Por Victoriano Martínez
Los diputados de la LXII Legislatura se empeñan en aparentar que son muy respetuosos de las consultas que distintos ordenamientos los obligan a realizar, pero los hechos y sus actitudes son tan contundentes, que difícilmente se les puede tomar en serio tantos actos de simulación.
A los diputados no les alcanza la memoria para los pendientes generados desde que asumieron el cargo y no se dan cuenta de que sus asesores o fingen ignorancia o los engañan o efectivamente son ignorantes que no les son útiles. El caso es que como legisladores se exhiben expuestos a su incapacidad y falta de compromiso con las responsabilidades que protestaron cumplir.
Mucho se ha expuesto aquí sobre la forma en que, de manera criminal, han violentado derechos humanos gravemente con un procedimiento amañado para fingir intenciones de realizar una consulta indígena, y ahora es mención obligada dado que vuelven a dar cuenta de que eso de consultar a sectores involucrados, especialmente vulnerables, es algo que nomás no se les da.
En el caso de la Consulta Indígena violaron la Constitución y una ley específica que los obliga a realizarla. Desde el pasado 1 de marzo, dos artículos de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad quedaron sin validez por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haberse modificado sin consulta abierta a las personas con discapacidad.
A la fecha, después de que los diputados fueron incapaces de realizar las adecuaciones a esos dos artículos antes de que se hiciera efectiva su invalidez y a once días de que se duplique el plazo que tenían para promover los ajustes, la SCJN ha requerido a los legisladores acreditar que atendieron su resolución publicada desde el 3 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Las adecuaciones a las disposiciones de los dos artículos hoy ya inválidas requerían necesariamente de un proceso de consulta a las personas con discapacidad, lo que resulta obvio que no se dio y ante lo que no pueden argumentar que la contingencia por la pandemia se los impidió, porque el procedimiento debían concluirlo el 1 de marzo, 18 días ante de que suspendieron actividades.
Una más en la que se los comió el tiempo, y no porque existieran condicionas adversas que se los impidieran, sino porque estaban muy entretenidos en simular ser tan cumplidores con las personas con discapacidad, que desde el mes de octubre del año pasado anunciaron la consulta y luego vinieron desplantes para aparentar que le dan importancia al tema, que hasta hoy han sido huecos.
Hasta el pasado 28 de mayo, los diputados habían generado ocho iniciativas de reformas y hasta leyes que involucraban a las personas con discapacidad, pero ninguna que atendiera específicamente a la resolución de la SCJN publicada el 3 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Las diputadas Marite Hernández Correa y María del Consuelo Carmona Salas, junto con Catalina Torres Cuevas, presentaron el 31 de enero una iniciativa que fue turnada a comisiones el 6 de febrero, para expedir una nueva Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad que, de aprobarse, modificaría la situación de la sentencia de la Corte.
No obstante, en su exposición de motivos no es una situación que se plantee y si en cambio se menciona la sentencia como si se hubiera publicado en el Diario Oficial el 20 de enero de este año y no el 3 de septiembre de 2019. Una imprecisión que alargaría el plazo para cumplir la sentencia, pero que ni aun así se cumpliría a la fecha, que la Corte ya los requirió so pena de sanción.
El 28 de mayo, el diputado Pedro César Carrizales presentó una iniciativa de Ley de Consulta a Personas con Discapacidad que también menciona la resolución de la SCJN, pero no para atenderla y hacer las adecuaciones que garantizaran los derechos de las personas con discapacidad, sino para evitar una nueva omisión como la que dio origen a la invalidez del decreto 1033.
El pasado 6 de agosto, la Diputación Permanente dio entrada a otra iniciativa de Ley de Consulta Para las Personas con Discapacidad, presentada por el diputado Martín Juárez Córdova, junto con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa.
Generar iniciativas y pronunciamientos para verse muy interesados en consultar a distintos sectores de la población, especialmente los más vulnerables, es algo que de ninguna manera regatean los diputados. Les da buena imagen.
Lo que sí eluden es llevar a cabo en los hechos esas consultas, y no sólo lo demuestra el ejemplo más burdo y hasta criminal de la frustrada Consulta Indígena, que evadieron a pesar de que existe una Ley específica. La utilidad de la propuesta Ley de Consulta para Personas con Discapacidad ya la han ejemplificado con la referente a las Comunidades Indígenas.
Hoy tienen que demostrarle a la SCJN lo que han hecho para adecuar las disposiciones de la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad que dejaron de tener vigencia el 1 de marzo, para lo que tenían que consultar a ese grupo vulnerable –la razón que originó la invalidez– y, por más que tengan dos iniciativas de ley para consultarlos, difícilmente suplen la obligación incumplida.
