Astrolabio

María Ruiz

A tres años y 17 días de que el joven Alan Francisco Ibarra Castillo de 22 años de edad, fue torturado y calcinado dentro de la caja de una camioneta en la comunidad de Escalerillas, San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció este sábado 9 de abril, la detención de Juana N., quien estaría implicada en los hechos junto a otros dos jóvenes.

Juana N. fue aprehendida tras una orden realizada por el Juez de Control por los delitos de homicidio simple intencional, falso testimonio y desaparición de personas. Esto luego de varias diligencias realizadas por la Policía de Investigación (PDI).

Actualmente la imputada se encuentra en el Centro de Reinserción Social de La Pila, mientras se define su situación legal durante la audiencia inicial correspondiente; un hecho que para Silvia Castillo Hernández, madre de Alan Francisco, significa un logro tras estos largos años de lucha.

Esto ha sido resultado de un trabajo que reconoce que, como madre, se convirtió en una tortura institucional continua, a la que calificó de indigna y de atentar contra sus derechos humanos como persona y víctima, pero sobre todo de un proceso que señaló como omiso, simulado y carente de reconocimiento de justicia para su hijo.

“Fueron tres años que como madre fui pisoteada, relegada e ignorada por las autoridades. Yo siempre busqué justicia para mi hijo. Siempre exigí que se investigará y detuviera a los tres jóvenes que lo privaron ilegalmente de su libertad, aquel día de su trágica muerte y los dejaron libres. Hoy puedo decir que esta detención es un logro para mí, después de tantos años. Sin embargo, esto aún no ha terminado”.

Desaparición, localización y el homicidio de Alan Francisco

El 23 de marzo del año 2019, la Silvia Castillo interpuso una denuncia ante la Unidad de Búsqueda de Personas de la FGE por la no localización de su hijo, Alan Francisco Ibarra Castillo.

La ficha de búsqueda señalaba que la última vez que se le vio fue en la colonia San Luis Rey y que el joven vestía sudadera negra, pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis negros con rojo.

Tan solo dos días después, agentes de la Fuerza Metropolitana Estatal y de la Policía Federal encontraron una camioneta Nissan Pick Up con un cuerpo, en la colonia Las Pilitas, de la comunidad de Escalerillas.

No fue hasta después del 26 de marzo que, tras realizarse las diligencias correspondientes por parte del Servicio Médico Legal (Semele), se determinó —a través de pruebas de ADN—, que el parentesco del cuerpo correspondía en su totalidad con Silvia Castillo; lo que confirmó que la persona víctima del atroz delito se trataba de su querido hijo.

Impunidad, simulación y complicidad de las autoridades

Luego de recibir la terrible noticia, Castillo Hernández realizó la denuncia correspondiente ante la FGE; una declaración formal con la que se iniciaron las investigaciones que rodearon el homicidio de su hijo.

Un proceso de investigación que le significó soportar el acoso y hostigamiento de autoridades, que no solo la revictimizaron, sino que también la hicieron objeto de violencia institucional, actos que le provocaron una experiencia traumática.

Por ello, el 20 de febrero de 2020, Silvia Castillo Hernández llevó a cabo su primera protesta a nivel nacional frente a Palacio Nacional, en donde pidió la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Posterior a ello, las diligencias en San Luis Potosí derivaron en una carpeta de investigación en la cual se señaló la probable intervención de Óscar Fernando N., Juana Astrid N. y José Adrián N., por homicidio calificado, falso testimonio y desaparición cometida por particulares y delitos de desaparición de personas.

Sin embargo, José Adrián N., según lo relatado en las declaraciones de la madre de Alan, fue quien tuvo el último acercamiento con su hijo para llevarlo a una fiesta y a quien señala de ser el principal actor de los hechos.

Después de ello y según lo compartido por Silvia Castillo, dos de los jóvenes se encuentran en calidad de probables responsables y prófugos de la justicia.

Esto en respuesta de las diversas manifestaciones que realizó Silvia, quien el 31 de octubre de 2020 recurrió a protestar desnuda en las instalaciones de la FGE.

Durante esta manifestación le exigió al ex fiscal Federico Garza Herrera que se pusiera a trabajar y realizara las investigaciones correspondientes para encarcelar a los culpables de la muerte de su hijo; una protesta en la que también culpó al ex gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, de ser un violador de sus derechos humanos.

En respuesta al indolente actuar de Garza Herrera, Silvia Castillo interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que resultó en la recomendación número 10/2020, dirigida al exfiscal por la violación los derechos fundamentales de las víctimas, el acceso a la justicia, legalidad, petición, trato digno y reparación integral del daño.

Una exigencia de justicia que le valió una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, quienes dialogaron con ella y establecieron una ruta en favor a la defensa de sus derechos humanos como víctima.

