Fernanda Durán
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado impulsó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a transparentar qué unidades del transporte urbano cumplen con la ley y condicionar cualquier incremento tarifario al cumplimiento real de los estándares de calidad, luego del ajuste que elevó el pasaje a 13.50 pesos.
La propuesta, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, fue presentada en tribuna por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, quien sostuvo que el aumento no se ajusta al marco legal ni a las condiciones actuales del servicio.
Durante su intervención, Badillo sostuvo que el transporte público “no es simplemente un servicio, es el motor que mueve a nuestras familias, a nuestros trabajadores y a nuestra juventud”.
De igual forma, advirtió que el reciente ajuste a la tarifa no cumple con los parámetros legales, ya que “la Ley de Transporte Público es categórica: cualquier incremento debe ser estrictamente proporcional a la inflación”.
El legislador subrayó que el aumento se dio pese al rechazo de la ciudadanía, particularmente de jóvenes universitarios que expresaron su inconformidad mediante cartas dirigidas al Congreso.
“Es inaceptable que se pretenda cobrar más cuando todavía circulan unidades que exceden los 10 años de antigüedad, persiste la falta de botones de pánico y cámaras de seguridad”, afirmó, al señalar que estas herramientas son “vitales para la tranquilidad de las mujeres en nuestro estado”.
Asimismo, denunció que en zonas de alta demanda el hacinamiento pone en riesgo la seguridad vial, mientras que el sistema concesionado opera bajo esquemas que “ya no caben en el San Luis Potosí del futuro”.
En contraste, reconoció que el gobierno estatal ha avanzado con MetroRed, al que calificó como “un servicio moderno, eficiente y que prioriza el bienestar social”.
De acuerdo con el documento fue suscrito también por las diputadas y diputados Nancy Jeanine García Martínez, Carlos Artemio Arreola Mallol, Jessica Gabriela López Torres, Luis Emilio Rosas Montiel y José Roberto García Castillo.
En los antecedentes, se precisa que la SCT fijó el 15 de enero de 2026 la tarifa en 13.50 pesos, 11.50 con prepago y 6.00 pesos en tarifa preferencial. Sin embargo, el documento recuerda que, tras las protestas de 2013, se reformó la ley para que los aumentos se basaran exclusivamente en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Con una inflación anual de 3.69 por ciento al cierre de 2025, el ajuste legal debió ser de 46 centavos, situando la tarifa en 12.96 pesos. No obstante, colectivos y estudiantes —entre ellos la Federación Universitaria Potosina— denunciaron que el aumento real de un peso representa un alza del 8 por ciento, es decir, más del doble de lo permitido por la ley.
El documento también enumera deficiencias persistentes: Unidades con más de 10 años, falta de botones de pánico y cámaras, así como exceso de pasaje en horas pico.
Entre los puntos propuesto por los legisladores piden que la SCT:
- Entregue un padrón detallado de unidades que cumplen o incumplen con los estándares de calidad.
- Publique un padrón ciudadano, para que, si una unidad no cumple, los usuarios puedan pagar solo 12.50 pesos y denunciar cobros indebidos.
- Implemente campañas de fiscalización y sensibilización a concesionarios, con base en el modelo MetroRed.
Desde tribuna, Badillo remarcó que “unidad que no cumpla con los estándares de calidad, no debería gozar del beneficio del incremento” y que es momento de que “el beneficio de la duda esté del lado del usuario y no de la ineficiencia”.
