Detrás del nombre de Fabián Espinosa, el nuevo integrante anticorrupción

Alejandro Rubio

Desde el 12 de diciembre de 2025, Fabián Espinosa Díaz de León, aquel personaje que tiene demandada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por no permitirle hacer el negocio de su vida con un terreno universitario, vuelve a la palestra, ahora cargando un estandarte anticorrupción que no combina con su actuar histórico.

Fabián Espinosa es nuevo integrante numerario del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, un cargo que deberá desempeñar al tiempo que sostiene una denuncia de dichos en contra de Miguel Maya, director general de Astrolabio Diario Digital, elperiodista Jesús Aguilar y el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño; una denuncia contra la abogada general de la UASLP; una demanda contra la UASLP por la rescisión de un contrato incumplido con el que intentó beneficiarse de un inmueble que le pertenece a la comunidad universitaria; así como un acumulado historial de polémicas en las que ha recurrido al aparato judicial, no solo para protegerse, sino para amedrentar.

Es todo un misterio cómo hizo la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción para justificar que Fabián Espinosa tiene experiencia en combate a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas, cuando tan solo su último año es el antónimo de todo lo anterior y, de revisarse años atrás, el resultado es aún peor.

En el año 2003, el nuevo combatiente de la corrupción fue señalado de ser “aviador” de la Comisión Estatal del Agua (CEA) cuando ocupaba el puesto de “asesor”, el típico cargo que, hasta hoy, se utiliza para pagar cuotas políticas.

Al mismo tiempo que recibía un sueldo en la CEA, se convirtió en candidato a diputado, lo que generó polémica debido a la imposibilidad de trabajar para el Estado y postularse a un cargo de elección popular.

Los señalamientos fueron hechos por el entonces titular, Ramón Ortiz Aguirre, quien afirmaba que se recurriría al área jurídica de la Comisión para separarlo del cargo.

Al poco tiempo Fabián Espinosa recurrió a una de sus acciones ya conocidas: demandar al propio Ortiz Aguirre por daño moral, con lo que además pretendió obtener un provecho económico al requerir una indemnización como reparación de daño y, claro, el pago de costas y gastos, según consta en el expediente 635/2003.

Dicha acción jurídica no fue solo contra Ramón Ortiz, sino también contra el Estado, ya que la Comisión Estatal del Agua también figuraba como parte demandada.

Según narró Fabián Espinosa en su demanda, las declaraciones que hizo Ortiz Aguirre sobre él a los medios de comunicación “dañaron sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada”.

Sin embargo, no logró ver nada de aquello que pretendió obtener como beneficio de esa demanda, ya que el juez determinó que no había prueba del presunto daño moral causado al demandante y que la simple publicación de declaraciones en medios de comunicación no era suficiente para probar las afectaciones señaladas por Fabián Espinosa.

Aun así, no le fue suficiente el fracaso de dicha demanda y la pérdida de tiempo para jueces que tenían que resolver sobre sus intentos de amedrentamiento, por lo que recurrió a la apelación, misma que confirmó la sentencia que absolvió a Ramón Ortiz Aguirre y a la Comisión Estatal del Agua y, por el contrario, se le condenó a Fabián Espinosa al pago de costas de ambas instancias.

Y no, aquel no fue el último audaz movimiento de uno de los nuevos rostros “anticorrupción” de San Luis Potosí.

Espinosa Díaz de León recurrió al amparo directo, como última patada y muestra de hasta dónde es capaz de llegar con tal de probarle a la sociedad que no tiene la razón, pero que de cualquier forma está dispuesto a enfrascar a autoridades, jueces y magistrados, en líos personales.

“La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a FABIÁN ESPÍNOSA DÍAZ DE LEÓN contra los actos que reclamó”, dice su último recurso de un embrollo que se extendió durante dos años.

Tan solo una muestra del amplio historial del nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Y de lo que puede esperar la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

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