Fernanda Durán
El diputado presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, el panista Rubén Guajardo Barrera, afirmó que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para implementar exámenes de control y confianza a personas candidatas abre un debate relevante de cara a la reforma electoral, aunque el mecanismo planteado no es jurídicamente viable.
En entrevista, Guajardo Barrera señaló que ya se analiza el planteamiento, y que el objetivo de blindar los procesos electorales frente a posibles vínculos con la delincuencia es válido.
“Primero, creo que la idea no es mala; o sea, el poder garantizar que los que participen en un proceso electoral estén blindados de no tener algún vínculo con delincuencia, creo que ayudaría”.
No obstante, subrayó que la vía de los exámenes de control y confianza no puede aplicarse a quienes aspiran a cargos de elección popular, pues existe un criterio de la Suprema Corte que lo prohíbe.
“Hay una sentencia (…) donde establece que, para acceder a un cargo de servidor público, no pueden someterte a un examen de control de confianza. Esta es una medida preventiva por temas de seguridad pública”.
El legislador panista sostuvo que, aunque la propuesta del Ejecutivo no sería el camino correcto, sí coloca el tema en la agenda legislativa en un momento en el que se anticipa una reforma electoral rumbo a 2027.
“Esta no es la vía correcta, pero habría que explorar si existe o se puede analizar alguna otra vía”, dijo, al considerar que el debate debe enfocarse en encontrar mecanismos legales que permitan fortalecer los filtros sobre los perfiles que buscan competir en elecciones.
En contraste, la diputada priista Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, se pronunció a favor de la propuesta y que sí es viable implementar exámenes de control y confianza a nivel local como parte de los requisitos para candidaturas.
“Yo creo que es viable. Para nosotros sería muy importante, porque primero debemos de tener candidatos probados, no nada más de moral probada, sino, de hecho, de vida”, afirmó Rocha Medina, al señalar que su partido busca garantizar perfiles plenamente identificados y con trayectoria conocida.
La legisladora sostuvo que el PRI no admitiría candidatos ajenos a la vida pública o al propio partido, ni perfiles con posibles vínculos en asuntos que no correspondan a la actividad política.
“No podemos admitir que haya candidatos que tengan relación en otros asuntos que no tienen nada que ver con la política. Hoy por hoy necesitamos dignificar la política”, expresó, al asegurar que ese ha sido un criterio histórico dentro de su instituto político.
El debate forma parte de la discusión más amplia sobre una eventual reforma electoral en San Luis Potosí, reactivada tras el caso del alcalde de Venado, José Reyes, quien fue registrado y electo bajo una acción afirmativa de género luego de declararse mujer ante la autoridad electoral.
Aunque el procedimiento fue validado legalmente, el caso puso en evidencia vacíos normativos en la legislación sobre paridad de género.
En ese contexto, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona sostuvo que la reforma electoral no debe diseñarse a partir de casos particulares, pero sí enfocarse en fortalecer la revisión de los perfiles que buscan cargos públicos, con el objetivo de evitar que personas sin controles suficientes lleguen a gobernar municipios, planteando incluso la posibilidad de analizar mecanismos adicionales de evaluación.
