016 y 2017 se emitieron 972 medidas; en 2018 se entregaron 678; en 2019 el número se incrementó a 1 mil 806; en 2020 fueron 1 mil 321; en 2021 se reportaron 1 mil 364; para 2022 se emitieron 1 mil 144; en 2023, 1 mil 027; y en 2024, un total de 1 mil 465 medidas de protección fueron otorgadas a personas en situación de riesgo.
Respecto a las solicitudes específicas de protección, se diferenciaron entre víctimas indirectas de feminicidio y de otras muertes violentas de mujeres. En el primer caso, las víctimas indirectas de feminicidio presentaron cuatro solicitudes en 2018, dos en 2019, una en 2020, una en 2021, cuatro más en 2022, nuevamente cuatro en 2023 y seis en 2024. En cuanto a las víctimas indirectas de otras muertes violentas, se reportaron tres solicitudes en 2018, ninguna en 2019 ni en 2020, una en 2021, una más en 2022, cuatro en 2023 y una en 2024.
A pesar del reconocimiento institucional de los desplazamientos, entre 2016 y 2024 no se destinaron recursos públicos al pago de rentas de vivienda para las personas afectadas.
El apoyo económico se enfocó en otros rubros como transporte, con más de 400 mil pesos ejercidos en el periodo; y servicios de salud y atención médica, también por encima de los 400 mil pesos acumulados. En alimentación, el monto total fue de aproximadamente 106 mil pesos. Para educación, los registros solo reflejan apoyos en dos años: en 2017 con 13 mil 495 pesos y en 2024 con 3 mil 455 pesos.
Todos estos datos están respaldados en disposiciones normativas como el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos 76 y 77 del Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí, y los artículos 1, 4, 11, 15, 18 y 24 fracción del mismo ordenamiento legal estatal.
El panorama revela que la violencia feminicida no solo se traduce en pérdidas irreparables, sino en una serie de efectos colaterales que afectan a familias enteras.
Desde el desplazamiento forzado hasta la solicitud constante de protección y asistencia, las consecuencias persisten durante años y muestran la urgencia de diseñar respuestas institucionales más sensibles, con enfoque integral y con respaldo presupuestal claro para atender a quienes quedan.
