Fernanda Durán
Luego de que el Gobierno del Estado realizara la entrega de apoyos económicos en efectivo a adultos mayores y madres solteras en la capital potosina, a pesar de la prohibición expresa contenida en la legislación local, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, defendió la práctica y consideró que el Congreso del Estado debe revisar la normativa vigente para adecuarla a los nuevos esquemas de política social.
Durante una entrevista, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afirmó que la entrega directa de recursos no le parece irregular y existen marcos regulatorios en el país que permiten esa modalidad.
“Hay un marco regulatorio en el Estado mexicano para entregar programas sociales en efectivo, porque lo que persigue este tipo de esquemas de gobierno es ayudar a la economía familiar y yo no le veo nada irregular”, expresó.
Sin embargo, el artículo 12, fracción V, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí establece que “en los municipios con más de noventa mil habitantes o que cuenten con servicios bancarios, en ningún caso la entrega de recursos públicos de los programas sociales será en efectivo”.
San Luis Potosí capital, donde se realizó la entrega, cumple ambos supuestos.
Cuestionado al respecto, Gámez Macías reconoció que el tema requiere una revisión legislativa.
“Creo que hay que revisar la ley y realizar una modificación, porque ya lo realiza el propio Gobierno Federal, el gobierno estatal, algunos gobiernos municipales, e inclusive son prácticas internacionales reconocidas”, argumentó al aludir que en otros países como Estados Unidos también se otorgan apoyos de manera directa.
Aunque dijo desconocer si en todos los casos las entregas fueron en efectivo y que verificaría la información con la Secretaría de Finanzas, admitió que la situación le deja una tarea pendiente como legislador.
“Me llamas al análisis, al estudio legislativo, porque yo creo que los legisladores debemos ir acorde a las políticas que vive la sociedad”, afirmó.
El legislador insistió en que la política social debe evolucionar y que, si la entrega directa ya se realiza de manera común en diferentes niveles de gobierno, el Congreso debe legislar en consecuencia para dar certeza jurídica a la práctica.
“Si esta es una práctica cotidiana, pues hay que regularla”, concluyó.
