María Ruiz
La destitución del Leobardo Aguilar Orihuela, comisionado estatal de búsqueda de personas en San Luis Potosí, ocasionó preocupación entre colectivos de familiares de personas desaparecidas y miembros del Consejo Ciudadano de Búsqueda, quienes advierten que esta decisión representa un retroceso grave en las labores de localización, así como una violación al derecho de participación de las víctimas en los procesos institucionales que les competen.
El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros S.L.P. A.C., integrado por familias buscadoras, expresó su rechazo a lo que calificaron como una decisión unilateral del Gobierno del Estado, tomada sin previo aviso ni consulta con quienes forman parte del Sistema Estatal de Búsqueda.
Mediante un oficio entregado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, exigieron que se transparenten las razones de la destitución y que se garantice que el relevo en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) se lleve a cabo mediante un proceso participativo, consultado y público, tal como lo establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Señalaron que durante los últimos tres años, bajo la coordinación del comisionado Leobardo Aguilar, se lograron avances significativos como el fortalecimiento de rutas de intervención en campo, la promoción de mecanismos de coordinación interinstitucional y el desarrollo de diagnósticos regionales.
Afirmaron que por primera vez se había intentado cumplir con una perspectiva centrada en las víctimas, tanto en la ley estatal como federal.
En el mismo sentido, el Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí, junto a sus exconsejeros, también manifestó su inconformidad.
A través de un comunicado público señalaron que la destitución del Aguilar Orihuela fue tomada sin la debida consulta ni transparencia, lo que pone en riesgo la continuidad de los esfuerzos institucionales y representa un retroceso preocupante.
Destacaron que los acuerdos logrados durante su gestión se tradujeron en acciones concretas que beneficiaron directamente a las familias, y advirtieron que la llegada de un nuevo comisionado implicará necesariamente una pausa en los procesos de búsqueda.
Según explicaron, un nuevo titular deberá comenzar desde cero, conocer los procesos establecidos, integrar un equipo y, lo más crítico, comprender las necesidades y sensibilidades de las familias en cada región del estado.
En un contexto donde el tiempo es un factor determinante para encontrar personas desaparecidas, los colectivos y el consejo subrayaron que no se pueden permitir retrasos provocados por decisiones administrativas improvisadas.
Ambas organizaciones coincidieron en que esta remoción se realizó sin tomar en cuenta a las familias, lo cual vulnera el principio de participación que por ley les corresponde.
Además, advirtieron que esta decisión podría comprometer la efectividad de las acciones de búsqueda, romper la confianza institucional construida a lo largo de años y poner en riesgo los avances técnicos y operativos alcanzados.
En sus declaraciones, remarcaron que las familias no buscan por elección, sino por derecho, y que la búsqueda de sus seres queridos es un acto de amor que no debe ser interrumpido por decisiones de escritorio.
Reiteraron su disposición al diálogo y exigieron que se convoque de inmediato a una reunión con los colectivos para establecer mecanismos de corresponsabilidad y dar seguimiento transparente al proceso.
Tanto el colectivo como el consejo hicieron un llamado a la sociedad civil organizada para respaldar sus demandas, visibilizar la situación y recordar que el trabajo por la verdad, la justicia y la memoria no puede estar sujeto a intereses políticos ni a decisiones autoritarias que excluyan a quienes han enfrentado en carne propia la desaparición de un ser querido.
