Fernanda Durán
La sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado terminó convertida en un ejemplo claro de la dispersión legislativa que suele acompañar el cierre de año. Si bien el reglamento establece que las reuniones deben realizarse al menos una vez al mes y que la participación remota procede únicamente en situaciones excepcionales, la mayoría de los integrantes optaron por conectarse vía videollamada y no precisamente desde espacios institucionales.
El único diputado presente en la Sala Luis Donaldo Colosio fue el presidente de la comisión, Cuauhtli Badillo Moreno. Desde ahí condujo los trabajos mientras el resto de sus compañeros se enlazaba desde ubicaciones variadas: la vicepresidenta, Leticia Vázquez Hernández se conectó desde su vehículo en plena carretera; el secretario, Marco Gama Basarte, participó desde una oficina partidista; una de las vocales, Nancy Jeanine García intervino desde la calle; y otra legisladora, Aranzazu Puente Bustindui siguió la sesión desde la otra sede del Poder Legislativo donde simultáneamente se desarrollaba otra reunión legislativa sobre valores catastrales.
El propio presidente ironizó sobre la situación al asumir que tendría que encargarse tanto de la conducción como de la lectura de los puntos del orden del día.
El reglamento interno en su artículo 135 permite las reuniones no presenciales solo bajo supuestos extraordinarios como epidemias, fuerza mayor o acuerdo formal de la comisión, y obliga a mantener la transmisión de video activa.
“Artículo 135. Las comisiones y comités del Congreso del Estado deberán reunirse cuando menos una vez al mes, para tratar los asuntos que les sean turnados por la o el presidente de la Directiva en los periodos ordinarios, o por la o el presidente de la Diputación Permanente en los recesos del mismo.
En el supuesto de epidemias, peligro de invasión, caso fortuito o fuerza mayor en el país o en el Estado; o bien, cuando así lo acuerde la comisión, podrán celebrar reunión en forma no presencial, mediante video conferencia, trabajo a distancia, o medios virtuales análogos que permitan la comunicación simultánea, debiendo acordar los mecanismos y tiempos para recabar la firma autógrafa de dictamenes que se hayan aprobado, o de acuerdos adoptados.
En el caso de quienes participen en las reuniones en forma no presencial, deberán en lo posible, mantener la transmisión de video activa. Las fechas y horas de las reuniones se fijarán con apoyo de la Coordinación de Apoyo Técnico a Comisiones y Comités, para efectos de ordenar la agenda general y evitar la duplicación de reuniones en un mismo día y hora o bien en el uso de los espacios destinados para ello”.
Lo ocurrido evidenció una práctica normalizada: sesiones fragmentadas, sin condiciones técnicas uniformes y con diputados y diputadas que atienden múltiples compromisos de manera paralela y la coordinación institucional, pues las reglas contemplan evitar empalmar horarios de comisiones para garantizar el trabajo sustantivo de sus integrantes.
El primer asunto trató un exhorto dirigido al Ayuntamiento de San Luis Potosí y a los municipios donde opera la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), para que revisen la instalación y funcionamiento de los botones de pánico en zonas universitarias.
La propuesta retomó antecedentes periodísticos que documentan fallas recurrentes, vandalización y abandono de estos dispositivos, y planteó la necesidad de enlazarlos al C5 y acompañarlos con mejoras en el alumbrado público. Durante la discusión se corrigió la omisión del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que también alberga instalaciones universitarias.
El segundo punto consistió en un exhorto para que los 59 ayuntamientos, junto con las secretarías estatales de Seguridad y Salud, impulsen durante diciembre una campaña sobre la figura del conductor designado.
La intención es reforzar la prevención de siniestros viales ante el aumento del consumo de alcohol. Aunque se reconoció que los exhortos no generan obligaciones directas, las y los diputados plantearon crear mecanismos de seguimiento y pidieron que el propio Congreso comience a difundir información al respecto desde su área de comunicación social.
Pese a aprobar ambos dictámenes por unanimidad, la sesión dejó ver la fragilidad operativa de una comisión obligada por norma a sesionar con orden, presencia y coordinación institucional.
La dispersión de los legisladores, cada uno conectado desde su propio escenario, y el empalme con otras reuniones legislativas contradicen lo establecido por el artículo 135, que busca justamente evitar ese tipo de duplicidades.
