Antonio González Vázquez
Las Comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del Estado aprobaron la ratificación y reinstalación de José Armando Martínez Vázquez como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, quien en mayo de 2015 no fue ratificado por el entonces gobernador Fernando Toranzo Fernández. Tras cuatro años de litigio, Martínez Vázquez ganó un amparo que ordenó al ejecutivo y al legislativo su ratificación como magistrado.
La Gaceta Parlamentaria de la sesión legislativa a realizarse este jueves, contiene el dictamen de esas Comisiones Unidas cuyos integrantes votaron a favor de la iniciativa con proyecto de Decreto turnado por el gobernador, Juan Manuel Carreras López.
El pasado día 10 de septiembre el Primer Tribunal Colegiado de Noveno Distrito falló a favor de Martínez Vázquez y resolvió la insubsistencia de los criterios del gobernador Toranzo que negaron la ratificación del magistrado tras su primer período, lo que llevó a que en su lugar fuera nombrada Dora Irma Carrizales Gallegos.
Tras la resolución, en octubre pasado, el gobernador Carreras turnó al Congreso el Decreto para ratificar a Martínez Vázquez, mismo que ya fue aprobado en Comisiones y este jueves será votado por el pleno. Luego de que eso ocurra, deberá ser reinstalado como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.
El Dictamen concluye que: “Es de ratificarse y, se ratifica, en el cargo de Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al Licenciado José Armando Martínez Vázquez”.
Y el proyecto de Decreto aprobado confirma que: “se ratifica en el cargo de Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al Licenciado José Armando Martínez Vázquez, mismo que ocupará del trece de diciembre del dos mil dieciocho y, en su caso, hasta el plazo que señala el artículo 97 de la Constitución Política del Estado”.
En 2015, el entonces gobernador Fernando Toranzo propuso al Congreso la no ratificación de Martínez Vázquez por considerar que su desempeño no lo hacía merecedor de continuar en el cargo. En el juicio de amparo, se comprobó que el entonces mandatario estaba equivocado y que la evaluación realizada no tiene validez.