Pese a ello y a sus protestas, en medio de un proceso que parecía estar encaminado a esclarecer el caso de Alan Francisco, en marzo de 2021, tras llevarse a cabo la audiencia inicial contra los tres implicados, se les dejó en libertad por supuestas violaciones a sus derechos humanos y duplicidad del término constitucional; un accionar de las autoridades que para Silvia Castillo significó el abandono del Estado, que prefirió dejar impune el homicidio de su hijo.

Esto ocasionó que se desplazara el 9 de marzo de 2021 hasta la Ciudad de México, ante las oficinas de la Secretaría de Gobernación, para pedir apoyo y justicia por el asesinato de su hijo.

“Yo tenía que luchar y salir adelante. Perdí mi dignidad en todo este proceso, incluso me desnudé en la Fiscalía, para que Federico Garza Herrera me escuchara, pues el que no estuvieran tras las rejas los delincuentes y asesinos de mi hijo, para mí conllevaba un suplicio y una injusticia”.

Y así lo fue. Silvia Castillo quien tuvo que realizar innumerables protestas a nivel local y nacional para ser escuchada y atendida, interpuso una queja contra el juez Giovanni Efrén Camarillo Hernández, quien determinó dicha resolución a favor de los presuntos implicados en el homicidio de Alan Francisco; lo denunció de complicidad, parcialidad e ineficiencia.

A través de la causa penal RI/SLP/CP-172/21 se acreditó plenamente que Camarillo Hernández afectó la legalidad, honradez y eficiencia del caso, lo que dificultó y retardó los derechos de la madre de Alan.

Aún así, Silvia compartió que la revictimización originada por las instituciones, traspasó el área personal y vulneró su seguridad, al tener que compartir espacios con uno de los agresores de su hijo.

“Luego de que se le dejó libres y de impugnar la decisión del Juez, se volvieron a realizar unas fichas de búsqueda ahora como prófugos de la justicia. Sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no hizo nada al respecto. Incluso me he llegado a topar a Adrián N. y a su familia a las afueras de mi domicilio y no lo han detenido”.

La situación originó que la madre de Alan Francisco tomara una de las salas pertenecientes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 24 de septiembre de 2021, para demandar justicia y evidenciar que los procesos burocráticos en torno a la investigación de su hijo en la FGE estaban repletos de dinámicas violentas que vulneraban su vida diaria.

“Antes los procesos de injusticia, le perdí miedo a todo. Soy una madre que lucha por su hijo, y desde que me lo mataron, a mí también me mataron junto a él. Por eso yo no tengo miedo de llegar hasta las últimas consecuencias”.

Ante las continuas irregularidades, en el mismo mes de septiembre interpuso una queja ante la CNDH, que resultó en la recomendación número 23/2022, publicada el 4 febrero de 2022, dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Esto debido a que Castillo Hernández nunca obtuvo un mecanismo de defensa y acompañamiento en todo este proceso, e incluso nunca se enteró que podría acceder a un apoyo como víctima y parte de la reparación del daño por el homicidio de su hijo.

La recomendación señaló violaciones a su seguridad jurídica, a la legalidad en su agravio, por la omisión de no brindar protección ni auxilio, ante las amenazas surgidas del asesinato de Alan Francisco.

“Desde hace años sufro el acoso constante de los implicados de la muerte de mi hijo. Hasta el día de hoy la CEEAV nunca me brindó el apoyo necesario. Incluso el comisionado Jorge Vega Arrollo me sugirió en infinidad de ocasiones [que] ya no hiciera tanto escándalo, revictimizando mi dolor. ¿Cómo es posible?”.

Por consiguiente, el 10 marzo de 2022, protestó afuera de la sede del Congreso local para exigir justicia para su hijo, donde fue atendida por la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, quien escuchó sus peticiones.

Aunado a ello, Silvia comentó que empezó a tener contacto y acercamiento con el fiscal general, José Luis Ruiz Contreras, quien le aseguró que actualmente se realizan los procesos de investigación para dar con el paradero de los implicados en la muerte de Alan.

Trabajo y disposición que aplaude y la tranquiliza por momentos ya que, a sus 57 años, ha tenido que buscar y encontrar nuevas formas de mantener viva la memoria de su hijo, hasta que se le haga justicia.

“Yo nunca voy a parar. Ya detuvieron a una de las cómplices del asesinato de mi hijo, ahora, le pido a Ruiz Contreras se comprometa en localizar a los que faltan y que pidan la cárcel. Ellos son culpables de que mi bebé hoy no esté con nosotros”.

Asimismo, subrayó que cualquier avance en la carpeta de investigación del homicidio de su hijo ha sido un logro exclusivamente de ella.

“Me he tenido que desnudar y perder toda dignidad que me queda como mujer, como madre y ser humano para que me escuchen. ¿Qué tengo que hacer para que las autoridades hagan su trabajo? Esta lucha me mantiene viva y hasta que no estén todos los culpables tras las rejas, no claudicaré”.

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