Fernanda Durán
En el Congreso Itinerante celebrado en Tamazunchale, la diputada Jessica Gabriela López Torres presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la supervisión de los centros penitenciarios y mejorar la protección de los derechos de las personas privadas de su libertad.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis, plantea reformar los artículos 26, 27, 54 y 63 de la ley vigente, para establecer la elaboración de un Programa de Visitas Periódicas y Regulares a centros de reclusión y barandillas municipales, además de un diagnóstico anual sobre las condiciones de internamiento, que incluya causas de fallecimientos, motines, abusos y otras incidencias relevantes.
Durante su exposición en tribuna, López Torres recordó que la iniciativa tiene como antecedente un punto de acuerdo presentado en febrero, mediante el cual se solicitaban medidas para garantizar condiciones dignas y seguras para las mujeres privadas de su libertad en el Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol.
“Este llamado no fue un hecho aislado, fue el reflejo de una problemática estructural más amplia que aqueja al sistema penitenciario del estado, como lo es la sobrepoblación, autogobierno, falta de acceso efectivo a la salud y ausencia de programas de reinserción”, señaló.
La legisladora subrayó que el sistema penitenciario de San Luis Potosí enfrenta rezagos persistentes, como evidencia el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, donde el estado obtuvo una calificación reprobatoria de 5.95 en 2024, apenas una mejora mínima respecto al año anterior.
“Detrás de cada número hay vidas, hay dignidad humana comprometida”, expresó.
Otro de los cambios propuestos es formalizar la existencia de visitadurías generales especializadas dentro de la estructura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, enfocadas en la atención de sectores como personas indígenas y migrantes, así como privadas de la libertad.
Aunque actualmente estas áreas ya operan, su falta de reconocimiento explícito en la ley genera un vacío normativo que, según la iniciativa, limita su capacidad de actuación.
López Torres advirtió que la supervisión penitenciaria actual es insuficiente, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solo evaluó dos centros penitenciarios del estado en su diagnóstico más reciente.
En ese sentido, sostuvo que la reforma busca asegurar una vigilancia estatal “más amplia, efectiva y constante”, y fortalecer la capacidad de la CEDH para actuar de manera especializada frente a posibles violaciones de derechos humanos.
“Legislar a favor de las personas privadas de su libertad no es legislar para favorecer criminales. Estamos legislando para preservar la dignidad humana”, afirmó.
Asimismo, destacó que la propuesta se sustenta en principios y obligaciones establecidos en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La iniciativa establece que las adecuaciones reglamentarias correspondientes deberán realizarse en un plazo de entre 45 y 90 días naturales tras la entrada en vigor de la reforma, sin que se requieran recursos presupuestales adicionales.
Finalmente, la diputada hizo un llamado a sus compañeros legisladores a “reflexionar sobre el poder que tenemos hoy para cambiar vidas, para hacer del respeto a los derechos humanos no una aspiración, sino una realidad tangible”.
