Por Eduardo Delgado
En pronunciamiento dirigido al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguimiento de la Solicitud de la Alerta de Género para San Luis Potosí, denuncian dilación y falta de compromiso de Gobierno del Estado en implementar las acciones para el cumplimiento de la declaratoria de la alerta de género, porque solo sesionaron el pasado 30 de junio y no han vuelto a sesionar.
Oresta López Pérez, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, Alma Irene Nava Bello, Elizabeth I. Rapp Saint Martin y Arely Torres Miranda, suscribieron el manifiesto dirigido al funcionario federal, así como a los medios de comunicación y la opinión pública.
“Advertimos dilación y falta de compromiso de las instancias gubernamentales en articular las acciones que integran el programa que le da cumplimiento a dicha declaratoria, que se traduce en la implementación de estrategias desarticuladas”, señalaron.
El 21 de junio de este año, recordaron, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), decretó la Alerta de Violencia de Género en seis municipios del Estado.
Nueve días después, el 30 de junio, señalaron, el Gobernador, Juan Manuel Carreras López, instaló el grupo de trabajo integrado por representantes de instituciones, sociedad civil y academia, para trazar las acciones a seguir para salvaguardar la vida de las mujeres, pero a la fecha “dicho grupo no ha vuelto a sesionar”.
Sostienen que las autoridades han sido incapaces de frenar los feminicidios, que hoy en día rebasan el número “que dio pie a la solicitud de activación” de la alerta de género.
Consideran que “las acciones hasta ahora ejecutadas son insuficientes, poco pertinentes y carentes de voluntad política”, que se traducen “en grandes omisiones”.
“Hemos visto como la omisión, que ha llevado a la impunidad, ha movido a las familias de víctimas a pedir justicia en las instancias federales e internacionales, ante la indolencia e incapacidad de las instituciones”, añadieron.
“Desde la declaratoria a la fecha, el Gobernador debió de haber emitido un mensaje de cero tolerancia, y construido un puente de diálogo y consenso con las víctimas y ofendidos para determinar la medida de reparación de memoria que permitiera garantizar el derecho a la verdad histórica”, expusieron.
