Astrolabio

Angélica Campillo

El diputado Rubén Guajardo Barrera espera que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, hagan un llamado para que no se retroceda y se fortalezca la seguridad en San Luis Potosí, especialmente en la zona Huasteca, donde han aumentado los hechos delictivos.

Guajardo Barrera apuntó que la localización de San Luis Potosí, al colindar con estados como Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz, vuelve compleja la situación de inseguridad y la política pública en materia de seguridad tiene que ser diferente.

“No es la misma estrategia que se va a implementar en la zona metropolitana, en el Altiplano, en la zona Media o en la zona Huasteca”, comentó.

De acuerdo con el legislador, es importante que el estado, en coordinación con la federación y los municipios puedan tener una misma agenda en materia de seguridad pública y no hacer menos esfuerzos.

A consideración de Guajardo Barrera, el Gobierno del Estado tendría que ver qué estrategias funcionan en materia de seguridad pública y cuales no, y lo que no funcione se está a tiempo de cambiarlo.

Asimismo, comentó que en este momento sería muy pronto hacer un corte de caja sobre el desempeño de la Guardia Civil, pero adelantó que durante las comparecencias que cada año realiza el Congreso del Estado, la seguridad va a ser uno de los grandes temas a tratar, debido a que se está al inicio de una administración estatal, así como de las administraciones municipales.

Según lo referido por el diputado, el Congreso ha ayudado al Gobierno del Estado a dotarlo de más presupuesto para seguridad pública, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además de que se han aprobado las reformas que el gobernador ha presentado como el cambio a la Guardia Civil, para que no existan justificaciones de que se obstruye el marco legal o los apoyos para que puedan operar de mejor forma, por lo que ahora toca a la administración estatal la ejecución de la política pública en materia de seguridad.

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