Alejandro Rubio
A los usuarios domésticos les cortan el agua y a los grandes deudores los invitan a regularizarse, así es el desigual trato que el Interapas les da a sus usuarios.
Si por alguna razón el Interapas no realiza cortes de agua a los sectores público e industrial porque busca evitar un parón de la actividad económica y un probable perjuicio a los servicios médicos, bueno sería que aplicara un criterio similar para las tomas domésticas cuyo uso es más importante que cualquier otro, el humano.
De entre los 10 grandes deudores del Interapas, cinco pertenecen al sector público y cinco al industrial, sin que figure ningún uso doméstico. Las deudas van desde los cuatro hasta los 45 millones de pesos.
El mayor tiempo de adeudo se encuentra en los industriales. Hasta 179 meses de morosidad, lo que se traduce en casi 15 años. La pregunta es, ¿así de fácil? ¿Cuántos usuarios de uso doméstico tienen la oportunidad de atrasarse en su pago un solo mes y seguir disfrutando de una vida plena?
Hace tiempo que el Interapas utilizaba un tipo específico de medidor que, si el pago no se hacía a tiempo y se colocaba una tarjeta, al siguiente día se bloqueaba automáticamente sin permitir el paso de agua.
Así de estricto se llegó a comportar el organismo con los usuarios domésticos que iban al corriente, pero que hasta por un simple error no realizaron el pago en la fecha indicada. ¿De cuánto era la deuda? Quizá de 300, 500 pesos o menos, con eso era suficiente para detener un derecho humano.
Pero en el otro lado de la moneda están quienes hacen negocio con el agua y, además de eso, no la pagan. A ellos hay que invitarlos a la mesa y pedirles amablemente que realicen su pago, pero no cerrarles la llave.
¿De qué derechos adicionales goza una persona o empresa que hace uso del agua como negocio, con un adeudo de 31 millones de pesos acumulados en 105 meses, sobre una familia de cuatro personas que abren la llave solo lo necesario a lo largo del día?
O el beneficio que los industriales le brindan a la ciudad es tan grande que resultaría impensable cortarles el servicio, o más bien hay tantos compromisos adicionales a la labor pública, que son los que realmente direccionan al Interapas y a su arbitraria decisión sobre quiénes están obligados a pagar el agua y quiénes no.
Mucho se ha hablado sobre la extinción del Interapas o su rescate financiero, sin que se tome una decisión concreta. Mientras tanto, el peso de que se mantenga de pie, tambaleante, se recarga sobre las familias potosinas que mes con mes pagan por el servicio, y aun así no es garantía de que lo tengan.
Cobrarle sin reparo al ciudadano de a pie y tolerar los excesos de quienes lucran con el recurso no es una estrategia administrativa, es una abierta política de desigualdad.
El acceso al agua es un derecho humano inalienable y debe estar muy por encima de cualquier margen de ganancia empresarial. No se trata de entorpecer al sector productivo, sino de exigir algo muy simple: piso parejo para todos. El que consume, paga.
Hasta que no se demuestre verdadera voluntad política para recuperar esa cartera vencida multimillonaria, cualquier campaña que exija a la ciudadanía “cumplir con su recibo” sonará a una vil burla.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente director editorial de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
