Fernanda Durán
Las cuatro iniciativas que serán recibidas por el Congreso del Estado —impulsadas por el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol— este 11 de noviembre conforman un paquete legislativo de carácter financiero que, bajo el argumento de fortalecer las finanzas públicas y la inversión municipal, abre la puerta a un nuevo endeudamiento tanto del Gobierno del Estado como de los ayuntamientos, coordinado desde la Secretaría de Finanzas.
En conjunto, los proyectos permitirían contratar o administrar créditos por más de 10 mil 700 millones de pesos, de los cuales 7 mil 140 millones corresponderían al Ejecutivo estatal y el resto a líneas de financiamiento para los municipios con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), al Fondo General de Participaciones (FGP) y al Fondo de Fomento Municipal (FFM).
Endeudamiento directo del Ejecutivo por 7 mil 140 millones
Una de las iniciativas autoriza al Gobierno del Estado de San Luis Potosí a contratar uno o varios créditos hasta por 7 mil 140 millones de pesos, en la modalidad de crédito simple, con cargo a las participaciones federales que recibe del Fondo General de Participaciones (FGP).
El decreto permite que los préstamos se gestionen con cualquier institución del sistema financiero mexicano, bajo las “mejores condiciones de mercado”, y faculta a la Secretaría de Finanzas para adherirse o crear un fideicomiso de administración y pago que asegure la cobertura de las obligaciones contratadas.
El documento indica que el endeudamiento deberá ajustarse al techo de financiamiento neto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, pero no especifica los proyectos o rubros a los que se destinarán los recursos. También establece que los créditos podrán destinarse a inversiones públicas productivas o al refinanciamiento de obligaciones a cargo del propio Estado.
Endeudamiento con cargo al FAIS: autorización para fideicomisos del Ejecutivo
Otra de las propuestas plantea un decreto que autoriza a los municipios a contratar financiamientos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por un monto total de más de mil 234 millones de pesos.
El planteamiento faculta al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, para crear o administrar un fideicomiso de pago que concentre los recursos federales destinados a obras de infraestructura social básica.
De acuerdo con el proyecto, cada municipio podría afectar hasta 25 por ciento de los recursos del FAISMUN como fuente de pago, y contratar créditos con instituciones financieras nacionales “que ofrezcan las mejores condiciones de mercado”. Los créditos podrían formalizarse en 2025 y 2026, con vencimiento máximo al 30 de septiembre de 2027.
La autorización general sustituye la aprobación individual de cada municipio, de modo que bastará con la publicación del decreto para que los ayuntamientos inicien sus trámites de contratación ante la Secretaría de Finanzas, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal federal.
La propuesta incluye una tabla de montos máximos por municipio, donde Tamazunchale, Aquismón, Ciudad Valles y Xilitla encabezan la lista con los importes más altos, mientras que Cerro de San Pedro y Villa de la Paz figuran entre los más bajos.
También prevé que el Ejecutivo pueda cubrir los costos de calificación crediticia y operación del fideicomiso, recuperándolos posteriormente.
La iniciativa faculta a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para constituir un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, al cual se transferirán directamente los recursos federales.
El texto establece que los municipios “deberán abstenerse de realizar cualquier acción o formalizar cualquier acto tendiente a revertir la afectación del derecho a recibir los recursos del FAIS en tanto existan obligaciones de pago”, lo que implica que los recursos federales quedarán comprometidos hasta la liquidación total de la deuda.
El decreto reproduce un modelo financiero que centraliza el manejo de recursos municipales en la Secretaría de Finanzas, lo que reduce la autonomía administrativa de los ayuntamientos y abre margen a la discrecionalidad estatal en la operación de los fideicomisos. Aunque el texto afirma que el objetivo es “beneficiar a la población en pobreza extrema”, no incluye mecanismos de supervisión independientes ni límites sobre los costos financieros asociados.
Línea global de crédito con cargo a participaciones: endeudamiento ampliado
Otra iniciativa de Arreola Mallol amplía el alcance del endeudamiento: plantea un decreto para autorizar a los municipios a contratar créditos respaldados por sus participaciones federales, específicamente del Fondo General de Participaciones (FGP) y el Fondo de Fomento Municipal (FFM). Este esquema considera créditos de hasta cinco años de plazo.
El proyecto prevé un techo global de 2 mil 378 millones de pesos, bajo la figura de una línea de crédito general que permitirá a los ayuntamientos negociar de manera directa con instituciones financieras, sin necesidad de nuevas aprobaciones legislativas por cada caso. Los recursos deberán destinarse a inversiones públicas productivas, incluidas obras de infraestructura, adquisición de maquinaria o equipo y vehículos para servicios públicos.
A diferencia del esquema del FAIS, este mecanismo permite afectaciones de participaciones de libre disposición, lo que implica un mayor riesgo financiero al comprometer ingresos regulares de los municipios. No obstante, el diputado asegura que el modelo “fortalecerá la capacidad de inversión local” y reducirá los tiempos burocráticos.
En la práctica, esta propuesta facilita el endeudamiento múltiple y simultáneo de los 59 ayuntamientos, en un contexto donde solo cuatro mantienen deudas de largo plazo.
El decreto prevé que los ayuntamientos formalicen sus créditos mediante procesos competitivos y que la Secretaría de Finanzas participe como mandataria y administradora de los recursos, a través de contratos de mandato o fideicomisos.
En la tabla de distribución, San Luis Potosí capital y Soledad de Graciano Sánchez concentran los montos más altos, con techos de 753.5 millones y 318.6 millones de pesos, respectivamente.
Según la exposición de motivos, la intención es “optimizar el uso de los recursos públicos y disminuir los tiempos de aprobación”, aunque en los hechos la medida centraliza en el Ejecutivo el control de las operaciones de crédito municipal y compromete participaciones federales futuras.
Aunque el texto cita los “niveles de endeudamiento sostenible” reconocidos por la Secretaría de Hacienda, no incluye límites sobre la proporción de ingresos comprometidos ni obligaciones de transparencia más allá del registro en los padrones federales y estatales de deuda.
Propuesta de modernización en la gestión administrativa
Finalmente, Arreola Mallol someterá una cuarta iniciativa enfocada en la “modernización de la administración pública municipal”, orientada a optimizar la planeación y evaluación de proyectos financiados con recursos federales y estatales bajo criterios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.
El documento plantea lineamientos de control interno, certificación de servidores públicos y homologación de criterios contables, con el argumento de “fortalecer la capacidad de gestión técnica de los ayuntamientos”.
Aunque la iniciativa retoma principios de gobernanza financiera, su efectividad depende de la voluntad política y capacidad técnica de los municipios, pues no prevé incentivos ni sanciones vinculantes para su cumplimiento.
