Por Victoriano Martínez
Hoy se conmemora el Día Internacional por el Acceso Universal a la Informaciónque, con la vocación de opacidad que caracteriza a las autoridades estatales y municipales, en San Luis Potosí se ha convertido, para ellos, en el Derecho a Ocultar.
La coincidencia de la conmemoración con la temporada de informes de gobierno hace más notorio el contraste entre servidores públicos que convierten su obligación de rendir cuentas en el pretexto para actos suntuosos de culto a la personalidad y, aún peor, como foros para dar rienda suelta a su politiquería.
Tan entretenidos resultan los dimes y diretes de politiqueros encumbrados en los cargos públicos, que pareciera que a nadie le interesa saber el estado que guarda la administración pública porque se han encargado de que la atención se enfoque en sus escándalos más dignos de un ring de lucha libre que de los espacios gubernamentales.
Tan ventajoso resulta desviar la atención de esa manera, que pueden manipular la información que presentan en sus informes sin sentir ninguna obligación de presentar información verificable.
“Inversión de 306,650’722,702 pesos en cinco años y 69,877’756,901 pesos en este quinto año de Gobierno”, es la expresión con la que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona cierra su mensaje sobre su 5º Informe
En los primeros cinco años del sexenio, se ha acumulado un presupuesto de 378 mil 30 millones 845 mil 554.13 pesos, según las Cuentas Públicas presentadas al Congreso del Estado, en las que se reportan como pagados 326 mil 933 millones 178 mil 57.55 pesos, que incluyen los recursos entregados a los poderes Legislativo y Judicial, a los organismos autónomos y a los 59 municipios.
No distinguir el gasto de la inversión es la primera maniobra para tratar de impresionar antes que para dar cuenta del verdadero uso de los recursos.
Tan ridícula resulta su intención de hacer alarde de buen uso de los recursos que presumió haber entregado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 206 millones, cuando se vio obligado a entregarlos por ser lo que adeudaba de las ministraciones pactadas con la Secretaría de Educación Pública.
En el colmo de la manipulación de información para llegar a sus informes como los más eficientes, el alcalde Enrique Galindo Ceballos aparentó la publicación del video de la sesión 48 del Cabildo en su sitio Web para ocultar el incidente en el que un activista lo acusó de simular la actualización del Reglamento de Tránsito.
Un atentado al derecho de Acceso Universal a la Información para llegar sin mancha al informe que presentará mañana en la Plaza de los Fundadores, y poder dar por cumplido el compromiso de un nuevo reglamento de tránsito que aún no hace público y no es posible compararlo con el anterior para verificar que realmente tiene los avances que presume.
En el colmo de lo politiquero en que han convertido lo que tendría que ser un acto de rendición de cuentas, Galindo Ceballos anuncia “un posicionamiento político muy importante respecto del 27”, como si anunciara una respuesta al igualmente politiquero mensaje de Gallardo Cardona: “nada me dará más gusto que verlos derrotados en 2027”.
Es así como los informes exhiben a personas a quienes poco les importa cumplir con sus obligaciones como servidores públicos por medrar con el erario, evadir y esconder el estado que guarda su administración tras una escandalosa politiquería que distrae la atención, con cajas de resonancia –pagadas o voluntarias– en los medios de comunicación.
El Día Internacional por el Acceso Universal a la Información los tiene sin cuidado porque la población no tiene derecho a saber si cumplen o no como servidores públicos.
Se trata de una masa –especialmente quienes tienen credencial para votar– de votantes a quienes hay que convencer con una imagen de lo que no están dispuestos a ser, porque la base de su politiquería es parecer.
